Senador de Pullaro Oscar Dolzani vendió materiales de su corralón para obra pública en la ciudad de San Javier
Una nueva presentación ante el Ministerio Público de la Acusación pidió investigar si el senador por el departamento San Javier, Oscar Alfredo Dolzani, incurrió en un presunto conflicto de intereses a partir de una operatoria comercial entre el “Corralón Dolzani” y una de las empresas que integra la UTE a cargo de una obra hídrica financiada por la provincia.
La obra en cuestión es la “Defensa contra Inundaciones y Estabilización de Barrancas – Zona Este de la ciudad de San Javier”, un proyecto licitado como LPI N.º 01/2023 por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, con presupuesto oficial de $ 6.876.514.333,53 y plazo de 18 meses.
Qué se denuncia (y qué documentación se aportó)
Según la presentación, el “Corralón Dolzani” —que, de acuerdo a registros de ARCA, tendría como titular al legislador— habría vendido materiales y servicios a Obring S.A., firma integrante de la UTE que ejecuta la obra en el mismo departamento que representa el senador.
El eje es una operación documentada con:
- Factura A N.º 00010-00001490 y remito N.º 00010-31346571, ambos con fecha 27/01/2026, por $ 18.894.036,11.
Los denunciantes pidieron que Fiscalía verifique la veracidad de los comprobantes y, si corresponde, determine un encuadre penal o administrativo.
El punto sensible: “negociaciones incompatibles” y conflicto de intereses
La sospecha que plantea la denuncia se apoya en una idea simple: si un legislador termina operando comercialmente con empresas vinculadas a obras financiadas por el Estado en su propio territorio, se abre un terreno fértil para el conflicto de intereses, incluso aunque la transacción sea “entre privados”.
En ese marco, se mencionan dos figuras del Código Penal:
- Artículo 265 (negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas).
- Artículo 256 bis (tráfico de influencias).
Y, a nivel provincial, aparecen normas que apuntan al mismo corazón del problema: separar decisión pública de beneficio privado. La Ley 13.230 de Ética Pública establece deberes como priorizar el interés público por sobre el particular y no recibir beneficios personales indebidos; además fija incompatibilidades como ser proveedor del organismo donde se cumplen funciones o prestar servicios a proveedores del Estado cuando haya competencia funcional directa.
A su vez, la Constitución de Santa Fe fija incompatibilidades para diputados y senadores y agrega un punto clave: también resulta incompatible el cargo de legislador con la propiedad (individual o asociada) de empresas que gestionen servicios por cuenta de la Provincia o entidades públicas, o con funciones directivas/asesoras en empresas en iguales condiciones.
Qué medidas se pidieron para probar (o descartar) la hipótesis
La presentación solicitó medidas concretas: informes sobre operatoria comercial, antecedentes técnicos de la obra, pericias contables y técnicas, e información bancaria para reconstruir posibles transferencias y relaciones comerciales desde 2024 a la actualidad.
El descargo de Dolzani: “no le vendemos al Estado”
Tras la difusión pública del caso, Dolzani publicó un video donde admitió la existencia de la operación comercial, pero negó irregularidades: sostuvo que el corralón vende a empresas privadas, no al Estado, y que opera así desde 2013.
Ese punto no cierra el debate: una cosa es “no facturarle al Estado” y otra es venderle a quien ejecuta una obra financiada con fondos públicos en el territorio que el propio senador representa, con las responsabilidades de control y el peso político que eso implica. Eso es, precisamente, lo que ahora deberá delimitar el MPA.
Pullaro y la “obra pública” como bandera: ¿por qué saltan estos casos?
El dato político de fondo es inevitable: esto ocurre en una provincia donde el gobernador Pullaro exhibe la obra pública como caballo de batalla. Y cuando aparecen denuncias como esta —con facturas, remitos y nombres propios— se entiende mejor por qué, cada vez que se discute poner límites, “peronistas, socialistas y radicales” se alinean más de lo que admiten: el partido del Estado disfrazado de distintos colores.
Porque la lógica es siempre la misma: mientras exista una caja gigantesca administrada por el poder político, el incentivo a “estar de los dos lados del mostrador” nunca desaparece. Y el resultado lo paga el ciudadano común: obras más caras de lo que deberían, contrataciones opacas, y una provincia que termina viviendo a sobreprecio.
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