El «modelo Lázaro Báez» llegó a Venado Tuerto: Chiarella y Enrico le dieron una obra a una monotributista categoría A sin antecedentes
El relato de la eficiencia y la transparencia en la provincia se cae a pedazos. Al mejor estilo del kirchnerismo, el intendente Leonel Chiarella y el ministro Lisandro Enrico avalan que la obra de calle Belgrano quede en manos de una «empresa» creada hace cinco meses, cuya única experiencia es haber hecho un techo, y cuya dueña factura en la categoría más baja de ARCA.
El kirchnerismo hizo escuela con la Causa Vialidad: armar empresas fantasma de un día para el otro, sin capacidad técnica, para entregarles obra pública millonaria a dedo. Lo que nadie esperaba es que el oficialismo santafesino de Leonel Chiarella y Lisandro Enrico copiara el manual de Lázaro Báez a la perfección en pleno centro de Venado Tuerto.
La modernización de calle Belgrano, en esa localidad santafesina, quedó rodeada de fuertes sospechas por la participación de una contratista de reciente inscripción y reducida escala fiscal. En ese sentido, el Gobierno de Santa Fe confirmó que Niva Construction Company es el nombre de fantasía utilizado por una firma local perteneciente a Yamina Brisa Orozco y que fue subcontratada por Pecam SA, la empresa adjudicataria de la obra de renovación de la Plaza San Martín y que realiza gran parte de la obra pública en la provincia desde hace años.
La explicación oficial permitió identificar a la persona detrás de Niva, pero dejó sin responder varias preguntas centrales: qué trabajos le fueron encomendados, cuál es el monto del subcontrato, qué antecedentes técnicos presentó, si se encuentra habilitada en los registros correspondientes y quién verificó su capacidad para intervenir en una obra pública de esta magnitud.
El municipio conducido por Leonel Chiarella y el Ministerio de Obras Públicas, encabezado por Lisandro Enrico, deberán ahora exhibir la documentación que permita reconstruir cómo se incorporó a Niva al proyecto.
Ante los cuestionamientos planteados desde distintos sectores del Concejo Municipal, la Unidad Ejecutora de Proyectos de Arquitectura de la Provincia informó que Niva fue subcontratada por Pecam y que emplea mano de obra local.
El comunicado, firmado por la inspectora de obra Romina Mauri, también explicó que los carteles de Niva instalados en el obrador fueron retirados porque la reglamentación impide realizar publicidad privada dentro de una obra pública.
La aclaración confirmó que Niva participa efectivamente en los trabajos, aunque no reemplazó formalmente a Pecam como contratista principal.
Sin embargo, la Provincia no acompañó el contrato o instrumento mediante el cual se autorizó la subcontratación, ni precisó las tareas asignadas, el importe comprometido, los seguros contratados o los antecedentes presentados por la firma.
Por lo tanto, no puede afirmarse que Niva haya recibido directamente la totalidad de una obra valuada en alrededor de $1.000 millones. Lo que sí está confirmado es que interviene como subcontratista dentro de un proyecto financiado con recursos públicos y que todavía no se difundió el alcance económico de esa participación.
La constancia de ARCA incorporada a la denuncia muestra que Yamina Brisa Orozco comenzó su actividad el 1° de abril de 2026 y se encuentra inscripta en la categoría A del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
Las actividades declaradas son la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales y no residenciales. La categoría A es la escala más baja del Monotributo y posee, desde agosto, un límite de ingresos brutos de $12.009.410,45 anuales.
La documentación no prueba por sí sola una irregularidad tributaria. Orozco todavía no había cumplido seis meses de actividad al momento de emitirse la constancia y, según las reglas de ARCA, no estaba obligada a recategorizarse.
No obstante, la reducida escala fiscal genera un interrogante inevitable frente a su participación en una obra pública de gran envergadura. Para despejarlo, Pecam y la Provincia deberían informar cuánto dinero recibirá Niva, qué parte del proyecto ejecutará y si su intervención se limita al aporte de mano de obra o incluye materiales, maquinaria y responsabilidades técnicas.
El punto no es acusar sin documentación, sino determinar si existe correspondencia entre la capacidad fiscal declarada, la estructura real de la contratista y las obligaciones que asumió dentro de la obra.
Una empresa sin antecedentes públicos acreditados
La inscripción fiscal comenzó en abril, mientras que las redes sociales de Niva aparecieron pocos meses después. Allí, la firma se presenta como una compañía nacida de la experiencia de profesionales con más de 15 años en el sector de la construcción.
Sin embargo, hasta el momento no se hicieron públicos los certificados de obras anteriores, la nómina de profesionales responsables ni antecedentes que acrediten experiencia en proyectos financiados por el Estado.
Según el relevamiento realizado por La Libertad Avanza, el único trabajo previo exhibido públicamente sería una obra de techado. Esa afirmación deberá ser contrastada con la documentación que Pecam y la Provincia presenten sobre el proceso de selección de la subcontratista.
La controversia aumenta porque la obra original de la Plaza San Martín exigía a los oferentes una importante capacidad técnica y de contratación. Aunque esos requisitos recaen sobre Pecam como adjudicataria principal, todavía resta conocer qué controles se aplicaron antes de permitir que una firma recientemente inscripta asumiera parte de los trabajos.
El antecedente del padrón de viviendas
Otro de los documentos difundidos corresponde a un padrón anterior de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo para el Plan 5232 de Venado Tuerto.
Allí aparece una persona con el mismo nombre y documento que la titular de Niva, cuya solicitud fue observada bajo la calificación “Ingresos Demostrables Insuficientes”.
El dato pertenece a un trámite habitacional anterior y no constituye una prueba sobre la capacidad económica actual de Orozco. Tampoco permite concluir, por sí solo, que exista una incompatibilidad legal.
Sin embargo, sumado a la inscripción reciente y a la categoría fiscal más baja, refuerza el reclamo para que se conozcan las condiciones concretas bajo las cuales Niva ingresó a una obra de esta escala.
El monto que todavía no aparece
La licitación original para la renovación integral de la Plaza San Martín tuvo un presupuesto oficial de $3.463 millones, calculado a valores de junio de 2024.
Según el proyecto presentado por La Libertad Avanza, en marzo de 2025 el Municipio y la Provincia anunciaron la eliminación de un ítem equivalente al 30% del presupuesto original y la utilización de ese ahorro para financiar la modernización de calle Belgrano.
Si ese porcentaje se aplicara directamente sobre el presupuesto base, representaría aproximadamente $1.039 millones. Sin embargo, esa cuenta es solamente una referencia: las autoridades todavía no informaron el ahorro definitivo, el presupuesto actualizado de calle Belgrano ni la existencia de aportes adicionales.
Esa falta de precisión fue uno de los motivos por los cuales la concejal libertaria Marisel Fabiani presentó el 7 de septiembre un proyecto de resolución dirigido al Ministerio de Obras Públicas.
Las cinco respuestas que reclama La Libertad Avanza
La iniciativa solicita que la Provincia informe:
- Qué modificación del pliego, convenio o acto administrativo permitió aplicar a calle Belgrano los recursos originalmente destinados a la Plaza San Martín.
- Cuál fue el ahorro exacto obtenido, cuánto dinero se destinó a la nueva obra y si se incorporaron fondos de otros orígenes.
- Qué participación tuvo la Provincia en la contratación, adjudicación y ejecución de los trabajos.
- Qué empresa recibió formalmente la obra, bajo qué instrumento se incorporó Niva y si existe intervención de personal municipal.
- Si las firmas participantes están inscriptas en los registros correspondientes y si se verificaron previamente su capacidad técnica y sus antecedentes.
El bloque libertario también denunció la presencia de trabajadores municipales realizando tareas en el sector intervenido. El pedido de informes exige confirmar si ese personal participa efectivamente en trabajos correspondientes a la contratista o a su subcontratada.
La cuestión resulta relevante porque permitiría determinar si el Municipio aporta recursos humanos propios a una obra ejecutada formalmente por privados y bajo qué convenio se realiza esa colaboración.
Transparencia que deberá demostrarse con documentos
La Provincia sostiene que Pecam conserva la responsabilidad principal y que Niva interviene como una subcontratista local. Esa explicación responde quién está detrás del nombre comercial, pero no permite saber cuánto cobra, qué antecedentes presentó ni qué responsabilidades asumió.
Tampoco está claro si Niva debe integrar el Registro Público de Proveedores del Municipio. La Ordenanza N.° 3643 alcanza a quienes proveen bienes o servicios al Estado municipal, pero su aplicación dependerá de si existió una contratación directa con el Municipio o si toda la relación comercial se canalizó exclusivamente a través de Pecam.
La controversia no se resolverá con comunicados generales ni enfrentamientos dentro del Concejo. Para terminar con las sospechas, el municipio de Chiarella y el Ministerio conducido por Enrico deberán publicar el convenio, el subcontrato, los montos, las habilitaciones, los seguros y los antecedentes técnicos.
Hasta que esos documentos aparezcan, no existen elementos suficientes para afirmar que se cometió un delito. Pero tampoco alcanza con asegurar que todo se encuentra en regla: cuando se utilizan fondos públicos, la transparencia no se declama; se demuestra mostrando los papeles.
