Cazabobos: Vialidad Nacional denuncia más de 100 radares ilegales en rutas de Santa Fe
El Gobierno de Pullaro colocó medidores de velocidad en rutas nacionales sin autorización de Nación. “Todas las multas quedan inválidas”, advirtieron desde el organismo nacional.
Un relevamiento interno de organismos nacionales encendió las alarmas sobre el sistema de control de velocidad en rutas y autopistas de la provincia Santa Fe. El informe arrojó que más de un centenar de radares instalados en rutas nacionales dentro del territorio provincial no contarían con la autorización correspondiente de Nación, pese a que fueron utilizados para labrar multas a conductores.
La situación compromete a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), dependiente del gobierno de Maximiliano Pullaro, que habría avanzado con la instalación de cinemómetros, o medidores de velocidad, en corredores bajo jurisdicción nacional sin completar el procedimiento administrativo obligatorio ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial y sin intervención técnica de Vialidad Nacional.
La documentación a la que accedió este medio enumera radares fijos ubicados en distintos puntos estratégicos de la provincia. Entre estos aparecen equipos en arterias clave como la avenida Circunvalación de Rosario (A008); en la Circunvalación de Santa Fe (A007); y en la zona de Reconquista (A009).
El caso no es menor. Si los radares no fueron autorizados por Nación, las infracciones emitidas a partir de esos dispositivos podrían quedar bajo cuestionamiento administrativo y judicial. En otras palabras, miles de conductores podrían haber pagado multas originadas en equipos que, según Vialidad Nacional, no estaban habilitados para funcionar en rutas nacionales. Esto invalida esas multas.
En contacto con El Liberador, el jefe del 7° Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional, Gastón Bruno, confirmó la existencia del conflicto y apuntó directamente contra la APSV.
“Acá hay más de 100 radares en ruta nacional que no están autorizados. La principal responsable es la Agencia Provincial de Seguridad Vial”, sostuvo. El funcionario aclaró que el debate no pasa por la homologación técnica del aparato, sino por la autorización para instalarlo en una ruta nacional. Según explicó, un radar puede estar homologado como instrumento de medición, pero eso no significa que tenga permiso para ser colocado dentro de una zona de camino nacional.
“La homologación de un instrumento de medición, como es el radar o cinemómetro, es una cosa. Que el INTI te diga que ese aparato sirve para medir la velocidad no tiene nada que ver con la autorización”, explicó.
La diferencia es central. En las rutas nacionales, todo el espacio que va “de alambrado a alambrado” forma parte de la llamada zona de camino, bajo jurisdicción del Estado nacional. Cualquier estructura que se instale allí —desde carteles hasta pórticos, columnas o cinemómetros— debe ser informada, evaluada y autorizada.
“Cualquier obstáculo que vos coloques dentro de la zona de camino no deja de ser un riesgo latente para cualquier automovilista. La Agencia Nacional debería saber si donde lo colocan no genera un riesgo vial”, señaló.
Desde Vialidad Nacional sostienen que ese procedimiento no se cumplió. La APSV, según el jefe de la dependencia, instaló o permitió instalar dispositivos sin que Nación los tuviera inventariados ni hubiera intervenido en la evaluación técnica del lugar. “Te están colocando algo que nosotros no tenemos registrado”, alertó.
El esquema que describe Bruno tiene varios pasos: la Provincia, a través de la APSV, contrata una empresa que provee e instala los equipos; luego delega la emisión de infracciones en municipios o comunas; y las multas llegan al conductor con membretes locales, aunque dentro de un sistema articulado por la Agencia Provincial.
“La Provincia, por intermedio de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, tiene contratada una empresa que provee e instala los equipos, y después delega en los municipios”, indicó.
Uno de los puntos más sensibles es la Circunvalación de Rosario, uno de los corredores de mayor tránsito del país. Allí fueron detectados varios radares sobre la traza identificada como A008, especialmente en zonas de fuerte circulación como entre las bajadas de Ovidio Lagos y Uriburu. Por la autopista urbana rosarina circulan en promedio por día más de 60.000 vehículos.
Según el jefe del distrito santafesino, si no se cumplieron los pasos de autorización ante Nación, las actas emitidas por esos dispositivos pierden sustento. “No cumplidos esos pasos, y dicho por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, todas las multas que se efectúen quedan inválidas”, remarcó.
A su vez, relató un caso personal que expone la mecánica del sistema. Dijo haber recibido una multa en la vieja Ruta 9, en jurisdicción de Carcarañá, pese a tratarse de una ruta nacional donde el radar no contaba con autorización. “Me hicieron una multa en la vieja Ruta 9, en Carcarañá. El acta fue realizada por la Municipalidad de Carcarañá, pero arriba decía APSV. Envié una nota a la Agencia Provincia consultando cómo me estaban haciendo una multa en una ruta nacional donde el radar no está autorizado”, relató.
Según Bruno, junto con ese reclamo acompañó una carta documento enviada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial a la Municipalidad de Carcarañá para intimar por el uso del cinemómetro. “Hace más de dos meses que envié la nota y no me respondieron”, aseguró.
El conflicto ya escaló dentro de la estructura nacional. Bruno confirmó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial comenzó a enviar intimaciones a distintas comunas y municipios para que retiren los dispositivos instalados sin autorización. Sin embargo, Vialidad Nacional todavía no avanzó con el retiro físico de los equipos porque la definición podría terminar en la Justicia.
“La Agencia Nacional ya empezó a librar intimaciones para que los retiren a distintas comunas. El distrito los iba a empezar a sacar, pero desde Buenos Aires nos indicaron que por ahora no lo hagamos porque aún no saben si iban a avanzar por vía judicial u otra vía”, explicó.
Para Nación, el problema no es solo económico. También hay un riesgo vial y jurídico. Si un automovilista sufre un accidente contra una columna o estructura no autorizada dentro de una ruta nacional, el Estado nacional podría quedar involucrado por un elemento que nunca fue informado ni aprobado. “Si se mata una persona en una ruta y choca contra la columna que soporta el radar, ¿qué pasa? Nosotros no lo teníamos inventariado, nadie nos lo comunicó. Ahí habría graves problemas”, advirtió.
El caso abre una discusión de fondo sobre el uso de la seguridad vial como mecanismo de recaudación. La Provincia sostiene desde hace años un esquema de controles, convenios con municipios y emisión de multas en distintos corredores. Pero el planteo de Nación pone en duda la legalidad de una parte de ese sistema cuando se aplica sobre rutas nacionales.
“Cuando uno analiza la recaudación, primero está el perjuicio que le generás al usuario, cobrándole algo que no debería cobrarse. Y después está lo que recaudan de manera ilegal”, sostuvo Bruno.
La investigación deja planteadas varias preguntas: cuántas multas se emitieron con radares sin autorización, cuánto dinero recaudaron la Provincia y los municipios, qué empresa instaló los equipos, qué funcionario autorizó su colocación y qué pasará con los conductores que ya pagaron infracciones posiblemente inválidas.
