Un medio africano aseguró que la entidad cubre viajes y alojamiento, pero no paga premios de participación ni comparte la recaudación. La organización de los partidos rechazó las críticas logísticas y afirmó que los compromisos fueron cumplidos.
Nuevamente Juan Grabois complicado con la justicia
La jueza federal Jennifer Rochon rechazó las acusaciones de conspiración y la aplicación de la ley Antimafia planteadas por los inversores. El fallo de 81 páginas despeja el frente legal en Norteamérica y reabre el debate sobre la asimetría en la cobertura mediática del escándalo.
Fernando Palluchini, ex presidente de la constructora sanjuanina Mapal, declaró que su empresa llegó a acumular 200 días de atraso en el cobro de certificados de obra. Según su testimonio, le hicieron saber que para destrabar los pagos había que “poner lo que hay que poner”. Aseguró que nunca pagó y que la decisión llevó a la compañía al borde de la quiebra. Su relato volvió a exponer en el juicio por los Cuadernos las denuncias sobre el sistema de retornos que habría operado alrededor de la obra pública durante el kirchnerismo.
El máximo tribunal rechazó la demanda que había frenado el artículo 154 del DNU 70/23. Aunque no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo, el fallo volvió a dejar sin efecto los cupos y restricciones para la adquisición de campos por parte de extranjeros.
Christa Pike tenía apenas 18 años cuando participó del brutal asesinato de Colleen Slemmer en 1995. Fue condenada a muerte al año siguiente, pero una interminable sucesión de apelaciones, revisiones judiciales y suspensiones de las ejecuciones en Tennessee demoró tres décadas el cumplimiento de la sentencia. Su novio recibió perpetua y la tercera involucrada apenas seis años de libertad condicional.
Por unanimidad, la Cámara dejó sin efecto el sobreseimiento del adolescente de 14 años y sostuvo que la jueza no demostró ninguna incompatibilidad concreta entre la Ley 27.801 y la Constitución. Además, el Gobierno porteño la denunció por mal desempeño y pidió avanzar hacia un jury.
Laura De Marinis cuestionó la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en una causa por el intento de robo de un celular en la ciudad de Buenos Aires. Bullrich criticó la decisión y Jorge Macri anunció que pedirá el juicio político de la magistrada.
El juez Daniel Rafecas dictó los procesamientos por el atentado de 1994 y ordenó embargos preventivos de u$s500 M para cada acusado. La resolución permite que la causa siga adelante pese a que los imputados permanecen fuera del alcance de la Justicia argentina.
Una cautelar dejó sin efecto los nuevos cuadros tarifarios aplicados por cuatro distribuidoras bonaerenses. Las diferencias ya facturadas deberán acreditarse a favor de los usuarios.
Dos pedidos de careo aumentaron la tensión en el juicio. Los planteos apuntan a confrontar testimonios contradictorios y poner a prueba las declaraciones de quienes colaboraron con la Justicia.
El Tribunal Oral Federal N° 5 confirmó las fechas para los juicios de las causas Los Sauces y Hotesur. El líder de La Cámpora debutará en el banquillo de los acusados el próximo 23 de octubre por asociación ilícita, mientras que en marzo de 2027 enfrentará el segundo proceso. Mientras el fanatismo los pide como candidatos, la Justicia expone el obsceno mecanismo con el que saquearon al Estado.
La Cámara de Lomas de Zamora revocó la cautelar que suspendía durante 60 días la aplicación de la norma en la provincia de Buenos Aires. Los libertarios celebraron la resolución y reclamaron al gobernador que garantice los recursos necesarios para poner en funcionamiento el nuevo sistema.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo de la expresidenta contra los embargos preventivos sobre bienes vinculados a Hotesur y Los Sauces. Entre los inmuebles alcanzados está San José 1111, donde cumple su condena por la causa Vialidad. La Justicia avanza así con el proceso destinado a garantizar un decomiso que supera los $684.990 millones.
Tras 15 años de trámite, el TOF 5 responsabilizó a José López, Abel Fatala y los hermanos Schoklender por administración fraudulenta. Las sanciones no implicarán cárcel efectiva por esta causa y se ordenó decomisar más de $206 millones.
