Una sobrina de Jésica Cirio bajo sospecha de la Justicia por 77 propiedades y más de 200 vehículos
Mientras se filtran videos con presuntos fajos de dólares en la residencia del exintendente Martín Insaurralde, la causa por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos pone el foco en Priscila Ferrante. La Justicia investiga si el inmenso patrimonio registrado a nombre de la joven funcionaba como una estructura para ocultar fondos de origen ilícito.
La política bonaerense vuelve a quedar sacudida por un escándalo patrimonial que se encuentra bajo el escrutinio de la Justicia Federal. En el marco de la causa que investiga al exjefe de Gabinete provincial Martín Insaurralde y a su expareja, la conductora Jésica Cirio, los investigadores avanzan sobre una presunta red de ocultamiento de bienes que desafía cualquier lógica económica.
En las últimas horas, el expediente sumó un episodio de alto impacto público tras la filtración de registros audiovisuales, presuntamente grabados en 2023, en los que se observarían bolsas y fajos de dólares en efectivo ocultos en el vestidor de la casa que el exmatrimonio compartía en el barrio Fincas de San Vicente.
Si bien ese material se encuentra en etapa de análisis para determinar el origen y la legalidad de los fondos, su aparición aceleró otras líneas de investigación sobre el entorno familiar y patrimonial que rodeaba al exfuncionario kirchnerista.
El patrimonio bajo la lupa judicial
El punto central del expediente se enfoca ahora en Priscila Daiana Ferrante, de 33 años. Presentada públicamente como familiar y allegada íntima de Jésica Cirio, los registros oficiales la vinculan con una enorme cantidad de activos, lo que llevó a los investigadores a indagar su posible rol como testaferro.
El listado de bienes bajo investigación incluye:
- 77 propiedades inmuebles.
- Más de 200 vehículos, entre autos, camiones y motos.
- Embarcaciones y otros bienes de alto valor comercial.
Entre esas propiedades, la Justicia analiza con especial atención una mansión ubicada en José María Penna al 1700, en Banfield Oeste. El inmueble cuenta con 750 metros cuadrados cubiertos y comodidades como habitación de seguridad “antipánico”, quincho, piscina y barra.
Según las actuaciones preliminares, la propiedad figura a nombre de Priscila Ferrante y de su padre, Andrés Ferrante, quien registra antecedentes penales por violencia de género. Sin embargo, los investigadores buscan determinar si el adquirente real habría sido Martín Insaurralde, por una suma cercana a u$s1,8 millones.
El proceso judicial y el reclamo de transparencia
El proceso legal se encuentra en plena etapa de instrucción y todavía no existe un fallo firme que condene a los involucrados. En sus declaraciones judiciales, Insaurralde rechazó categóricamente haber utilizado personas interpuestas para ocultar patrimonio.
No obstante, el volumen de elementos reunidos llevó a que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara medidas cautelares severas, entre ellas la inhibición general de bienes del exfuncionario, de Jésica Cirio y de Sofía Clerici.
El expediente también investiga presuntas maniobras de evasión y préstamos irregulares durante gestiones anteriores. Además, evalúa el alcance territorial de los bienes bajo sospecha, que incluirían desde campos y chalets en Pinamar hasta propiedades en Puerto Madero y Miami.
Más allá de los tiempos procesales y del principio de inocencia que rige en el Estado de Derecho, el nivel de riqueza que rodea a dirigentes políticos de distritos históricamente postergados exige respuestas claras.
Los contribuyentes que sostienen la estructura estatal con sus impuestos merecen que la Justicia determine, de manera definitiva y transparente, si este patrimonio tiene un origen lícito o si se trata del botín de la vieja política.
