El proyecto del senador provincial Michlig reabre un debate sobre los límites del Estado ¿una herramienta para limitar la libertad de expresión?
Con media sanción en el Senado, la iniciativa propone declarar a Santa Fe como territorio libre de discursos de odio, incorpora sanciones de hasta $8 millones y replica una ordenanza que ya rige en la ciudad capital.
La Legislatura de Santa Fe dio media sanción al proyecto impulsado por el senador Felipe Michlig que busca declarar a toda la provincia como un «territorio libre de discriminación y discursos de odio». La iniciativa, que ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados, incorpora modificaciones al Código de Convivencia provincial y prevé multas de hasta 60 Jus, equivalentes actualmente a unos 8 millones de pesos, además de capacitaciones obligatorias como alternativa a la sanción económica.
Sin embargo, más allá del objetivo declarado de combatir la discriminación y promover la convivencia democrática, el proyecto comenzó a despertar cuestionamientos por el alcance de las definiciones que incorpora y por el impacto que podría tener sobre la libertad de expresión.
Una definición amplia que genera interrogantes
El texto define como discurso de odio a las expresiones verbales, escritas, audiovisuales, simbólicas o digitales que promuevan, justifiquen o fomenten situaciones de discriminación, hostilidad, violencia o incluso «menosprecio» hacia personas o grupos.
Además, la protección alcanza a una extensa lista de categorías: raza, etnia, religión, género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, edad, condición socioeconómica, estado de salud y «otras características personales».
Precisamente allí aparecen algunas de las principales críticas.
Especialistas en derecho constitucional suelen advertir que conceptos como «menosprecio», «hostilidad» o «otras características personales» pueden resultar amplios y quedar sujetos a interpretaciones variables y subjetivas. El interrogante que surge es inevitable:
¿Quién determinará cuándo una opinión deja de ser alguna crítica para convertirse en un discurso de odio?
Multas millonarias y nuevas sanciones
Uno de los puntos más fuertes del proyecto es la incorporación de una nueva figura dentro del Código de Convivencia.
Las sanciones podrían llegar a 60 Jus, es decir, alrededor de 8 millones de pesos, además de contemplar la realización obligatoria de cursos de formación como reemplazo de la multa económica.
Para los críticos, esto representa un cambio significativo porque deja de tratarse solamente de campañas de concientización para incorporar un régimen sancionatorio que podría aplicarse sobre expresiones públicas, que muchos advierten, buscaría censurar y castigar la libertad de expresión.
El antecedente: la Ciudad de Santa Fe ya aprobó una ordenanza similar
El proyecto provincial no surge de manera aislada.
En marzo de este año, el Concejo Municipal de Santa Fe aprobó la Ordenanza Nº 13.112, que declara a la capital provincial como «Ciudad Libre de Discursos de Odio», con objetivos prácticamente idénticos: promover la convivencia, el respeto a la diversidad y la no discriminación. La iniciativa fue presentada por la concejala Carolina Capovilla.
Ahora, el proyecto impulsado por Michlig busca llevar ese mismo esquema al ámbito provincial.
Para algunos sectores, esto representa una continuidad de una política pública destinada a combatir expresiones discriminatorias. Para otros, significa la expansión de un modelo que podría abrir la puerta a mayores restricciones sobre el debate público.
¿Dónde termina el odio y empieza la opinión?
El punto central del debate no parece ser si debe combatirse la violencia o la discriminación, objetivo ampliamente compartido, sino cómo hacerlo sin afectar un derecho constitucional como la libertad de expresión.
La Constitución Nacional ya contempla mecanismos para sancionar amenazas, intimidaciones, incitación a cometer delitos o actos discriminatorios concretos. Frente a ello, algunos juristas se preguntan si la incorporación de una categoría tan amplia como «discurso de odio» podría terminar alcanzando opiniones políticas, religiosas o ideológicas que, aunque resulten ofensivas para determinados sectores, forman parte del debate democrático.
La discusión cobra especial relevancia en un contexto donde gran parte del intercambio político ocurre en redes sociales, escenario en el que las fronteras entre una crítica dura, una provocación y una expresión sancionable pueden resultar difusas.
Con la media sanción ya obtenida, la decisión ahora quedará en manos de la Cámara de Diputados, donde no sólo se debatirá la conveniencia de la iniciativa, sino también uno de los dilemas más sensibles de cualquier democracia: cómo proteger a las personas frente a expresiones que promuevan la violencia sin convertir esa protección en una limitación a la libertad de opinar.
