Miles de españoles festejaron al grito de «Pedro Sánchez hijo de puta» y pidieron su renuncia
Un móvil televisivo fue interrumpido por manifestantes que comenzaron a exigir la dimisión del presidente del Gobierno de España.
Un móvil televisivo fue interrumpido por manifestantes que comenzaron a exigir la dimisión del presidente del Gobierno de España.
La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, por un delito de prevaricación administrativa relacionado con su contratación en la Diputación de Badajoz. También fueron condenados varios exfuncionarios socialistas, entre ellos el exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo. La sentencia aún puede ser apelada.
El juez abrió juicio oral contra Begoña Gómez y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales ante el juzgado.
El expresidente español negó ante la Justicia haber influido en el rescate de la aerolínea, mientras la investigación también alcanza el origen de joyas valuadas en más de 1,3 millones de euros halladas durante un registro policial
El Partido Socialista de Pedro Sánchez volvió a retroceder en una región que durante décadas fue uno de sus principales bastiones. El PP ganó las elecciones andaluzas, Vox quedó como actor clave para la gobernabilidad y el progresismo español empieza a pagar en las urnas años de desgaste, relato ideológico, crisis social y deterioro institucional.
En un nuevo despliegue de gasto ideológico, la AECID riega con fondos públicos a un instituto salvadoreño sin portal de transparencia. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez exporta su "agenda feminista" a golpe de talonario, los datos de criminalidad en España revelan el fracaso estrepitoso de sus políticas de protección interna.
El gobierno de Sánchez prohíbe el sobrevuelo de aviones aliados pero acepta tratos preferenciales de la dictadura islámica que financia a Hezbollah, los hutíes y milicias en todo Oriente MedioLo que durante años pareció impensable se ha consumado este lunes: España, miembro de la OTAN y supuesto aliado de Occidente, cerró por completo su espacio aéreo a cualquier aeronave vinculada a la operación "Furia Épica", la campaña militar liderada por Estados Unidos e Israel contra el régimen terrorista de Irán. La medida no solo prohíbe despegues desde las bases de Rota y Morón, sino que también impide el sobrevuelo de bombarderos estadounidenses procedentes de Reino Unido o Francia, complicando directamente las operaciones militares de sus propios aliados en plena guerra.
Al mismo tiempo, y esto es lo verdaderamente revelador, el gobierno de Pedro Sánchez recibe con los brazos abiertos un trato preferencial de parte de la dictadura islámica iraní, que anunció que facilitará el paso de embarcaciones españolas por el Estrecho de Ormuz. Es decir, Madrid le da la espalda a Washington y Jerusalén mientras acepta favores del mismo régimen que financia a Hezbollah, arma a los hutíes de Yemen, sostiene milicias terroristas en Irak y ha lanzado cientos de misiles contra civiles israelíes y bases con soldados estadounidenses.
Sánchez castiga a las democracias y premia a la teocracia
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, intentó justificar la medida este lunes en la Cadena SER asegurando que el cierre responde a "la decisión de España de no contribuir en una guerra que va contra el derecho internacional". Lo que no explicó es en qué parte del derecho internacional encaja que un país de la OTAN sabotee activamente las operaciones de sus aliados mientras cultiva una relación privilegiada con un Estado que la propia Unión Europea ha sancionado reiteradamente por su programa de misiles balísticos, su financiamiento del terrorismo y su brutal represión interna.
Un tren de Rodalies descarriló en Gelida (Barcelona) tras chocar contra un muro derrumbado sobre la vía: murió el maquinista y hubo 37 heridos, cinco de ellos graves. En la misma jornada se registró otro descarrilamiento en Girona sin víctimas. El episodio llega apenas 48 horas después del choque múltiple en Adamuz (Córdoba), que ya dejó 42 muertos y puso bajo escrutinio el estado de la infraestructura ferroviaria española.