La Justicia boliviana dictó una orden de aprehensión contra el expresidente, acusado de liderar un alzamiento armado que dejó decenas de muertos y sumió al país en el caos. El caso reaviva el debate sobre la complicidad regional y el asilo político otorgado por el kirchnerismo durante el gobierno de Alberto Fernández.
El presidente Rodrigo Paz activó una medida extraordinaria para recuperar la circulación después de más de 50 días de protestas.
El gobierno de Rodrigo Paz impidió el ingreso de una delegación argentina que se presentaba como “misión humanitaria de derechos humanos”. Entre los expulsados había dirigentes del Partido Obrero, el FIT, gremios estatales y sectores kirchneristas.
La crisis boliviana ya provocó una fuerte tensión diplomática internacional luego de que el gobierno de Rodrigo Paz expulsara a la embajadora colombiana por las declaraciones de Gustavo Petro en apoyo a las protestas impulsadas por sectores ligados a Evo Morales. Mientras el país enfrenta violencia, bloqueos y desabastecimiento
Tras la orden de captura contra Evo Morales por no presentarse al juicio por presunta trata de personas, el aparato evista volvió a mostrar su verdadera naturaleza: bloqueos, violencia, desabastecimiento y presión callejera para condicionar a la justicia y quebrar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz.
La orden de captura contra Evo Morales por abuso de una menor y trata agravada vuelve a sacudir a la izquierda latinoamericana. El exmandatario boliviano se suma a una larga lista de líderes regionales atravesados por condenas, corrupción, autoritarismo o graves causas judiciales, entre ellos Cristina Kirchner, Lula da Silva, Nicolás Maduro y sectores ligados al kirchnerismo y al MAS boliviano.
Tras 40 años de inyecciones millonarias de dinero público español, Bolivia sigue sumida en la precariedad estructural. Mientras tanto, Pedro Sánchez redobla la apuesta financiando agendas de género y "saneamiento" que no se ven en las estadísticas de progreso
La escena se repite como un disco rayado: un líder de la izquierda latinoamericana que llegó al poder prometiendo "justicia social" y termina con toda su familia investigada por robarle al pueblo que juró defender. Esta vez le toca a la familia Arce, en Bolivia. Pero el guión ya lo conocemos de memoria.
Orden de arresto por tráfico de menores y abuso sexual. Se oculta en el Chapare, protegido por sindicatos de cocaleros. Niega los cargos y habla de "lawfare".
