Vialidad enviará una nueva intimación a Funes por las palmeras que Santacroce colocó en la Ruta 9
El organismo nacional confirmó que la intervención carece de autorización y que, por tratarse de obstáculos colocados dentro del corredor, los ejemplares deben contar con la protección de una baranda metálica Flex Beam. Sumarán una nueva intimación a la Municipalidad de Funes.
El conflicto entre Vialidad Nacional y la Municipalidad de Funes por las palmeras colocadas sobre el cantero central de la Ruta Nacional 9 sumó un nuevo capítulo. El organismo advirtió que los ejemplares no solamente fueron instalados sin la autorización correspondiente, sino que además requieren medidas específicas de protección vial.
Fuentes de Vialidad Nacional confirmaron a El Liberador que enviarán una nueva intimación al gobierno del intendente Roly Santacroce después de que el Municipio avanzara con la colocación de las palmeras pese a la orden de paralizar los trabajos.
«Antes de colocar un obstáculo —en este caso, un árbol— sobre un corredor vial nacional, además de la autorización pertinente de Vialidad Nacional, por seguridad siempre se debe instalar una baranda Flex Beam«, explicaron desde el organismo.
La nueva observación incorpora un elemento que no había trascendido durante la primera etapa del conflicto: aun si el Municipio consiguiera regularizar administrativamente el proyecto, deberá presentar una solución técnica que impida que los árboles se conviertan en un peligro para los vehículos que circulan por la ruta.
Qué es una baranda Flex Beam
La Flex Beam es una defensa metálica, conocida habitualmente como guardarraíl, que se coloca en los márgenes o separadores de las rutas para contener y redireccionar a los vehículos que pierden el control.
Su función es evitar que un automóvil impacte directamente contra obstáculos rígidos ubicados dentro de la zona de camino. Entre esos elementos pueden encontrarse columnas, estructuras, árboles u otras instalaciones próximas a la calzada.
En el caso de las palmeras colocadas en Funes, Vialidad considera que los ejemplares constituyen obstáculos dentro de un corredor nacional. Por ese motivo, además del permiso previo para intervenir el cantero, el proyecto debía contemplar la instalación de una defensa metálica adecuada.
La exigencia no responde a una discusión estética sobre el diseño de la entrada a la ciudad. Se trata de una condición vinculada con la seguridad de quienes circulan diariamente por la Ruta 9.
Una nueva intimación a la Municipalidad de Funes
Vialidad Nacional anticipó que enviará una nueva comunicación formal a la Municipalidad de Funes. La intervención nacional llegará después de que la administración de Santacroce continuara con los trabajos pese a una intimación anterior.
La primera advertencia había sido enviada luego de que técnicos del organismo detectaran más de 70 excavaciones sobre el cantero central de la ruta.
Los trabajos formaban parte de un proyecto municipal de arbolado y embellecimiento urbano, pero comenzaron sin un proyecto ejecutivo aprobado ni autorización para intervenir en una zona perteneciente a una ruta nacional.
Vialidad ordenó entonces paralizar las tareas y restituir el sector a condiciones seguras hasta que el Municipio completara los trámites técnicos y administrativos.
La notificación fue dirigida al intendente Santacroce y dejó asentada que el Municipio sería responsable por los eventuales daños que las obras pudieran ocasionar sobre personas, bienes de terceros o infraestructura nacional.
Pese a esa orden, las palmeras finalmente fueron colocadas.
La nueva respuesta de Vialidad vuelve a poner el foco sobre la planificación municipal. La secuencia comenzó con la compra de los ejemplares, continuó con la realización de decenas de pozos sobre el cantero y terminó con la instalación de las palmeras, sin que trascendiera una autorización posterior del organismo nacional.
Ahora se suma la necesidad de instalar las defensas metálicas exigidas para reducir el riesgo de un eventual impacto.
Según información atribuida a fuentes municipales, cada palmera habría costado aproximadamente $600.000. Si se toman como referencia los más de 70 puntos de implantación detectados, solamente la adquisición de los ejemplares habría superado los $42 millones.
Esa cifra no comprende los gastos de traslado, excavación, colocación, maquinaria, personal y mantenimiento. Tampoco incluye el eventual costo de instalar las barandas Flex Beam o de realizar otras modificaciones necesarias para adecuar la intervención a las normas de seguridad vial.
El caso vuelve a plantear por qué el Municipio comprometió recursos públicos antes de asegurarse de que el proyecto podía ejecutarse en una ruta nacional y bajo qué condiciones técnicas debía hacerlo.
El problema ya no es solamente la falta de autorización
La primera intimación estaba centrada en la ausencia de permiso y en las excavaciones realizadas dentro de la zona de camino. La nueva advertencia agrega una cuestión concreta de seguridad: los árboles son considerados obstáculos y deben quedar protegidos por una defensa metálica.
Por lo tanto, el Municipio deberá responder ahora por dos aspectos diferentes. En primer lugar, tendrá que regularizar la intervención ante Vialidad Nacional. En segundo término, deberá demostrar cómo evitará que las palmeras representen un riesgo para quienes transitan por la Ruta 9.
Hasta el momento no trascendió que la administración de Santacroce cuente con un proyecto aprobado para instalar las barandas ni con un cálculo público de cuánto costaría esa adecuación.
La nueva intimación colocará nuevamente al intendente frente a la necesidad de explicar por qué las palmeras fueron instaladas después de recibir una orden de paralización y sin cumplir previamente con las condiciones de seguridad exigidas para cualquier obstáculo ubicado dentro de un corredor vial nacional.
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