«Sobornos legales»: publicidad oficial, gasto público y la transparencia que debe Pullaro
El Presupuesto 2026 de Santa Fe vuelve a poner sobre la mesa cuánto dinero administra el Estado en comunicación, publicidad y estructuras asociadas. Frente a semejantes cifras, una pregunta resulta inevitable: ¿por qué el ciudadano que financia el sistema no puede conocer, de manera simple y detallada, dónde termina cada peso? Una propuesta para utilizar la tecnología como herramienta permanente de control sobre el poder.
Para el Presupuesto 2026 de la provincia de Santa Fe, el Poder Ejecutivo asignó a la Gobernación un total de $46.428.365.000. Dentro de ese monto, el programa denominado “Políticas de Comunicación del Gobierno de Santa Fe” alcanza específicamente los $24.027.938.000. Allí aparecen partidas de publicidad por $16.737.295.000; comunicación por $5.790.073.000; contenidos por $1.101.673.000, e imagen por $398.897.000.
Existe, además, una estimación más amplia presentada en la Cámara de Diputados provincial que incorpora otras partidas relacionadas con publicidad, propaganda, comunicaciones, imprenta oficial y tendido de fibra óptica correspondientes a Gobernación, el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública y la Caja de Asistencia Social-Lotería. Bajo ese criterio, el monto llega a $44.556.431.000, equivalentes a algo más de $122 millones diarios.
Para dimensionarlo de una manera sencilla, podemos utilizar un ejemplo cotidiano. Si tomamos como referencia un valor promedio de $30 millones para un automóvil cero kilómetro pequeño, esos $44.556 millones representarían alrededor de 1.485 vehículos por año, 124 por mes o algo más de cuatro automóviles por día.
Son cifras que obligan, como mínimo, a preguntarse cuánto de ese gasto resulta realmente indispensable y cuánto podría ahorrársele al contribuyente.
Personalmente, creo que la expresión “sobornos legales” sirve como provocación para describir lo que puede ocurrir cuando la publicidad oficial deja de funcionar exclusivamente como una herramienta para informar actos de gobierno y comienza a transformarse en un mecanismo capaz de condicionar relaciones entre el poder y quienes deben observarlo críticamente. No afirmo con esto que cada peso destinado a publicidad constituya un soborno; planteo que la dependencia económica del Estado puede generar incentivos poco saludables.
Y hay una curiosidad lingüística que resume bastante bien esta mirada: si escribimos SOBORNOS y lo leemos de derecha a izquierda, aparece “SON ROBOS”.
Pero esto es sólo una parte de lo que podría ahorrarse —o, por lo menos, controlarse mucho mejor— en los distintos estamentos públicos mediante una propuesta bastante sencilla.
Propuesta de transparencia para la Argentina
Fundamento conceptual
El pilar fundamental del mejoramiento continuo del nivel de vida de los integrantes de una sociedad se basa, entre otras cosas, en la capacidad de sus dirigentes para establecer normas de convivencia sencillas, de fácil y económica aplicación, con buena aceptación entre la ciudadanía y que puedan ser controladas de manera eficiente y completa.
Esa tarea corresponde inicialmente al Poder Legislativo, encargado de establecer las reglas. Luego aparece el Poder Ejecutivo, cuya responsabilidad consiste en hacerlas cumplir y administrar con eficacia y eficiencia las herramientas que posee el Estado. Finalmente, el Poder Judicial debe arbitrar los conflictos y controlar la legalidad de lo actuado.
El funcionamiento adecuado de los tres poderes no debería ser una abstracción institucional. Tiene consecuencias concretas sobre la vida de cada ciudadano y, fundamentalmente, sobre el dinero que se le exige mediante impuestos para sostener al Estado.
Fundamento lógico
La herramienta básica para comprender el funcionamiento de cualquier administración pública es el Presupuesto, acompañado por una contabilidad clara de todos los niveles estatales. No hay que olvidar que esos recursos tienen como origen una imposición obligatoria sobre el contribuyente y que, justamente por eso, debería existir un deber particularmente estricto de explicar su utilización.
La equidad en el esfuerzo de todos los integrantes de una sociedad constituye también un valor fundamental de cualquier sistema correctamente organizado. Quien paga impuestos debe poder saber con facilidad cuánto se recauda, quién administra esos recursos, dónde se gastan y qué resultados obtiene la sociedad a cambio.
La corrupción, la ineficiencia y la mala administración encuentran terreno fértil en el anonimato, el secretismo, la dispersión de datos y la ausencia de responsabilidades claramente identificadas. Cuanto más difícil sea reconstruir el camino del dinero público, menor será la capacidad de control ciudadano.
Por eso puede concluirse que la posibilidad de conocer detalladamente todos los presupuestos y todos los egresos de cada jurisdicción, junto con índices de gestión comparables, debería convertirse en una herramienta esencial para controlar la eficiencia con la que se maneja el erario público.
La posibilidad práctica
La tecnología disponible actualmente permite imaginar una plataforma donde absolutamente toda esa información pueda encontrarse con el máximo nivel de detalle y donde cualquier persona, con solamente ingresar a internet, pueda informarse de manera integral.
El ciudadano debería tener la posibilidad de agrupar y cruzar los datos según sus necesidades: organismo, proveedor, funcionario responsable, programa, partida, jurisdicción, personal, horas efectivamente trabajadas, contrataciones, transferencias y resultados obtenidos. No debería ser necesario ser contador, abogado, periodista de investigación o especialista en administración pública para entender cómo se utiliza el dinero propio.
Sólo pensemos en la posibilidad de conocer mensualmente el costo real de cada hora trabajada dentro del Estado. Una información de ese tipo permitiría generar incentivos al presentismo, estudiar productividad y comparar de forma mucho más transparente funciones similares dentro del sector público.
Tampoco estamos hablando de una empresa tecnológicamente imposible. Buena parte de esos datos ya se encuentra dentro de sistemas informáticos del Estado; el problema es que está dispersa, presentada con distintos criterios o publicada de una manera que dificulta enormemente su análisis. Haría falta, fundamentalmente, un buen programa que organizara esa información.
La posibilidad de acceder a datos completos, detallados y ordenables según las necesidades del usuario reduciría enormemente los espacios disponibles para la corrupción, la mala praxis y la ineficiencia. Al mismo tiempo, sería una excelente herramienta para que el buen político y el buen administrador puedan demostrar que efectivamente lo son, de manera inmediata y constante.
Hoy los distintos organismos y poderes públicos tienen mucha información publicada en sus páginas. El problema es que, en demasiadas oportunidades, esa información no está organizada para permitir que cualquier ciudadano pueda observar rápidamente la realidad completa.
Incluso podría transformarse en un extraordinario campo de desarrollo para programadores y empresas tecnológicas capaces de construir herramientas de análisis, visualización y comparación. El objetivo debería ser que los datos públicos dejen de ser archivos destinados únicamente a cumplir formalidades y se conviertan realmente en información útil para quien paga las cuentas.
Un “ionizador” para el Estado
Una plataforma de estas características podría funcionar como una especie de “ionizador” de la actividad pública: permitiría detectar rápidamente dónde aparecen malos elementos antes de que terminen contaminando el resto de la estructura.
Los distintos juicios y escándalos de corrupción que la Argentina acumuló durante décadas demuestran cuánto cuesta descubrir los problemas cuando éstos se conocen varios años después. El verdadero desafío debería ser exactamente el contrario: construir un sistema que permita identificarlos mientras están ocurriendo.
La publicidad oficial es apenas un ejemplo. La misma lógica podría aplicarse a contrataciones, subsidios, salarios, viáticos, obras, compras directas y cada peso que administra cualquiera de los niveles del Estado.
Porque cuando el dinero pertenece al contribuyente, la transparencia no debería ser una concesión del gobernante ni una promesa de campaña: debería ser una obligación permanente, automática y fácilmente verificable por cualquier ciudadano.
