Diabetes en Santa Fe: IAPOS está incumpliendo las leyes nacionales y provinciales y pone en riesgo la salud de miles de afiliados
Mientras la diabetes exige controles permanentes para evitar complicaciones graves, afiliados de IAPOS viven demoras, rechazos y restricciones en la entrega de medicamentos e insumos esenciales para el tratamiento de la enfermedad saltándose las leyes nacionales y provinciales, sumado al escándalo de los «plus» de los médicos.
La situación genera una fuerte controversia porque la Provincia de Santa Fe adhirió a la Ley Nacional de Diabetes mediante la Ley Provincial N.º 12.196, que establece expresamente la provisión gratuita de insulina, medicamentos, material descartable y tiras reactivas para el control glucémico según indicación médica. La norma también contempla la entrega de otros elementos indispensables para un tratamiento adecuado.
Sin embargo, pacientes y familiares sostienen que la realidad dista mucho de lo que establece la legislación. Entre los reclamos más reiterados aparece la negativa a autorizar determinados medicamentos indicados por especialistas y la entrega mínima e insuficiente de tiras reactivas para el control de glucosa.
Afirman además que el problema empezó con la gestión de Maximiliano Pullaro, ya que antes los medicamentos llegaban regularmente, y resulta paradójico porque a la vez que, por detrás, sucede esto, el gobierno lanza un sistema de «entrega de medicamentos» que hasta la fecha nadie pudo constatar que funcione correctamente.
El problema no es menor. Las mediciones diarias permiten detectar hipoglucemias e hiperglucemias, prevenir internaciones y evitar complicaciones que pueden derivar en consecuencias irreversibles. Para una persona con diabetes, controlar la glucosa no es un lujo ni una comodidad: es una necesidad médica básica. ¿Qué está pasando que IAPOS no cubre lo que tiene que cubrir?
Si un profesional prescribe dos controles diarios, un paciente necesita alrededor de 730 mediciones al año. Frente a esa realidad, la autorización de apenas una caja de 50 tiras reactivas anuales resulta más que insuficiente para garantizar un seguimiento adecuado de la enfermedad y contradice el espíritu de las leyes que garantiza la provisión de esos insumos según prescripción médica.
La contradicción es todavía más llamativa porque la propia obra social reconoce en distintos programas sanitarios la importancia de los tratamientos integrales y de la prevención de enfermedades crónicas. Sin embargo, los afiliados denuncian que cuando necesitan medicamentos o insumos para controlar una patología que puede poner en riesgo la vida, las respuestas son demoras administrativas, restricciones y trámites interminables.
La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve una ley que garantiza cobertura si luego los pacientes deben luchar contra la burocracia para acceder a prestaciones básicas, además de los pagos extras que deben hacer? ¿A dónde está yendo ese dinero? ¿ y los medicamentos?
Detrás de cada expediente hay personas que dependen de esos medicamentos para vivir, trabajadores que aportan todos los meses a la obra social provincial y familias que terminan pagando de su bolsillo tratamientos que deberían estar cubiertos.
La diabetes no espera resoluciones administrativas. No entiende de auditorías demoradas ni de autorizaciones pendientes. Cada día sin acceso a la medicación o sin los insumos necesarios aumenta el riesgo para los pacientes.
La discusión ya no es económica ni administrativa. Es una cuestión de salud, de cumplimiento de la ley y de respeto por los miles de santafesinos que esperan que la obra social provincial garantice aquello que la normativa reconoce desde hace más de dos décadas, cabe aclarar que los empleados dependientes de la provincia no tienen posibilidad de cambiar de obra social.
Los «plus» de los médicos
Persiste el escándalo de los llamados «plus médicos»: cobros adicionales exigidos a los pacientes por fuera de los aranceles establecidos y, en muchos casos, realizados exclusivamente en efectivo. Se trata de dinero que circula sin transparencia, sin facturas, sin comprobantes y sin controles claros sobre su destino. Esta práctica, denunciada reiteradamente por usuarios de obras sociales y sistemas de salud públicos, genera un circuito paralelo de recaudación que perjudica a los pacientes, profundiza las desigualdades en el acceso a la atención médica y alimenta sospechas sobre posibles irregularidades fiscales y administrativas.
Mientras el afiliado paga cada vez más de su bolsillo para acceder a una consulta o estudio, nadie explica con claridad dónde termina ese dinero ni quién controla esos fondos. En muchos casos, los pacientes se ven obligados a entregar sumas importantes en efectivo para ser atendidos, sin recibir ningún tipo de constancia que respalde el pago realizado. Se configura así un sistema opaco, donde miles de pesos circulan diariamente por fuera de cualquier mecanismo de fiscalización, afectando tanto a los usuarios como a la transparencia del sistema de salud.
La situación resulta aún más grave cuando quienes deben garantizar el acceso a la atención médica terminan trasladando costos adicionales a personas que ya realizan aportes mensuales a sus obras sociales o prepagas. La falta de controles efectivos permite que esta práctica continúe naturalizándose, consolidando un esquema donde el paciente queda cautivo entre la necesidad de recibir atención y la obligación de pagar sumas extras que, en muchos casos, carecen de justificación formal.
