Pelco: casi veinte años de múltiples denuncias y acusaciones de complicidad política en otra planta de residuos peligrosos de Santa Fe
Al igual que IDM, Pelco es otra empresa de residuos peligrosos que acumula cientos de denuncias por contaminación, incendios, enterramientos de residuos peligrosos ilegal y problemas de salud.
Además de IDM, empresa ya investigada por El Liberador, https://elliberador.com/index.php/2026/07/06/puerto-san-martin-denuncian-mal-manejo-de-residuos-peligrosos-con-presunta-complicidad-provincial/ , hay otra empresa en Puerto General San Martín y Timbúes que también genera riesgos y parece no importarle a nadie y, que desde hace casi veinte años mantiene un conflicto ambiental el cual lejos de resolverse, parece profundizarse.
Detrás de Pelco se encuentra Luis Wuhl, quien está asociado también a IDM,ya que fue quien compró el paquete accionario de IDM adquirido por la sociedad denominada Caterina Group (las denuncias aseguran que de los miembros tiene vinculo familiar con el Gobernador Maximiliano Pullaro).
Luis Wuhl se desempeña como presidente de Pelco, mientras que Claudia Kalinec, su esposa, figura como directora de la compañía. La presunta relación entre Pelco e IDM despertó preocupación entre vecinos y ambientalistas debido a que ambas firmas se dedican al tratamiento de residuos peligrosos y arrastran desde hace años conflictos societarios, laborales y ambientales.
Pelco S.A:
Empresa dedicada al tratamiento e incineración de residuos peligrosos que opera en Puerto General San Martín y que, según denuncian organizaciones ambientalistas y vecinos de la región, habría generado un grave impacto sobre el ambiente y la salud de la población.
La empresa Pelco también fue objeto de cuestionamientos en el partido bonaerense de Tigre, donde también denunciaron durante años presuntas irregularidades en el tratamiento de residuos peligrosos y reclamaron mayores controles estatales.
En ese contexto, distintos denunciantes señalaron la existencia de presuntos vínculos políticos y relaciones con funcionarios que se desempeñaron en áreas ambientales durante anteriores gestiones municipales como con quien fue intendente de Tigre, Sergio Massa.
En conversación con El Liberador, un ex trabajador de seguridad de la empresa y ambientalista, José Febre, fue quien, desde 2015 hasta el día de hoy no deja de denunciar a la empresa por irregularidades y contaminación ambiental y dejó en claro que lo llamativo no es solamente la magnitud de las acusaciones, sino que, pese a decenas de denuncias administrativas, reclamos judiciales, inspecciones, incendios, estudios sanitarios y movilizaciones vecinales, la planta continúa funcionando.
El comienzo del conflicto
Los vecinos sitúan el origen del problema en 2007, cuando comenzó a funcionar un horno incinerador bajo el nombre de Termosan Ecologic System.
Años después, la firma pasó a operar como Pelco S.A.
Desde entonces, comenzaron las denuncias por humo permanente, olores penetrantes, irritación ocular, problemas respiratorios y contaminación ambiental.
En 2010, más de mil vecinos presentaron firmas para exigir la intervención del Estado.
Ese mismo año, el Concejo Municipal aprobó la Ordenanza Nº 28/2010, que prohíbe la instalación y funcionamiento de hornos incineradores de residuos peligrosos y rellenos de seguridad en Puerto General San Martín.
Sin embargo, según sostienen los denunciantes, la empresa no sólo continuó operando sino que incluso amplió su capacidad de tratamiento de residuos.
Tres incendios de gran magnitud: nadie se hace cargo
La planta de tratamiento de residuos peligrosos sufrió al menos dos incendios de importantes dimensiones, episodios que volvieron a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad de este tipo de emprendimientos en la región.
El primero ocurrió el 12 de septiembre de 2011, cuando un incendio se desató en uno de los depósitos de la planta. El fuego demandó varias horas de trabajo de distintas dotaciones de bomberos y afectó sectores clave de las instalaciones, generando una fuerte preocupación entre los vecinos por la presencia de residuos contaminados con hidrocarburos, plásticos, tóners y otros materiales considerados peligrosos.
Organizaciones ambientalistas y vecinos recuerdan que el incendio se produjo en un contexto de crecientes cuestionamientos judiciales y ambientales sobre el funcionamiento de la planta. Según sostienen, el episodio ocurrió pocos días después de que se impulsaran pedidos de inspecciones y controles ambientales más rigurosos, alimentando sospechas y reclamos de mayor transparencia en torno a la actividad de la empresa.
El segundo gran incendio se registró años más tarde en 2016, en un sector vinculado al procesamiento de residuos industriales y combustibles alternativos. El fuego obligó nuevamente a la intervención de múltiples dotaciones de bomberos de la región, incluyendo efectivos de San Lorenzo, Prefectura y Bomberos Zapadores, debido al riesgo potencial derivado de la naturaleza de los materiales almacenados. Las causas tampoco quedaron completamente esclarecidas y volvieron a reabrir el debate sobre los mecanismos de prevención y control.
Pero no termina acá, ocurrió un tercer incendio en 2023, el fuego se originó en un depósito donde se almacenaban distintos tipos de residuos industriales, entre ellos medicamentos, pinturas, hidrocarburos y otros productos químicos, misma planta qu eya habia causado problemas.
Para los denunciantes, ambos episodios constituyen antecedentes de extrema gravedad y exponen los riesgos inherentes a la manipulación y almacenamiento de residuos peligrosos en cercanía de áreas urbanas y pobladas. También remarcan que los incendios reavivaron históricas preocupaciones vinculadas al impacto ambiental, la posible liberación de sustancias contaminantes y la necesidad de reforzar los controles estatales sobre este tipo de establecimientos.
Las inspecciones que detectaron irregularidades
En 2014, vecinos de Puerto General San Martín y Timbúes realizaron nuevas presentaciones ante la Secretaría de Medio Ambiente de Santa Fe, el Sindicato de Químicos de Bermúdez y el Ministerio de Trabajo provincial, denunciando presuntas irregularidades en el funcionamiento de la planta y posibles riesgos para los trabajadores y la comunidad.
Según la documentación exhibida por los denunciantes, la única respuesta formal llegó por parte del Ministerio de Trabajo, que efectuó una inspección en el predio y detectó 16 irregularidades vinculadas a las condiciones de higiene y seguridad laboral.
Si bien el contenido completo de esas observaciones no trascendió públicamente, los vecinos sostienen que las deficiencias detectadas reflejaban problemas estructurales en el manejo de residuos peligrosos y en las condiciones operativas de la empresa.
Para los denunciantes, la situación resulta especialmente preocupante debido a la cercanía de la planta con zonas habitadas y por la posibilidad de que eventuales fallas en los protocolos de seguridad puedan generar consecuencias que trasciendan el ámbito laboral y alcancen también al ambiente y a la población circundante.
A ello se suman los testimonios de ex trabajadores que habrían advertido sobre supuestas prácticas irregulares, entre ellas presuntos enterramientos clandestinos de residuos peligrosos y el vertido de lixiviados en campos linderos.
Pese a las observaciones efectuadas por el organismo laboral y a las sucesivas denuncias presentadas durante los años siguientes, aseguran que nunca se produjeron modificaciones estructurales de fondo ni se implementaron controles permanentes capaces de despejar las dudas sobre el impacto ambiental de la planta.
«Las inspecciones iban y venían, pero el problema seguía siendo el mismo», sostienen quienes impulsan los reclamos desde hace más de una década. En ese sentido, cuestionan que, pese a la reiteración de denuncias y antecedentes, no se haya impulsado una auditoría ambiental integral e independiente que permita determinar el verdadero estado de las instalaciones y el posible alcance de los daños denunciados.
La denuncia más grave: presuntos enterramientos clandestinos
Uno de los capítulos más delicados de esta historia gira alrededor de los supuestos enterramientos ilegales de residuos peligrosos.
Ex trabajadores relataron la existencia de cavas clandestinas utilizadas para la disposición de residuos industriales, además del presunto vuelco de lixiviados sobre campos linderos, prácticas que, de confirmarse, podrían representar un serio riesgo ambiental debido a la posibilidad de contaminación del suelo y de las napas subterráneas.
Estas acusaciones cobraron mayor relevancia en 2015, cuando el antropólogo Juan Nóbile, denunció el hallazgo de residuos industriales y cenizas en una cava ubicada frente al predio de Pelco.
Según lo expuesto en aquella presentación judicial, la excavación tendría aproximadamente 12 metros de profundidad y contendría una importante cantidad y variedad de residuos industriales. Nóbile sostuvo además que la presencia de ese material dificultó considerablemente las tareas de búsqueda de la mujer desaparecia en San Lorenzo, Paula Perassi y advirtió sobre el riesgo ambiental que implicaba su cercanía con la napa freática.
Los vecinos sostienen que estas sospechas se ven reforzadas por la escasa vegetación observada en sectores cercanos al predio y por denuncias históricas sobre presuntos derrames de lixiviados en campos aledaños entre 2012 y 2013.
Asimismo, cuestionan que nunca se haya realizado una investigación pública integral que permitiera determinar la naturaleza de los residuos hallados, su origen y el eventual impacto ambiental derivado de su disposición.
El relleno de seguridad, bajo la lupa
Otra parte central de la denuncia apunta al denominado «relleno de seguridad», donde se depositan las cenizas resultantes de la incineración.
Los vecinos sostienen que observaron cenizas expuestas al viento, residuos acumulados fuera de las celdas, focos de incendio y la ausencia de elementos que ,afirman—,exige la normativa técnica para este tipo de instalaciones, como impermeabilización adecuada y sistemas de captación de lixiviados.
Esas irregularidades, podrían implicar graves riesgos para el suelo y las napas subterráneas.
¿Qué respiran los vecinos?
Desde hace años, habitantes de Puerto General San Martín y Timbúes describen síntomas similares.
Hablan de irritación en los ojos, dolores de cabeza, náuseas, alergias, sarpullidos, problemas respiratorios y un incremento de casos de cáncer.
Los denunciantes citan además un Campamento Sanitario realizado en 2016 por la Cátedra de Medicina Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, donde una parte importante de la población relevada manifestó padecer enfermedades respiratorias, problemas dermatológicos y cáncer.
Ese relevamiento no estableció una relación causal directa con la empresa, pero los vecinos consideran que constituye un fuerte llamado de atención para profundizar investigaciones epidemiológicas independientes.
Nuevas denuncias en 2026
Lejos de disminuir, las acusaciones se intensificaron este año.
Ex trabajadores y vecinos aseguran que la empresa junto a IDM, estaría recibiendo miles de toneladas de residuos provenientes de otras plantas industriales.
También sostienen haber realizado análisis de aire, suelo y sangre que detectaron la presencia de metales pesados como cromo, manganeso y mercurio.
Denuncias contra funcionarios
Los vecinos afirman haber presentado reclamos durante años ante la Secretaría de Ambiente de Santa Fe, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) y el Ministerio Público de la Acusación.
En su presentación pública también expresan sospechas sobre una supuesta falta de controles estatales y formulan acusaciones contra funcionarios y autoridades locales, afirmaciones que hasta el momento no cuentan con resoluciones judiciales que las acrediten.
Una causa que lleva casi veinte años
Mientras la empresa continúa operando, los vecinos sostienen que la contaminación persiste y que las respuestas oficiales siguen sin llegar.
El conflicto ya atravesó distintos gobiernos municipales, provinciales y nacionales.
Cambiaron funcionarios, cambiaron administraciones y cambiaron organismos de control.
Pero las denuncias continúan siendo prácticamente las mismas.
Los principales puntos que reclaman los vecinos
- Una auditoría ambiental independiente sobre la planta.
- Estudios oficiales de calidad del aire, agua y suelo.
- Investigación sobre el funcionamiento del relleno de seguridad.
- Determinar si existieron enterramientos ilegales de residuos peligrosos.
- Investigación epidemiológica sobre el impacto sanitario en la población.
- Mayor transparencia sobre los controles realizados por los organismos ambientales.
- Intervención judicial para establecer si existieron responsabilidades administrativas o penales.
Las respuestas pendientes
Después de casi veinte años de conflicto, las preguntas siguen abiertas.
¿Se realizaron todos los controles ambientales que correspondían?
¿Las inspecciones fueron suficientes?
¿Cuál es el verdadero impacto de la planta sobre el ambiente y la salud?
¿Se cumplieron todas las exigencias legales para el tratamiento de residuos peligrosos?
Son interrogantes cuya respuesta dependerá de las investigaciones y de las autoridades competentes que nunca llegan. Mientras tanto, el reclamo de los vecinos continúa y el conflicto permanece sin una resolución definitiva.
