Hotesur y Los Sauces: Cristina y Máximo Kirchner vuelven al banquillo y deberán responder por el origen de su fortuna
La presidiaria expresidente y su hijo enfrentan desde este viernes un juicio oral por presunto lavado de activos y asociación ilícita. La investigación apunta a los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia y a los pagos realizados por empresarios vinculados a contratos estatales. Máximo Kirchner, que por primera vez afronta un juicio oral, vuelve a quedar bajo la lupa por un patrimonio que despierta interrogantes políticos sobre el origen y la evolución de la riqueza familiar.
El kirchnerismo vuelve a sentarse frente a un tribunal. Este viernes, a las 10, comienza en los tribunales federales de Comodoro Py el juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, un expediente que busca determinar si la familia de Cristina Fernández de Kirchner utilizó sus negocios hoteleros e inmobiliarios para canalizar fondos de origen ilícito provenientes de empresarios beneficiados durante sus gobiernos.
La expresidenta y su hijo, el estatal Máximo Kirchner, figuran entre los principales acusados. Para Cristina será un nuevo capítulo de su extenso recorrido judicial por causas de corrupción; para Máximo, será la primera vez que deba enfrentar un juicio oral en el banquillo de los acusados.
El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 5, después de que la Cámara Federal de Casación Penal ordenara unificar ambos expedientes. La audiencia inicial se realizará con participación remota de los imputados durante la lectura de las acusaciones, aunque el debate continuará bajo la modalidad presencial.
Hoteles, alquileres y empresarios: el circuito que investiga la Justicia
La hipótesis de la fiscalía es contundente: entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se habría montado un mecanismo para introducir dinero de origen ilícito en el patrimonio familiar mediante operaciones comerciales con empresarios vinculados al Estado.
En la causa Los Sauces, Cristina Kirchner está acusada de asociación ilícita como presunta jefa y de lavado de activos. Máximo Kirchner, por su parte, está acusado de haber organizado esa asociación y de lavado de dinero. En Hotesur, ambos enfrentan cargos por presunto lavado de activos.
Uno de los principales protagonistas de la investigación es Lázaro Báez, empresario de la construcción que recibió contratos de obra pública durante el kirchnerismo. Según la acusación, sus empresas pagaron más de $40 millones entre 2008 y 2013 a la familia Kirchner, directamente o mediante sociedades controladas por ella, por operaciones vinculadas con hoteles y propiedades. Hoy Lázaro Báez cuenta con mas de 470mil hectáreas, habiendo iniciado como trabajador bancario
La firma Valle Mitre, vinculada a Báez, administró establecimientos como el hotel Alto Calafate y Las Dunas. Según los fiscales, se habrían pagado más de $28 millones a Hotesur entre 2008 y 2015 por habitaciones y servicios que no se corresponderían con una utilización real. La Justicia deberá determinar si esas operaciones fueron negocios legítimos o si funcionaron como una vía para devolver fondos al patrimonio familiar.
El expediente también alcanza a Cristóbal López y Fabián De Sousa, titulares del Grupo Indalo. La acusación sostiene que la familia Kirchner recibió más de $19 millones por negocios inmobiliarios, principalmente alquileres de departamentos en Puerto Madero. En este tramo, los investigadores vinculan las operaciones con la causa Oil Combustibles, en la que se investigó la retención de más de $8.000 millones correspondientes al impuesto a los combustibles.
Máximo Kirchner y su patrimonio
La primera participación de Máximo Kirchner en un juicio oral vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que la política argentina arrastra desde hace años: ¿cómo se construyó la fortuna de la familia Kirchner y qué relación tuvo con los negocios realizados durante su paso por el poder?
La discusión refiere a cómo puede tener 11 millones de dólares de patrimonio alguien nunca trabajó en el sector privado y solo ocupó cargos políticos.
Los fiscales identificaron distintas fuentes de financiamiento para las adquisiciones, entre ellas operaciones con empresas de Báez, compraventas de tierras fiscales en Santa Cruz y créditos del Banco de Santa Cruz. El tribunal deberá evaluar la documentación y determinar si esas operaciones tuvieron una explicación económica legítima o integraron un esquema de lavado.
La pregunta política sigue siendo válida: ¿de dónde salió cada peso y cómo evolucionó el patrimonio familiar durante los años en que los Kirchner controlaron el Poder Ejecutivo? La respuesta debe surgir de pruebas verificables, no de suposiciones ni de la defensa automática de los dirigentes.
Una causa que acumula años de demoras
Las denuncias que dieron origen a las investigaciones fueron presentadas por la exdiputada Margarita Stolbizer. Hotesur comenzó a investigarse en 2014 y Los Sauces, en 2016.
En noviembre de 2021, el Tribunal Oral Federal N.º 5 sobreseyó a los acusados sin realizar el juicio. Esa decisión fue revocada en septiembre de 2023 y, en diciembre de 2024, la Corte Suprema dejó firme la obligación de llevar adelante el debate oral.
La reciente decisión de Casación de unificar los expedientes volvió a modificar la organización del proceso, luego de que el tribunal de primera instancia dispusiera separarlos en septiembre de este año.
Además de Cristina y Máximo Kirchner, están acusados Lázaro Báez, Martín Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa y otros empresarios, profesionales y allegados. Florencia Kirchner quedó fuera del proceso tras un sobreseimiento firme.
El juicio que el kirchnerismo ya no puede esquivar
Para una parte importante de la oposición, Hotesur y Los Sauces representan una pieza central para comprender cómo se relacionaron el poder político, los contratos estatales y los negocios privados durante los gobiernos kirchneristas. Las acusaciones alimentaron durante años la sospecha de que empresarios beneficiados por decisiones públicas terminaron realizando pagos que favorecieron a la familia presidencial.
Después de años de expedientes, recursos y postergaciones, llegó el momento de que las acusaciones se confronten con las pruebas. Y de que el origen de una fortuna construida alrededor de una de las familias más poderosas de la política argentina deje de ser solamente una discusión pública para convertirse, finalmente, en una cuestión que el tribunal deberá resolver.
