Pullaro habilitó $57.000 M del IAPOS como recursos de libre disponibilidad y dejó su devolución sin fecha
El Gobierno asegura que el dinero permanecerá dentro de la obra social, pero el Decreto 1878/2026 lo retira de la fuente destinada a Servicios Complementarios y lo convierte en un “aporte excepcional” de utilización flexible. Gremios y legisladores exigen explicaciones mientras continúan los reclamos por las prestaciones.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, autorizó al IAPOS a transferir hasta $57.000 M desde la fuente destinada a Servicios Complementarios hacia otra partida identificada como Recursos Propios de libre disponibilidad.
La medida quedó establecida en el Decreto 1878/2026 y provocó un fuerte cruce entre el Gobierno provincial, los gremios estatales y en la Legislatura.
La Casa Gris negó que exista un vaciamiento de la obra social o un envío de los fondos al Tesoro provincial. Según la explicación oficial, se trata de una reasignación presupuestaria entre dos fuentes pertenecientes al propio IAPOS, por lo que el dinero permanecería formalmente dentro del organismo.
El decreto firmado por Pullaro, sin embargo, abre interrogantes que esa respuesta todavía no despejó: los fondos cambian de afectación, pasan a una fuente de libre disponibilidad y su devolución queda condicionada a que existan recursos suficientes, sin una fecha determinada.
Qué dice exactamente el decreto
El artículo 3° autoriza al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social a transferir fondos desde la Fuente 216 – IAPOS Servicios Complementarios hacia la Fuente 201 – Recursos Propios de libre disponibilidad.
El movimiento puede alcanzar los $57.000 M y aparece definido como un “aporte excepcional”, sujeto a disponibilidad financiera.
La norma indica que el dinero deberá ser devuelto “en el momento que sea factible”, siempre que existan recursos suficientes para efectuar la restitución. Además, habilita al Servicio Administrativo Financiero a realizar las adecuaciones contables y financieras necesarias.
La lectura conjunta de los artículos 2° y 3° permite precisar el alcance de la operación. El primero registra una reducción por $57.000 M y el segundo explica que ese monto será trasladado desde Servicios Complementarios hacia Recursos Propios.
Por lo tanto, no se trata de una ampliación presupuestaria generada mediante nuevos ingresos, sino de una reasignación interna entre dos fuentes de financiamiento del IAPOS.
El dinero no abandona formalmente la obra social, pero deja una cuenta con destino específico y pasa a otra que permite un margen más amplio de utilización. Tampoco existe un cronograma de devolución ni una fecha límite para recomponer la fuente original.
El Gobierno niega que el dinero salga del IAPOS
Desde el Ministerio de Economía provincial salieron con el copy & paste en distintos medios de comunicación que reciben fuerte pauta provincial alegando que las dos fuentes continúan bajo la órbita del IAPOS y que la modificación busca permitir que el organismo utilice ambos recursos para afrontar pagos.
La Provincia también argumentó que este tipo de operaciones presupuestarias constituye una práctica habitual y recordó que durante la gestión de Omar Perotti se utilizaron mecanismos similares en 2020 y 2022.
Esa explicación obliga a descartar, por ahora, una afirmación tajante según la cual Pullaro transfirió directamente los $57.000 M al Tesoro provincial. La documentación conocida muestra un movimiento interno dentro del presupuesto del IAPOS.
Pero la defensa oficial no elimina el eje de la controversia.
Los fondos correspondientes a Servicios Complementarios provienen de aportes efectuados para financiar determinadas coberturas adicionales. Al trasladarlos a una fuente de libre disponibilidad, el Ejecutivo modifica su afectación original y amplía las posibilidades de uso.
La pregunta ya no pasa solamente por determinar si el dinero continúa contablemente dentro del organismo, sino por conocer para qué se utilizará, qué prestaciones se financiarán, quién controlará su aplicación y cuándo regresará a la cuenta original.
La polémica estalla en medio de reclamos por las prestaciones
El movimiento presupuestario resulta especialmente sensible por la situación que atraviesan numerosos afiliados.
Trabajadores activos, jubilados y pensionados denuncian dificultades para conseguir turnos, demoras en autorizaciones, reducción de coberturas, problemas con el pago de honorarios profesionales y cobros adicionales por fuera de los coseguros establecidos.
En junio pasado, El Liberador reveló los reclamos de pacientes con diabetes que denunciaron restricciones en la entrega de medicamentos, insulina y tiras reactivas, pese a las obligaciones establecidas por las leyes nacionales y provinciales.
Entre los casos expuestos aparecía la autorización de apenas una caja de 50 tiras reactivas por año para pacientes que, por indicación médica, necesitaban realizar alrededor de 730 mediciones durante el mismo período.
A esas dificultades se suma la persistencia del denominado “plus médico”, un pago adicional que algunos profesionales exigen para atender a afiliados que ya aportan mensualmente a la obra social y compran las órdenes o bonos correspondientes.
En ese contexto, la disponibilidad de $57.000 M provoca una pregunta inevitable: si el IAPOS cuenta con semejante excedente en Servicios Complementarios, ¿por qué esos recursos no se utilizan prioritariamente para reducir los costos de los afiliados y mejorar las prestaciones?
Las emergencias y el poder acumulado por Pullaro
La discusión también expuso un problema institucional más amplio, la cantidad de facultades excepcionales que la Legislatura le concedió al Ejecutivo provincial desde el inicio de la gestión de Pullaro.
Las emergencias en seguridad, sistema penitenciario, obra pública, previsión y otras áreas ampliaron la capacidad del Gobierno para modificar partidas, acelerar contrataciones y reorganizar recursos.
Esas herramientas pueden resultar necesarias ante una crisis concreta. El problema aparece cuando la excepción se prolonga, se multiplica y termina convertida en el método habitual de administración.
Discrecionalidad no significa automáticamente ilegalidad. Pero cuanto mayor sea la libertad del Ejecutivo para mover fondos y cambiar su destino, mayor debería ser también la obligación de informar y rendir cuentas.
En el caso del IAPOS, el Gobierno consiguió aclarar que los $57.000 M no salen formalmente de la obra social. Todavía debe explicar por qué fueron retirados de Servicios Complementarios, para qué se utilizarán y cuándo serán restituidos.
Mientras esas respuestas no aparezcan, la frase incluida en el propio decreto seguirá alimentando la controversia: el dinero será devuelto solamente cuando resulte factible y existan recursos suficientes.
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