{"id":2784,"date":"2025-07-09T18:23:35","date_gmt":"2025-07-09T21:23:35","guid":{"rendered":"https:\/\/elliberador.com\/?p=2784"},"modified":"2025-07-09T18:23:36","modified_gmt":"2025-07-09T21:23:36","slug":"cierre-de-vialidad-nacional-hacia-un-sistema-mas-justo-y-eficiente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/2025\/07\/09\/cierre-de-vialidad-nacional-hacia-un-sistema-mas-justo-y-eficiente\/","title":{"rendered":"Cierre de Vialidad Nacional: \u00bfhacia un sistema m\u00e1s justo y eficiente?"},"content":{"rendered":"\n

El Gobierno nacional argentino, a trav\u00e9s de su vocero Manuel Adorni, anunci\u00f3 el cierre definitivo de la Direcci\u00f3n Nacional de Vialidad (DNV)<\/strong> \u2013 el organismo estatal encargado de construir y mantener rutas \u2013 como parte de una reestructuraci\u00f3n profunda del sector. La medida, formalizada mediante el Decreto 461\/2025, incluye tambi\u00e9n la disoluci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional de Tr\u00e1nsito y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En lugar de estos entes, se concesionar\u00e1n 9.120 kil\u00f3metros de rutas<\/strong> a empresas privadas bajo nuevas normas y controles independientes. Seg\u00fan Adorni, esta decisi\u00f3n busca poner fin a d\u00e9cadas de derroche y corrupci\u00f3n en la obra p\u00fablica: \u201cLa corrupci\u00f3n en la obra p\u00fablica tiene su acta de defunci\u00f3n firmada<\/em>\u201d enfatiz\u00f3 el funcionario. A continuaci\u00f3n, analizamos las razones detr\u00e1s de esta dr\u00e1stica medida, el debate sobre qui\u00e9n debe financiar las rutas y la perspectiva liberal-libertaria que la sustenta, con referencias tanto a la realidad argentina como al pensamiento de la Escuela Austr\u00edaca.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQui\u00e9n debe pagar las rutas? El debate sobre la justicia del sistema<\/h2>\n\n\n\n

Una de las cuestiones de fondo es qu\u00e9 sistema de financiamiento vial resulta m\u00e1s justo<\/strong>. En el esquema tradicional, todas las personas contribuyen mediante impuestos<\/strong> a costear la construcci\u00f3n y mantenimiento de carreteras, incluso aquellas que jam\u00e1s las utilizan<\/strong>. Esto implica que muchos habitantes \u2013 que tal vez ni siquiera posean un autom\u00f3vil \u2013 subsidian rutas que benefician principalmente a quienes s\u00ed transitan por ellas, ya sean particulares con mayor poder adquisitivo o empresas de transporte y comercio. Los defensores de la reforma plantean que es m\u00e1s equitativo un modelo donde \u201cpaga el servicio quien lo usa\u201d<\/strong>, por ejemplo a trav\u00e9s de peajes o concesiones privadas<\/strong>, evitando cargar sobre toda la poblaci\u00f3n el costo de obras aprovechadas solo por algunos.<\/p>\n\n\n\n

Desde la \u00f3ptica liberal-libertaria, obligar a todos los contribuyentes a financiar bienes p\u00fablicos indiscriminadamente es cuestionable en t\u00e9rminos morales. El economista Hans-Hermann Hoppe<\/strong>, exponente de la Escuela Austr\u00edaca, critic\u00f3 la idea de que el Estado deba recurrir a la coacci\u00f3n<\/strong> para costear bienes o servicios bajo el argumento de un beneficio colectivo. Plante\u00f3 que, seg\u00fan la l\u00f3gica intervencionista, \u201csi se prueba que la producci\u00f3n de un bien tiene un efecto positivo en otros pero no se realizar\u00eda sin forzar a ciertos individuos a financiarla, entonces <\/em>se considera leg\u00edtimo usar violencia para obligarlos a compartir el costo<\/em><\/strong>\u201d<\/em>. En otras palabras, el criterio impl\u00edcito es que siempre que algo sea \u00fatil para alguien, se justificar\u00eda imponer su pago a terceros mediante impuestos. Los liberales refutan esta norma: sostienen que forzar a una persona a pagar por un servicio que no eligi\u00f3 ni aprovechar\u00e1 constituye una injusticia<\/strong>, rompiendo el principio de voluntariedad. Aplicado al caso de las rutas, la visi\u00f3n libertaria favorece que solo los usuarios carguen con los gastos viales<\/strong>, ya sea pagando peajes a empresas privadas o mediante esquemas de suscripci\u00f3n, tal como operar\u00eda en un \u201cmundo libertario\u201d donde las calles y autopistas no pertenecen al Estado sino a compa\u00f1\u00edas o cooperativas. De este modo, quien m\u00e1s usa una carretera m\u00e1s paga, y quien no la utiliza no es obligado a sostenerla.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfEs realmente m\u00e1s eficiente y justo el modelo de \u201cusuario-pagador\u201d?<\/strong> Sus partidarios argumentan que s\u00ed, pues alinea incentivos econ\u00f3micos claros: las empresas concesionarias buscar\u00e1n mantener las v\u00edas en buen estado para atraer clientes (conductores) y maximizar su ganancia, cobrando tarifas proporcionales al uso. Adem\u00e1s, el cobro directo a usuarios evitar\u00eda que se financien obras innecesarias o elefantes blancos en regiones de poco tr\u00e1nsito, ya que ninguna empresa invertir\u00eda donde no haya demanda suficiente. Tambi\u00e9n se eliminar\u00eda la \u201ctrampa del poliz\u00f3n\u201d<\/strong> (free rider) en la que algunos aprovechan bienes p\u00fablicos sin contribuir. En contraste, los cr\u00edticos advierten que tratar las rutas solo como negocios podr\u00eda descuidar regiones poco rentables pero socialmente importantes, encarecer el transporte para zonas alejadas o excluir a quienes no pueden pagar peajes elevados. De hecho, fil\u00f3sofos comunitaristas como Elizabeth Anderson se\u00f1alan que ciertos bienes p\u00fablicos (por ejemplo, caminos, parques, educaci\u00f3n b\u00e1sica<\/strong>) se proveen mejor de forma no excluyente y con criterios de solidaridad social, para no socavar la \u201cciudadan\u00eda fraternal\u201d<\/strong> y la equidad entre regiones. No obstante, desde la perspectiva libertaria dura, esas consideraciones no justifican el uso coercitivo de fondos: cualquier objetivo loable (interconexi\u00f3n federal, accesibilidad universal) deber\u00eda perseguirse sin violar los derechos de propiedad ni la libertad de elegir de los individuos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Corrupci\u00f3n y despilfarro en la obra p\u00fablica: el caso de Vialidad<\/h2>\n\n\n\n

M\u00e1s all\u00e1 del debate filos\u00f3fico, el diagn\u00f3stico sobre Vialidad Nacional en Argentina fue lapidario<\/strong> y sirvi\u00f3 de argumento central para su cierre. Durante a\u00f1os, este organismo fue se\u00f1alado como una \u201ccaja negra\u201d de fondos p\u00fablicos manejados discrecionalmente por el poder de turno, con ineficiencias operativas y hechos de corrupci\u00f3n resonantes. El Gobierno respald\u00f3 la decisi\u00f3n recordando el desenlace de la \u201cCausa Vialidad\u201d<\/strong>, un proceso judicial hist\u00f3rico que expuso graves irregularidades en la adjudicaci\u00f3n de obras viales. En esa causa, la ex presidenta Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner<\/strong> result\u00f3 condenada a 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n por fraude al Estado<\/em>, acusada de favorecer al empresario amigo L\u00e1zaro B\u00e1ez con contratos de rutas sobrevaluados en la provincia de Santa Cruz. Actualmente, la exmandataria cumple esa pena en r\u00e9gimen de prisi\u00f3n domiciliaria, y arrastra adem\u00e1s la inhabilitaci\u00f3n perpetua para ejercer cargos p\u00fablicos. Junto a ella fueron condenados otros ocho exfuncionarios y contratistas<\/strong> vinculados al esquema: el caso abarc\u00f3 51 licitaciones de rutas ama\u00f1adas<\/em>, con sobreprecios, obras inconclusas y pagos anticipados irregulares. Todos los implicados ya se encuentran cumpliendo sus respectivas penas \u2013 varios de ellos detenidos en c\u00e1rcel com\u00fan \u2013 incluyendo a L\u00e1zaro B\u00e1ez, Jos\u00e9 L\u00f3pez, Nelson Periotti<\/strong> (ex administrador de Vialidad) y otros seis imputados<\/strong> adem\u00e1s de Fern\u00e1ndez de Kirchner.<\/p>\n\n\n\n

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El Gobierno anunci\u00f3 la disoluci\u00f3n de Vialidad Nacional como parte de su plan de reforma del Estado. La medida apunta a reducir el gasto p\u00fablico, eliminar focos hist\u00f3ricos de corrupci\u00f3n y trasladar el mantenimiento de rutas al sector privado, bajo el principio liberal de que solo deben pagar quienes usan los servicios.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2786,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-2784","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica"],"acf":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/elliberador.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/dependencias-publicas-nacionales-sede-de-vialidad-SXNGWVOFPRGYBCOY6ECMRJ5COA.avif","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2784","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2784"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2784\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2787,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2784\/revisions\/2787"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2786"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2784"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2784"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elliberador.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2784"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}