Licencias para abogados y SIPSAL: dos formas de entender la salud laboral en la provincia de Santa Fe
Mientras Diputados avanza con un régimen especial de licencias para abogados y procuradores, la Provincia pone en marcha un sistema integral para controlar y gestionar las licencias médicas de los empleados públicos.
En Santa Fe, dos iniciativas vinculadas con las licencias laborales y profesionales avanzan por caminos diferentes.
Por un lado, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que establece un régimen de licencias para abogados, abogadas, procuradores y procuradoras. La iniciativa busca contemplar situaciones como enfermedad, accidentes y determinadas circunstancias familiares, y establecer qué sucede con los procesos judiciales cuando el profesional no puede ejercer temporalmente.
Por otro lado y al mismo tiempo, el Gobierno provincial avanza con el Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (SIPSAL), un esquema destinado a centralizar y modernizar la gestión de las licencias médicas de los trabajadores de la Administración Pública Provincial, incluidos los docentes estatales.
A primera vista, ambas medidas hablan de lo mismo: qué sucede cuando un trabajador no puede desempeñar sus tareas por razones de salud u otras circunstancias personales.
Pero cuando se observan sus objetivos y mecanismos, aparecen diferencias
Lo que busca legislatura: una licencia para proteger el ejercicio profesional
El proyecto aprobado por Diputados busca reconocer que un abogado o procurador puede atravesar circunstancias que le impidan ejercer temporalmente su actividad.
La cuestión no es menor: un profesional independiente puede tener numerosos expedientes en trámite, con plazos procesales corriendo. Por eso, el régimen busca establecer mecanismos para que determinadas licencias tengan efectos sobre esos procedimientos y evitar que una situación personal termine perjudicando al profesional o a sus representados.
El planteo parte de una premisa sencilla: si una persona está imposibilitada de trabajar por una circunstancia contemplada por la ley, el sistema debe darle una respuesta.
Pero también aparece un interrogante: ¿hasta dónde puede llegar esa protección sin generar nuevas demoras en una Justicia que ya tiene problemas de tiempos y funcionamiento?
Ahí aparece el primer punto de discusión.
Porque detrás del abogado que se licencia también existe un ciudadano que espera una sentencia, una víctima que necesita una respuesta, una familia que atraviesa un conflicto o una persona que necesita resolver judicialmente un problema.
La protección del profesional y el derecho del ciudadano a obtener justicia deben encontrar un equilibrio.
La otra cara , SIPSAL: salud laboral, pero también control
El SIPSAL parte de otra lógica.
El Gobierno provincial lo presentó como un sistema integral destinado a centralizar la atención de patologías médicas, integrar las historias clínicas laborales, gestionar licencias de corta y larga duración, atender accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y producir información para la planificación sanitaria y laboral.
El sistema pretende reemplazar un esquema fragmentado por uno unificado, con mayor digitalización y seguimiento.
Pero hay un elemento que no puede pasar inadvertido: el Gobierno también vincula el nuevo sistema con la necesidad de mejorar los mecanismos de control y reducir el ausentismo.
Es decir, mientras el proyecto de licencias para abogados pone el foco en proteger al profesional frente a las consecuencias que puede tener una licencia, el SIPSAL busca controlar la utilización de las licencias médicas.
En los últimos días, el ministro de Educación, José Goity, defendió el nuevo sistema frente a las críticas sindicales y sostuvo que los cuestionamientos no tendrían sustento suficiente.
¿Dos varas para una misma situación?
En conversación con El Liberador, los ciudadanos se mostraron indignados detallando y poniendo énfasis en ambas situaciones:
Un abogado que atraviesa una enfermedad puede necesitar que el sistema adapte los plazos de los expedientes que tiene a su cargo.
Un docente que atraviesa una enfermedad también necesita recuperarse y contar con garantías para no ser perjudicado laboralmente.
Para ambos casos, los ciudadanos afirman que debería ser equivalente, garantizar que la licencia no genere consecuencias profesionales indebidas e incorporar una estructura mucho más amplia de seguimiento, control médico, información laboral y gestión de ausencias.
El problema aparece cuando uno de esos principios termina desplazando completamente al otro y viceversa.
Si solamente existe control, el trabajador puede sentir que enfermarse se convierte en una sospecha.
Si solamente existe protección sin mecanismos de control, el sistema puede quedar expuesto a abusos.
La discusión, entonces, no debería reducirse a «a favor o en contra de las licencias».
La discusión es qué equilibrio quiere construir Santa Fe entre derechos, responsabilidades y controles.
El proyecto de licencias para abogados todavía debe completar su recorrido legislativo. El SIPSAL, por su parte, ya es una política provincial en proceso de implementación.
Son medidas diferentes, destinadas a colectivos diferentes y con objetivos específicos.
Pero ambas ponen sobre la mesa una misma pregunta:
¿Cómo debe actuar el Estado cuando un trabajador no puede trabajar?
¿Debe priorizar la protección? ¿Debe priorizar el control? ¿Debe hacer ambas cosas y garantizar que ninguna se imponga sobre la otra?
Porque una política de salud laboral puede ser moderna, digital y eficiente, pero su verdadera legitimidad se mide en algo mucho más sencillo: si logra proteger al trabajador que realmente necesita una licencia y, al mismo tiempo, impedir que el sistema sea utilizado de manera abusiva.
