Bioceres quebrada: pagarés impagos, millones públicos y una ingeniería bajo sospecha
Una denuncia presentada ante la PROCELAC sostiene que Bioceres SA habría captado fondos mientras transfería activos hacia otras sociedades del grupo. La investigación también reabre el debate sobre los millonarios recursos públicos que recibió la empresa durante las gestiones de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Omar Perotti.
La quiebra de Bioceres SA, decretada por la Justicia de Rosario, abrió un nuevo capítulo para una empresa que durante más de dos décadas fue presentada como uno de los mayores casos de éxito de la biotecnología argentina. Más allá del colapso financiero que terminó con la sociedad en tribunales, una denuncia penal presentada ante la PROCELAC busca determinar si existió una ingeniería societaria que habría debilitado patrimonialmente a la compañía mientras seguía captando fondos en el mercado argentino.
El caso también reavivó un debate de interés público sobre el destino y el control de los recursos estatales que acompañaron el crecimiento de Bioceres mediante convenios con organismos científicos, programas nacionales de promoción tecnológica y fondos público-privados impulsados durante distintos gobiernos.
Según pudo conocer El Liberador, la denuncia fue presentada por el empresario rosarino Sergio Airoldi, titular de AIR Computers S.R.L., quien reclama el cobro de u$s1,75 millones correspondientes a pagarés bursátiles emitidos por Bioceres SA.
La presentación judicial, patrocinada por los abogados Froilán Ravena y Renzo Biga, del estudio Peyrano-Ravena & Asoc., sostiene que el incumplimiento de esos instrumentos financieros sería el tramo final de una operatoria más amplia cuya existencia deberá ser determinada por la Justicia.
En ese contexto aparece Federico Trucco, histórico CEO de Bioceres Crop Solutions, la compañía del grupo que llegó a cotizar en el Nasdaq y durante años fue la principal cara visible del proyecto biotecnológico argentino. Trucco también integró el directorio de Bioceres SA, la sociedad que emitió los pagarés actualmente cuestionados. Esa doble función forma parte del contexto descripto en la denuncia, que busca reconstruir cuál era la situación patrimonial y financiera de la empresa cuando salió a captar fondos en el mercado local.
De acuerdo con la presentación penal, durante 2021 el grupo habría llevado adelante una reorganización societaria mediante la cual Bioceres SA transfirió activos relevantes hacia otras compañías vinculadas.
Siempre según la denuncia, esos activos habrían sido reemplazados por créditos entre empresas del mismo grupo con una tasa anual del 5,5%, en una operación que rondaría los u$s76 M. Los denunciantes sostienen que aproximadamente u$s44,6 millones quedaron registrados como préstamos intragrupo cuyo recupero efectivo nunca se concretó.
La hipótesis planteada es que esa estructura habría reducido progresivamente la capacidad patrimonial de Bioceres SA, mientras la sociedad continuaba siendo la emisora de deuda frente a inversores argentinos.
La denuncia también cuestiona que Bioceres SA financiara a sociedades vinculadas a una tasa inferior a la que el propio grupo obtenía en el mercado internacional. Para los denunciantes, esa diferencia habría permitido trasladar rentabilidad hacia otras compañías de la estructura empresaria.
Entre enero y agosto de 2024, Bioceres SA emitió pagarés bursátiles por aproximadamente u$s36 M dentro del segmento no garantizado del Mercado Argentino de Valores.
AIR Computers suscribió dos operaciones por u$s1 M cada una. Según la denuncia, de la primera serie sólo se abonó uno de los pagarés, mientras que el resto permanece impago. La segunda emisión tampoco habría sido cancelada.
El punto central que intenta demostrar la presentación judicial no es únicamente el incumplimiento de esos títulos, sino determinar cuál era la situación patrimonial de Bioceres SA cuando decidió emitirlos.
La denuncia también sostiene que parte de los recursos obtenidos mediante esas colocaciones habría sido derivada hacia otras sociedades del ecosistema Bioceres bajo conceptos como capital de trabajo o cancelación de obligaciones financieras.
Entre las firmas mencionadas aparecen SF500, GentleFarming, Heritas y THEO I SCSp, dentro de una estructura con sociedades en Argentina, Estados Unidos, Reino Unido y Luxemburgo.
Los denunciantes consideran que ese entramado habría dificultado seguir la trazabilidad de los fondos y reducido la capacidad de respuesta patrimonial de Bioceres SA frente a sus acreedores. Esa hipótesis forma parte de la investigación y deberá ser corroborada durante el proceso judicial.
La situación terminó de agravarse con la quiebra decretada por el juez Fernando Mécoli, quien describió un cuadro de insolvencia con un patrimonio neto negativo cercano a u$s110 M, pérdidas por casi u$s180 M, deudas superiores a u$s158 M, pagarés impagos y litigios abiertos en Estados Unidos por aproximadamente u$s106 M. Además, ordenó realizar un “escrutinio exhaustivo” sobre la estructura societaria y los movimientos financieros de la empresa.
La presentación judicial incorpora otro dato que también será materia de análisis. Según la reconstrucción realizada por los denunciantes, la desconsolidación de Bioceres SA, Bioceres LLC y THEO I SCSp habría generado para Moolec Science SA, controlada por el empresario uruguayo Juan Sartori, una ganancia contable cercana a u$s100,8 millones. Para la denuncia, ese resultado constituye un elemento relevante para comprender el funcionamiento de la estructura societaria. La Justicia deberá establecer si esa interpretación tiene sustento.
Qué pasó con los recursos públicos
Más allá de la causa penal, el caso volvió a poner en discusión el importante respaldo estatal que recibió Bioceres durante más de veinte años.
Uno de los principales hitos fue la creación de INDEAR (Instituto de Agrobiotecnología de Rosario) mediante un convenio firmado en 2004 entre Bioceres, Biosidus y el CONICET. El esquema contempló inversiones privadas para la construcción del instituto, mientras que el Estado aportó el predio, infraestructura científica e investigadores. El edificio fue inaugurado dentro del Centro Científico Tecnológico Rosario del CONICET y durante años funcionó como uno de los principales centros operativos del grupo.
Otro desarrollo emblemático fue HB4, la tecnología de tolerancia a la sequía desarrollada a partir de investigaciones encabezadas por la doctora Raquel Chan, investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral. Las patentes quedaron compartidas entre esos organismos públicos y Bioceres, mientras la empresa impulsó el desarrollo comercial y el proceso regulatorio.
Entre 2005 y 2014, Bioceres recibió aportes estatales y participó en distintos programas nacionales destinados a promover empresas de base tecnológica durante los gobiernos kirchneristas. Distintas estimaciones del sector ubican ese respaldo en decenas de millones de dólares entre subsidios, infraestructura, beneficios y programas de financiamiento.
A ese esquema se sumó SF500, el fondo público-privado lanzado en 2021 durante la gestión del entonces gobernador Omar Perotti y en el marco del gobierno nacional de Alberto Fernández, con participación del Estado provincial para financiar emprendimientos científico-tecnológicos. Ese vehículo también quedó posteriormente bajo análisis judicial en otra causa vinculada con presuntas irregularidades en su administración.
Ese recorrido explica por qué la quiebra de Bioceres trasciende el conflicto entre accionistas e inversores. Además del reclamo de acreedores y de la investigación judicial en curso, el expediente vuelve a abrir interrogantes sobre el seguimiento de los recursos públicos destinados durante años al desarrollo de la compañía y sobre los mecanismos de control aplicados a una de las empresas más emblemáticas del sector biotecnológico argentino.
La causa penal investiga presuntas maniobras de administración fraudulenta, estafa, falsedad ideológica, insolvencia fraudulenta y lavado de activos. La calificación definitiva dependerá del avance de la investigación y de la prueba que se produzca durante el proceso.
Por su parte, Bioceres rechazó las acusaciones, sostuvo que la situación debe analizarse dentro de una compleja crisis financiera y societaria y calificó la denuncia como un intento de extorsión. Los representantes legales del denunciante rechazaron esa interpretación y defendieron la presentación judicial.
Será la Justicia la que deba establecer si detrás del colapso de Bioceres existió únicamente una crisis empresarial o las maniobras descriptas en la denuncia. Mientras tanto, el caso ya reabrió una discusión que excede el conflicto entre privados y alcanza también al rol que tuvo el Estado en el desarrollo de una empresa que recibió durante años infraestructura, conocimiento científico, programas de promoción y financiamiento público.
Esa combinación de recursos públicos y capital privado, hoy atravesada por una investigación judicial y una quiebra, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de revisar cómo se controlan este tipo de asociaciones y cuál fue el destino de los fondos aportados por todos los contribuyentes.
