Su defensa apunta contra el trámite judicial y legislativo, habla de testigos direccionados y vincula el trasfondo con investigaciones sensibles en la localidad santafesina de San Jorge.
Diego Gustavo Rodríguez y Barros, fiscal adjunto con más de tres décadas de trayectoria, fue suspendido por la Legislatura santafesina en medio de un proceso que su defensa califica como “infundado y falaz”. En la zona destacan su trabajo contra delitos complejos y crece la sospecha de que su presencia habría incomodado intereses políticos, judiciales y económicos.
