{"id":12922,"date":"2026-09-26T14:47:57","date_gmt":"2026-09-26T17:47:57","guid":{"rendered":"https:\/\/elliberador.com\/?p=12922"},"modified":"2026-09-26T15:06:20","modified_gmt":"2026-09-26T18:06:20","slug":"la-ruta-del-ahogo-la-gestion-de-nolasco-salazar-que-golpea-al-iapos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/2026\/09\/26\/la-ruta-del-ahogo-la-gestion-de-nolasco-salazar-que-golpea-al-iapos\/","title":{"rendered":"La ruta del ahogo: la gesti\u00f3n de Nolasco Salazar que golpea al IAPOS"},"content":{"rendered":"\n

Las acciones siempre terminan revelando la realidad. En el IAPOS<\/strong>, el relato oficial sobre eficiencia y modernizaci\u00f3n convive con d\u00e9ficits, reclamos por prestaciones, cobros indebidos de plus y afiliados que deben recurrir a la Justicia para obtener medicamentos o tratamientos.<\/p>\n\n\n\n

Al frente del organismo se encuentra Nolasco Arsenio Salazar<\/strong>, un funcionario que lleg\u00f3 a la obra social provincial despu\u00e9s de haber ocupado durante a\u00f1os la Gerencia General del Ente Administrador Puerto Rosario (ENAPRO)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Su recorrido por ambos organismos muestra una constante preocupante: estructuras estatales con recursos millonarios, afiliados sin libertad para elegir y una burocracia que dif\u00edcilmente asume las consecuencias de sus decisiones.<\/p>\n\n\n\n

El agujero del IAPOS y el ajuste sobre el afiliado<\/h2>\n\n\n\n

En mayo de 2024, el propio Salazar admiti\u00f3 que el IAPOS acumulaba un d\u00e9ficit de $8.000 millones<\/strong>. El funcionario explic\u00f3 entonces que una parte del rojo se originaba en deudas heredadas de 2023 y en el fuerte aumento de los costos m\u00e9dicos posterior a la devaluaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, m\u00e1s all\u00e1 del punto de partida, la gesti\u00f3n qued\u00f3 obligada a demostrar que pod\u00eda ordenar las cuentas sin trasladar el costo a quienes sostienen obligatoriamente la obra social con sus aportes.<\/p>\n\n\n\n

Los afiliados no solamente padecen el descuento mensual sobre sus salarios. Tambi\u00e9n deben afrontar \u00f3rdenes, bonos, coseguros, recortes en determinadas prestaciones y, en numerosos casos, el cobro indebido de un plus por parte de profesionales que alegan demoras o insuficiencias en los pagos del IAPOS.<\/p>\n\n\n\n

La conducci\u00f3n del organismo anunci\u00f3 herramientas digitales, reintegros y sanciones contra los m\u00e9dicos que cobran adicionales fuera de convenio. No obstante, la persistencia de las denuncias demuestra que el problema contin\u00faa afectando a empleados p\u00fablicos, docentes, jubilados y sus familias.<\/p>\n\n\n\n

A este escenario se sum\u00f3 el Decreto 1878\/2026<\/strong>, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro, que autoriz\u00f3 al IAPOS a transferir hasta $57.000 millones<\/strong> desde la Fuente 216 \u2014Servicios Complementarios\u2014 hacia la Fuente 201 \u2014Recursos Propios de libre disponibilidad\u2014.<\/p>\n\n\n\n

El dinero no fue enviado al Tesoro provincial, como afirmaron inicialmente algunos sectores de la oposici\u00f3n. Se trata de una reasignaci\u00f3n entre dos fuentes internas del propio IAPOS.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, la redacci\u00f3n del decreto sigue planteando interrogantes. La norma califica el movimiento como un \u201caporte excepcional\u201d<\/strong>, habilita la libre disponibilidad de los recursos y establece que ser\u00e1n devueltos cuando resulte factible y existan fondos suficientes, sin fijar una fecha concreta para su restituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La Casa Gris sostiene que se trata de una readecuaci\u00f3n contable habitual y que el dinero continuar\u00e1 dentro de la obra social para atender gastos prestacionales. Pero si el movimiento es tan rutinario e inocuo como afirma el Gobierno, deber\u00eda explicar p\u00fablicamente cu\u00e1l ser\u00e1 el destino detallado de cada partida y bajo qu\u00e9 condiciones se reintegrar\u00e1n los recursos.<\/p>\n\n\n\n

La Fuente 216 financia prestaciones adicionales que no se encuentran comprendidas en la cobertura universal obligatoria y que son solventadas mediante aportes complementarios de los afiliados. All\u00ed se incluyen servicios de sepelio, pr\u00f3tesis e implantes odontol\u00f3gicos, sillas de ruedas, camas ortop\u00e9dicas, andadores, aud\u00edfonos, pa\u00f1ales, internaciones geri\u00e1tricas, derivaciones a centros de alta complejidad, internaci\u00f3n domiciliaria y dispositivos para personas con diabetes, entre otras coberturas de elevado costo.<\/p>\n\n\n\n

La reasignaci\u00f3n no significa autom\u00e1ticamente que esas prestaciones hayan sido eliminadas. Pero resulta dif\u00edcil pedir tranquilidad a los afiliados cuando se habilita el uso de hasta $57.000 millones con una promesa de devoluci\u00f3n abierta y condicionada a una futura disponibilidad financiera.<\/p>\n\n\n\n

La decisi\u00f3n coincidi\u00f3, adem\u00e1s, con el fuerte despliegue presupuestario provincial alrededor de los Juegos Suramericanos. El decreto no establece ninguna relaci\u00f3n entre ambas cuestiones, pero la simultaneidad aliment\u00f3 sospechas que el Gobierno solo podr\u00e1 despejar con informaci\u00f3n completa y rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n\n\n\n

Afiliados obligados a recurrir a la Justicia<\/h2>\n\n\n\n

Los n\u00fameros adquieren otra dimensi\u00f3n cuando se observan las situaciones concretas atravesadas por los afiliados.<\/p>\n\n\n\n

Uno de los casos es el de Mariano F.<\/strong>, quien denunci\u00f3 que la obra social provincial dej\u00f3 de pagar desde marzo el geri\u00e1trico donde permanece internada su madre, una mujer con certificado de discapacidad, postrada y con demencia.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan relat\u00f3, un fallo judicial obtenido un a\u00f1o antes obligaba al IAPOS a cubrir la totalidad de la prestaci\u00f3n. Pese a ello, los pagos volvieron a interrumpirse y la familia debi\u00f3 asumir una deuda que no estaba en condiciones econ\u00f3micas de afrontar.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEstoy endeudado con amigos porque no puedo afrontar este gasto. No tenemos casa ni auto. Soy un simple comerciante y no puedo pagar un geri\u00e1trico\u201d, expres\u00f3 el afiliado. Tambi\u00e9n explic\u00f3 que la jubilaci\u00f3n de su madre se utiliza para pagar el alquiler de otro hijo de la mujer, quien tambi\u00e9n posee una discapacidad.<\/p>\n\n\n\n

Otro episodio involucr\u00f3 a un paciente con colitis ulcerosa cr\u00f3nica<\/strong> que permanec\u00eda internado en el Instituto Cardiovascular de Rosario mientras esperaba la provisi\u00f3n de Infliximab 500 mg.<\/p>\n\n\n\n

Ante la falta de cobertura del medicamento indicado, el afiliado present\u00f3 una acci\u00f3n de amparo. El IAPOS neg\u00f3 haber actuado arbitrariamente y sostuvo que hab\u00eda ofrecido otra alternativa terap\u00e9utica.<\/p>\n\n\n\n

El juez en lo Civil y Comercial Ezequiel Zabale<\/strong>, sin embargo, consider\u00f3 que no estaba suficientemente explicada la causa del rechazo y orden\u00f3 entregar el f\u00e1rmaco de acuerdo con la prescripci\u00f3n m\u00e9dica. En su resoluci\u00f3n remarc\u00f3 que \u201cquien determina el tratamiento es el paciente y su m\u00e9dico tratante\u201d<\/strong>, no la obra social.<\/p>\n\n\n\n

Estos casos no pueden reducirse a simples inconvenientes administrativos. Cuando una persona con discapacidad pierde la cobertura de un geri\u00e1trico o un paciente internado debe iniciar un amparo para recibir un medicamento, la burocracia deja de ser una molestia y se convierte en un riesgo directo para la salud.<\/p>\n\n\n\n

Los cuestionamientos por su paso por el ENAPRO<\/h2>\n\n\n\n

Antes de llegar al IAPOS, Salazar se desempe\u00f1\u00f3 como gerente general del ENAPRO<\/strong> y fue uno de los principales funcionarios durante la conducci\u00f3n de \u00c1ngel El\u00edas.<\/p>\n\n\n\n

Su paso por el organismo portuario tampoco estuvo exento de cuestionamientos. Tras el cambio de autoridades, una auditor\u00eda de la Sindicatura General de la Provincia puso bajo observaci\u00f3n la elevada estructura salarial del ente, la escasez de inversiones realizadas durante a\u00f1os y gastos vinculados con viajes corporativos.<\/p>\n\n\n\n

El informe revel\u00f3 que algunos cargos gerenciales cobraban remuneraciones superiores al salario del entonces gobernador Omar Perotti. Tambi\u00e9n consign\u00f3 que tres funcionarios hab\u00edan gastado alrededor de u$s150.000 en pasajes a\u00e9reos durante 2019<\/strong>, en un organismo que, pese a disponer de recursos considerables, arrastraba importantes necesidades de infraestructura.<\/p>\n\n\n\n

Las nuevas autoridades del ENAPRO tambi\u00e9n cuestionaron que Salazar hubiera sido incorporado a la planta permanente antes del cambio de gobierno. Posteriormente fue despedido con causa en medio de una controversia por la permanencia de remolcadores en un muelle sin contrato ni facturaci\u00f3n por el servicio, seg\u00fan explic\u00f3 en aquel momento la conducci\u00f3n del ente.<\/p>\n\n\n\n

Estos antecedentes no equivalen por s\u00ed mismos a una condena penal contra Salazar. Pero s\u00ed integran un historial administrativo que obliga a observar con mayor rigor su desempe\u00f1o al frente de una de las cajas sociales m\u00e1s importantes de Santa Fe.<\/p>\n\n\n\n

La puerta giratoria del Estado<\/h2>\n\n\n\n

El recorrido de Salazar desde el ENAPRO hasta el IAPOS expone una pr\u00e1ctica demasiado habitual en la pol\u00edtica provincial: funcionarios que pasan de un organismo p\u00fablico a otro sin que los cuestionamientos sobre sus gestiones anteriores representen un l\u00edmite para sus nuevas designaciones.<\/p>\n\n\n\n

Mientras tanto, los prestadores denuncian demoras, los profesionales trasladan sus reclamos mediante cobros indebidos y los afiliados quedan atrapados en una obra social a la que est\u00e1n obligados a aportar.<\/p>\n\n\n\n

Esa afiliaci\u00f3n compulsiva deber\u00eda imponer un nivel de responsabilidad todav\u00eda mayor. Cuando una persona puede elegir su cobertura, una mala prestaci\u00f3n tiene consecuencias para quien la administra: el cliente se marcha. En el IAPOS, en cambio, el afiliado no dispone de esa libertad. Contin\u00faa aportando aunque el servicio se deteriore y debe acudir a la Justicia cuando la administraci\u00f3n no responde.<\/p>\n\n\n\n

Por eso, lo ocurrido bajo la conducci\u00f3n de Salazar no puede presentarse como una sucesi\u00f3n de episodios aislados. Es la postal de un Estado que se muestra presente para cobrar aportes, manejar partidas y sostener estructuras burocr\u00e1ticas, pero que demasiadas veces desaparece cuando el ciudadano necesita una prestaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

No hacen falta m\u00e1s discursos sobre eficiencia ni nuevas excusas administrativas. Hace falta transparencia sobre los $57.000 millones, plazos concretos de devoluci\u00f3n, auditor\u00edas p\u00fablicas, cumplimiento inmediato de las decisiones judiciales y responsabilidad personal de los funcionarios.<\/p>\n\n\n\n

Porque mientras la burocracia conserva los cargos y administra las cajas, la cuenta contin\u00faa recayendo sobre los mismos de siempre: los trabajadores, los jubilados, sus familias y su salud<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

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El d\u00e9ficit reconocido por el propio director, la controvertida reasignaci\u00f3n de $57.000 millones, los reclamos judiciales por prestaciones y sus cuestionados antecedentes en el ENAPRO exponen una forma de administrar que deja al afiliado cautivo pagando las consecuencias.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12915,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"jetpack_seo_schema_type":"","_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[37],"tags":[20,2583,2699,2698,66],"class_list":["post-12922","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-investigacion","tag-destacados","tag-iapos","tag-nolasco-salazar","tag-salazar-nolasco","tag-santa-fe"],"acf":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/elliberador.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Salazar-Nolasco-Iapos.webp","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12922","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12922"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12922\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12930,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12922\/revisions\/12930"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12922"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12922"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12922"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}