Juego clandestino, poder político y protección judicial: radiografía de una trama que sacudió a Santa Fe

A mediados de 2020, en plena pandemia, la provincia de Santa Fe quedó atravesada por uno de los mayores escándalos institucionales de su historia reciente: la investigación sobre una red de casinos clandestinos y apuestas ilegales que habría operado durante años gracias a un sistema de protección política, judicial y policial, financiado mediante sobornos.

La pregunta que cae de maduro es: ¿cómo pudo establecerse y mantenerse semejante estructura sin que intervinieran los principales organismos políticos y judiciales de la provincia?

La respuesta comenzó a surgir de allanamientos, escuchas telefónicas, análisis de dispositivos celulares y declaraciones de imputados colaboradores. La investigación describió un esquema organizado, con funciones distribuidas y presencia en distintos puntos del territorio santafesino.

El dinero producido por las salas ilegales habría sido utilizado para financiar un circuito de coimas destinado a garantizar que determinadas investigaciones fueran desviadas, demoradas o directamente archivadas.

En aquel momento, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) todavía formaba parte de la estructura del Poder Judicial provincial y no había alcanzado la configuración institucional que posee actualmente.

Leonardo Peiti, el financista del entramado

El principal empresario investigado fue Leonardo Peiti, identificado en la causa como el capitalista y operador de una red de apuestas clandestinas que funcionaba en Rosario, Rafaela, Melincué y otras localidades.

Según la acusación, Peiti aportaba los fondos utilizados para pagar retornos mensuales en dólares a integrantes del sistema judicial y, presuntamente, para financiar estructuras políticas a cambio de protección territorial e institucional.

El empresario llegó a un acuerdo de juicio abreviado y declaró como imputado colaborador. Como parte de ese acuerdo, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional y al pago de una multa de u$s536.000.

Sus declaraciones fueron fundamentales para reconstruir reuniones, pagos y contactos con funcionarios judiciales y dirigentes políticos.

Peiti describió el funcionamiento de un sistema dirigido a garantizarle cobertura frente a investigaciones penales y operativos policiales, mientras intentaba posicionarse dentro del negocio de las apuestas online.

El blindaje desde el Ministerio Público de la Acusación

La denominada “pata judicial” habría tenido como objetivo evitar que los procedimientos policiales y las investigaciones penales alcanzaran las salas de juego protegidas.

Los fiscales señalaron que las maniobras incluían:

• La filtración de información sobre allanamientos.
• El desvío o archivo de investigaciones.
• La negativa a autorizar determinadas medidas.
• La comunicación anticipada de operativos.
• El cobro de sobornos mensuales en dólares.

La investigación colocó en el centro de la estructura al entonces fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, y al fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad.

Patricio Serjal: la máxima autoridad fiscal de Rosario

Patricio Serjal se desempeñaba como fiscal regional de la Segunda Circunscripción, con sede en Rosario. Se trataba del cargo de mayor jerarquía y conducción dentro del MPA regional.

Según la acusación que finalmente derivó en su condena, Serjal utilizó su poder institucional para asegurar que determinadas causas relacionadas con las apuestas clandestinas no avanzaran.

Una de las herramientas señaladas durante la investigación fue la creación de una oficina encargada de centralizar información sobre allanamientos. Los fiscales debían comunicar datos sensibles vinculados con las causas, las personas investigadas, los objetivos de las medidas, las direcciones y los horarios previstos.

De acuerdo con la hipótesis acusatoria, esa concentración de información permitió detectar procedimientos que podían afectar a los operadores del juego ilegal y facilitar la filtración de datos.

En noviembre de 2025, un tribunal condenó a Patricio Serjal a nueve años de prisión efectiva y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al considerarlo organizador de una asociación ilícita vinculada con el juego clandestino.

El fallo también lo declaró responsable de delitos como cohecho pasivo agravado, falsedad ideológica, omisión de persecución y peculado de servicios. La sentencia puede ser revisada en instancias superiores, pero representó una confirmación judicial de la existencia de una estructura de corrupción dentro del MPA.

Gustavo Ponce Asahad, intermediario y recaudador

El fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad fue señalado como el intermediario operativo entre el empresario Leonardo Peiti y la conducción regional del Ministerio Público de la Acusación.

Según la investigación, era quien mantenía reuniones con Peiti o con personas de su confianza, recibía el dinero en efectivo y lo distribuía dentro de la estructura de protección.

También tuvo bajo su órbita la oficina que recibía información sobre allanamientos. Esa dependencia, que formalmente buscaba coordinar las medidas judiciales, habría sido utilizada para conocer anticipadamente las investigaciones y evitar que los procedimientos afectaran a quienes pagaban por protección.

Ponce Asahad fue destituido y posteriormente condenado mediante un juicio abreviado. En calidad de imputado colaborador, declaró sobre el funcionamiento del esquema y mencionó la existencia de una “pata política” vinculada con el senador provincial Armando Traferri.

Sus manifestaciones fueron utilizadas por los fiscales para ampliar la investigación y solicitar el desafuero del legislador.

Armando Traferri y la construcción de poder en el Senado

Armando “Pipi” Traferri comenzó su carrera política como concejal de San Lorenzo entre 1989 y 1991. Posteriormente fue intendente de la ciudad durante aproximadamente una década y, en 2003, llegó al Senado provincial como representante del departamento San Lorenzo.

A lo largo de sucesivos mandatos consolidó una estructura territorial con fuerte influencia en el cordón industrial santafesino, una región estratégica por su actividad portuaria, comercial y exportadora.

Traferri se convirtió en uno de los dirigentes con mayor permanencia y capacidad de negociación dentro de la Cámara alta. Su espacio interno, denominado Nuevo Espacio Santafesino, adquirió peso dentro del Partido Justicialista provincial.

También participó del proceso de unidad peronista que llevó a Omar Perotti a la Gobernación en 2019 y respaldó la candidatura de Alejandra Rodenas a la Vicegobernación.

Sin embargo, la relación con el gobierno de Perotti comenzó a deteriorarse, especialmente por las diferencias en materia de seguridad y por el enfrentamiento político que Traferri mantuvo con el entonces ministro Marcelo Sain.

El quiebre definitivo llegó con la investigación por el juego clandestino.

La aparición de la “pata política”

Declaraciones de imputados y testigos colocaron a Traferri como supuesto articulador político de una parte de la organización investigada.

El senador negó siempre las acusaciones y sostuvo que se trataba de una persecución política relacionada con su enfrentamiento con Marcelo Sain y otros sectores del gobierno provincial.

Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra solicitaron avanzar contra el legislador. Sin embargo, el Senado santafesino rechazó inicialmente quitarle la inmunidad parlamentaria.

El conflicto por los fueros se transformó así en uno de los debates institucionales más importantes de la provincia.

Durante años, Traferri no pudo ser sometido al mismo procedimiento que los demás acusados debido a la interpretación vigente sobre el alcance de sus inmunidades legislativas.

La situación generaba una particularidad adicional: el senador integraba la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, órgano encargado de intervenir en la designación, sanción y remoción de fiscales.

De ese modo, uno de los dirigentes investigados por integrantes del MPA participaba, al mismo tiempo, del organismo político con atribuciones disciplinarias sobre esos funcionarios.

El cambio de escenario judicial

Después de distintos pronunciamientos judiciales y políticos, Traferri modificó su estrategia y aceptó presentarse ante la Justicia bajo determinadas condiciones.

En 2024 fue formalmente imputado por delitos vinculados con una presunta asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho, peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

La imputación no equivale a una condena. Las responsabilidades del senador deberán resolverse mediante el correspondiente proceso judicial, con respeto por las garantías constitucionales y el derecho de defensa.

La Fiscalía sostiene que Traferri integró la estructura política que brindaba cobertura al negocio clandestino. Su defensa rechaza esa interpretación y cuestiona tanto la validez de las declaraciones de los imputados colaboradores como la actuación de los fiscales originales.

Las condenas contra Serjal y otros integrantes de la denominada pata judicial agravaron el escenario procesal, porque los jueces dieron por acreditada la existencia de una organización que protegía el negocio del juego ilegal.

Sin embargo, la eventual responsabilidad penal del senador todavía debe ser determinada de manera individual en un juicio.

Cómo comenzó la investigación

La causa se inició a mediados de 2020, a partir de allanamientos y escuchas telefónicas producidas en investigaciones vinculadas con extorsiones y homicidios relacionados con organizaciones criminales de Rosario.

Al peritar los teléfonos secuestrados, los investigadores detectaron información que permitió avanzar sobre una estructura provincial de salas clandestinas y apuestas electrónicas.

Las evidencias incluyeron:

• Conversaciones telefónicas.
• Mensajes codificados.
• Cruces de antenas.
• Registros de reuniones.
• Pagos en dólares.
• Información sobre allanamientos.
• Documentación relacionada con la explotación de apuestas ilegales.

Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, entonces integrantes de la Agencia de Criminalidad Organizada, encabezaron las primeras imputaciones contra funcionarios del Ministerio Público de la Acusación.

Se realizaron procedimientos en Rosario, Rafaela, Melincué y otras localidades, donde fueron secuestrados dispositivos electrónicos, documentación y elementos vinculados con las salas de apuestas.

Las declaraciones de Peiti

El testimonio de Leonardo Peiti fue determinante para profundizar la causa.

El empresario detalló cómo funcionaban los pagos de sobornos y explicó los acuerdos que habría establecido para conseguir protección política y judicial.

También declaró sobre presuntas entregas de dinero destinadas a legisladores provinciales. Esas afirmaciones forman parte de la investigación y deben ser evaluadas dentro del proceso, ya que no todas derivaron hasta el momento en condenas judiciales.

El acuerdo abreviado firmado por Peiti contempló la reducción de la pena a cambio de su colaboración. Su defensa entregó inmuebles y dinero para cubrir la multa económica impuesta.

El abogado de Traferri cuestionó la utilización de la figura del imputado colaborador en Santa Fe, aunque esa objeción no impidió que las declaraciones fueran incorporadas al expediente.

La declaración de Ponce Asahad

Después de quedar involucrado en la causa, Gustavo Ponce Asahad también prestó declaración y aportó información sobre reuniones que habría mantenido con Traferri.

A partir de esa presentación, los fiscales solicitaron retirar la inmunidad parlamentaria del senador.

La Cámara alta consideró inicialmente que las pruebas no eran suficientes para habilitar el desafuero. La decisión generó acusaciones de protección corporativa y abrió un extenso conflicto constitucional sobre la posibilidad de imputar a un legislador sin detenerlo.

Los fiscales plantearon la inconstitucionalidad de los artículos del Código Procesal Penal que regulaban la actuación judicial frente a funcionarios con fueros.

Después de decisiones contrapuestas, el expediente llegó a instancias superiores. La discusión se concentró en determinar si la inmunidad impedía únicamente la detención o si también bloqueaba la celebración de una audiencia imputativa.

Las condenas contra la estructura judicial

La investigación produjo condenas contra varios de los involucrados.

Patricio Serjal recibió una pena de nueve años de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Nelson Ugolini, exempleado del MPA y colaborador de Ponce Asahad, fue condenado a cinco años de prisión y a diez años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Gustavo Ponce Asahad y Leonardo Peiti aceptaron acuerdos abreviados y declararon como imputados colaboradores.

Las resoluciones judiciales confirmaron la existencia de una asociación ilícita que obtenía dinero del juego clandestino y utilizaba parte de esos fondos para conseguir protección dentro del Ministerio Público de la Acusación.

El tribunal que condenó a Serjal consideró probado que el exfiscal regional recibía sobornos mensuales a cambio de omitir investigaciones y filtrar información.

El investigado y el poder disciplinario sobre los fiscales

Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la integración de Traferri a la Comisión de Acuerdos, que posee facultades para evaluar la conducta de fiscales y otros funcionarios judiciales.

Esta situación dio origen a una definición que resume el conflicto institucional:

El investigado tiene poder para intervenir en la destitución de sus investigadores

El fiscal Matías Edery fue sometido posteriormente a un procedimiento disciplinario, recibió una suspensión y quedó imputado en otra causa penal.

Por su parte, Luis Schiappa Pietra fue desplazado de la unidad dedicada a investigar delitos complejos.

Estos acontecimientos alimentaron las sospechas políticas sobre la utilización de los mecanismos disciplinarios para condicionar a fiscales que investigan estructuras de poder.

Sin embargo, para sostener que esas decisiones fueron represalias directas es necesario demostrar documentalmente la relación entre las investigaciones, las sanciones y la actuación concreta de los legisladores.

Una crisis que reconfiguró el MPA

El escándalo produjo fuertes internas dentro del Ministerio Público de la Acusación y derivó en cambios en los sistemas de control, auditoría y distribución de competencias.

La reforma de la Ley Provincial 13.013 fortaleció las atribuciones de la Fiscalía General y redujo parte de la autonomía que anteriormente poseían los fiscales regionales.

Quienes defienden la reforma sostienen que la centralización permite mejorar los controles y evitar que una autoridad regional vuelva a construir una estructura como la investigada en Rosario.

Sus críticos, en cambio, advierten que la concentración del poder también puede facilitar el disciplinamiento político de los fiscales y limitar su independencia para investigar a funcionarios.

El desafío consiste en evitar los dos extremos: la ausencia de controles internos y la subordinación de los fiscales al poder político.

El vínculo entre juego clandestino y crimen organizado

La investigación inicial surgió de causas vinculadas con extorsiones y homicidios atribuidos a grupos criminales de Rosario.

Esto puso en evidencia la posible conexión entre el juego clandestino, el lavado de activos, las economías ilegales, la circulación de armas y el narcotráfico.

Las apuestas ilegales generan grandes volúmenes de dinero por fuera del sistema formal. Esos fondos pueden utilizarse para financiar otras actividades criminales o para insertar recursos ilícitos dentro del circuito económico legal.

No obstante, cada vinculación concreta debe acreditarse judicialmente. La coexistencia entre distintos mercados ilegales no permite atribuir automáticamente responsabilidades penales a todas las personas involucradas en alguno de ellos.

El debate sobre el microtráfico

La provincia de Santa Fe adhirió, mediante la Ley 14.239, al régimen nacional de desfederalización parcial de la persecución del narcomenudeo.

A partir de esa normativa, el MPA provincial adquirió competencia para investigar determinados delitos vinculados con la comercialización minorista de estupefacientes.

La implementación incluyó la creación de una Unidad Fiscal de Microtráfico, encargada de coordinar las investigaciones y evitar superposiciones entre distintos fiscales y fuerzas de seguridad.

Los críticos del sistema advierten que la centralización de información sobre allanamientos podría reproducir riesgos similares a los detectados en la antigua oficina utilizada durante la trama del juego clandestino.

Según esa mirada, la obligación de informar anticipadamente los detalles de determinados procedimientos podría facilitar filtraciones o demoras.

No obstante, para afirmar que la Unidad de Microtráfico es utilizada para proteger organizaciones criminales se necesitan evidencias concretas, expedientes, testimonios judicializados o estadísticas oficiales que demuestren un patrón deliberado.

La coordinación de allanamientos no constituye por sí misma una maniobra ilegal. El problema aparecería si esa información fuera utilizada para advertir a los investigados o impedir procedimientos sin una justificación procesal válida.

Un sistema todavía bajo sospecha

La causa del juego clandestino dejó una enseñanza institucional difícil de ignorar: cuando la información sensible queda concentrada en pocas manos y los controles son insuficientes, los mecanismos creados para mejorar el funcionamiento de la Justicia pueden convertirse en herramientas de protección del delito.

Las condenas contra funcionarios del MPA demostraron que la corrupción no operaba solamente desde afuera del Estado. Parte de la estructura funcionaba dentro de las instituciones encargadas de investigar y perseguir los delitos.

La actuación de empresarios, fiscales, empleados judiciales y operadores políticos conformó un sistema de protección que permaneció activo durante años.

La Justicia consiguió avanzar sobre la pata empresarial y judicial. La principal deuda continúa vinculada con la determinación de las responsabilidades políticas.

Las cuentas pendientes

El expediente por juego clandestino reconfiguró el escenario político y judicial de Santa Fe, pero todavía no produjo un cierre definitivo. Las defensas de los condenados continúan planteando nulidades y recursos. La investigación contra Traferri avanza entre discusiones procesales, disputas por los fueros y cuestionamientos sobre la actuación de los fiscales.

El senador mantiene su banca y conserva influencia dentro de la Cámara alta y de la Comisión de Acuerdos.

Su permanencia política, pese a las acusaciones y controversias acumuladas desde 2020, demuestra la capacidad de supervivencia de las estructuras territoriales tradicionales de Santa Fe.

La responsabilidad penal de Traferri deberá ser definida por los tribunales. Pero el debate institucional ya está instalado: ¿puede un legislador investigado conservar facultades para intervenir sobre la carrera de los fiscales que impulsaron causas en su contra?

La provincia también deberá responder otro interrogante: ¿las reformas aplicadas después del escándalo fortalecieron los controles o simplemente trasladaron el poder de decisión hacia nuevas autoridades?

La causa del juego clandestino reveló una matriz de corrupción sistémica en la que confluyeron intereses económicos, funcionarios judiciales y operadores políticos.

Las condenas contra Patricio Serjal, Gustavo Ponce Asahad, Nelson Ugolini y Leonardo Peiti permitieron comprobar judicialmente una parte central de la organización.

La eventual responsabilidad de Armando Traferri y de otros dirigentes todavía deberá resolverse con respeto por el debido proceso.

Lo ocurrido demuestra que el principal problema no fue únicamente la existencia de casinos ilegales. El verdadero escándalo fue la utilización de instituciones públicas para garantizar impunidad a cambio de dinero y poder.

La investigación desnudó una trama en la que quienes debían perseguir el delito habrían terminado protegiéndolo.

Y dejó planteada una advertencia que sigue vigente: cuando la política controla a quienes investigan y quienes son investigados pueden disciplinar a los fiscales, la independencia judicial deja de ser una garantía y se convierte en una ficción.

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