Puerto San Martín: denuncian mal manejo de residuos peligrosos con presunta complicidad provincial
Jorge Aragón, socio minoritario de la industria sanlorencina, acusó a los nuevos dueños de intentar vaciar la planta tras una operación millonaria. También habló de cavas clandestinas, pasivos ambientales y maniobras nocturnas con residuos industriales.
La situación de IDM, una histórica industria de San Lorenzo dedicada al tratamiento de residuos peligrosos, enciende las alarmas en el Gran Rosario. La empresa, que meses atrás fue vendida a una sociedad denominada Caterina Group, arrastra un conflicto societario, laboral y ambiental que ahora suma una acusación de alto voltaje político: su socio minoritario Jorge Aragón denunció que habría maniobras ilícitas con presunta complicidad del gobierno provincial.
Aragón fue uno de los socios de IDM y, a diferencia del resto, no cedió su participación. Por eso conserva casi el 17% del paquete accionario. Según explicó, el resto de la empresa fue transferido a los nuevos propietarios en una operación millonaria.
En diálogo con El Liberador, Aragón sostuvo que los compradores de IDM serían los mismos empresarios vinculados a Aluar, la fábrica de aluminio de Puerto Madryn, y a Pelco, firma del mismo rubro que hasta hace poco era competidora directa.
“Pagaron unos u$s20.000.000”, indicó Aragón sobre el valor de la transacción. Sin embargo, aseguró que se opuso al negocio porque, según su denuncia, el objetivo de los nuevos dueños no sería recuperar la producción sino vaciar la empresa y retirar el pasivo ambiental acumulado.
El exsocio afirmó que la planta continúa clausurada, pero que en sus galpones todavía queda un volumen enorme de residuos industriales. En ese punto, lanzó una de sus acusaciones más graves: “Acá se enterraron por lo menos 10.000 toneladas de residuos en cavas clandestinas. Sin ningún tipo de tratamiento ni siguiendo protocolos de seguridad ambiental”, aseguró.
El exsocio dijo además que viene realizando presentaciones judiciales desde hace años, pero que nunca obtuvo una respuesta efectiva. “Hace seis años que vengo radicando estas denuncias”, afirmó.
De acuerdo con su testimonio, IDM recibe residuos de grandes industrias del país para su tratamiento. En la planta, según relató, se acumulaban materiales con presencia de cromo, cadmio, litio, PCB y otros componentes de alta peligrosidad. “Había de los peores residuos industriales. Nosotros conocemos lo que hay adentro”, sostuvo. Al mismo tiempo, aseguró que llegan residuos de industrias de todo el país.
El dirigente empresario también apuntó contra presuntas maniobras para retirar material sin controles adecuados. Según dijo, parte del pasivo ambiental estaría siendo sacado de a poco por camiones, durante la noche o la madrugada, con destino a hornos vinculados a Pelco. “Eso se ejecuta clandestinamente, sin permiso ni registro”, denunció.
Aragón aseguró que él y su familia mantienen una protesta frente al ingreso de la fábrica para impedir que se retire material del predio. “Nos pusimos a luchar con el colectivo contra el portón para que no se lleven el pasivo”, contó.
La denuncia también involucra a los vecinos de la zona. Aseguró que familias cercanas a la planta relataron problemas de salud, contaminación del agua y muerte de animales. “La gente que vive alrededor está enferma. Se han muerto animales, se han intoxicado tomando agua”, relató.
Para el socio minoritario, el riesgo no se limita a al Departamento San Lorenzo. Por la ubicación de la planta dentro del cordón industrial y por la dinámica de los vientos, advirtió que las emisiones o partículas podrían afectar a otras localidades de la región. “Estamos a 30 kilómetros de la Ciudad de Rosario. Cuando hay viento norte, ¿qué pensás que pasa? Eso llega”, planteó.
Aragón pidió que se investigue la composición real de Caterina Group, los beneficiarios finales de la operación y los vínculos empresariales detrás de la compra. También apuntó contra una supuesta red de protección política en la provincia, aunque esas afirmaciones deberán ser corroboradas con documentación, expedientes y registros societarios.
“Están desesperados por habilitar la empresa”, insistió. Y remarcó que el problema no es sólo económico: “Son residuos industriales, tóxicos, químicos. Mezclás dos o tres productos y se arma una nube tóxica”.
Las acusaciones deberían ser contrastadas por la Justicia, con pedido de informes ambientales, documentación societaria y testimonios de trabajadores y vecinos. Pero el caso ya plantea una pregunta sensible para Puerto General San Martín y para todo el cordón industrial: si una planta dedicada al tratamiento de residuos peligrosos puede volver a operar mientras persisten denuncias por cavas clandestinas, pasivos ambientales, retiro nocturno de materiales y presunta protección política provincial.
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