El espacio libertario reclama conocer quiénes utilizan los teléfonos pagados con fondos públicos y bajo qué condiciones fueron asignados. Asegura que el Ejecutivo solamente identificó a tres de los 21 destinatarios de los nuevos equipos.
La Ley Provincial 7797 establece que la empresa debe abonar ese porcentaje a municipios y comunas. Sin embargo, el recargo aparece en las facturas y queda a cargo de los usuarios.
Ernesto “Cañito” Flores pidió licencia después de que un colaborador suyo fuera detenido en la causa que investiga una presunta red de explotación sexual infantil. El PJ cordobés intenta contener el costo político de un caso que vuelve a poner sobre la mesa antecedentes como Alperovich, Constantino, Orellana y Espinoza.
El terreno, ubicado en barrio Villa Felisa de la ciudad de San Lorenzo, pertenece a la cooperadora de la escuela rosarina. El convenio entrega su administración al Ministerio de Educación provincial, compromete una inversión superior a $834 millones y dificulta su recuperación anticipada. Aunque el intendente Leonardo Raimundo no aparece como firmante, su gobierno lleva años interviniendo sobre un inmueble del que el municipio ya obtuvo terrenos para abrir calles.
Sebastián Spies aseguró que el municipio arrastra una deuda cercana a los $1.000 M con la Caja de Jubilaciones, paga horas extras en cuotas y oculta información sobre el uso de los recursos públicos. Además, denunció la desaparición de 40 decretos oficiales y cuestionó aumentos salariales otorgados por decreto a funcionarios políticos.
Un relevamiento difundido tras el torneo identificó millones de publicaciones críticas contra el país y la Selección. Personalidades internacionales amplificaron acusaciones de racismo y supuesto favoritismo arbitral, aunque no existen pruebas públicas concluyentes de una coordinación centralizada.
La investigación iniciada en 2020 reveló un entramado integrado por empresarios, fiscales, empleados judiciales y dirigentes políticos. Las condenas contra la denominada “pata judicial” confirmaron la existencia de un sistema de sobornos y protección institucional, mientras la situación procesal del senador Armando Traferri continúa en disputa.
Una denuncia presentada ante la PROCELAC sostiene que Bioceres SA habría captado fondos mientras transfería activos hacia otras sociedades del grupo. La investigación también reabre el debate sobre los millonarios recursos públicos que recibió la empresa durante las gestiones de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Omar Perotti.
Al igual que IDM, Pelco es otra empresa de residuos peligrosos que acumula cientos de denuncias por contaminación, incendios, enterramientos de residuos peligrosos ilegal y problemas de salud.
Jorge Aragón, socio minoritario de la industria sanlorencina, acusó a los nuevos dueños de intentar vaciar la planta tras una operación millonaria. También habló de cavas clandestinas, pasivos ambientales y maniobras nocturnas con residuos industriales.
La reforma judicial santafesina abre un fuerte debate institucional. La modernización de la Justicia es una necesidad, pero los mecanismos elegidos por el Ejecutivo provincial despiertan serios interrogantes sobre la independencia del Poder Judicial y el respeto por la división de poderes.
El Gobierno de Pullaro colocó medidores de velocidad en rutas nacionales sin autorización de Nación.
Mientras se filtran videos con presuntos fajos de dólares en la residencia del exintendente Martín Insaurralde, la causa por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos pone el foco en Priscila Ferrante. La Justicia investiga si el inmenso patrimonio registrado a nombre de la joven funcionaba como una estructura para ocultar fondos de origen ilícito.
Los registros muestran importantes sumas de dinero en efectivo dentro de la vivienda de San Vicente donde vivía el exintendente de Lomas de Zamora. El material podría sumar un nuevo capítulo a la causa judicial.
El hombre había competido en 2023 por una lista alineada con el gobernador Osvaldo Jaldo. La Justicia investiga si era el propietario de la Toyota Hilux donde hallaron 449 paquetes de droga valuados en más de $10.300 millones.
