Panamá frenó a China en la OEA: “Respete mi Constitución como yo respeto la suya”
El canciller Javier Martínez-Acha defendió la soberanía panameña y la separación de poderes ante el reclamo de Beijing por el fallo que declaró inconstitucional la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Panamá protagonizó un fuerte cruce diplomático con China durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. El canciller Javier Martínez-Acha respondió al representante chino ante el organismo y le reclamó respeto por la Constitución panameña, luego de que Beijing cuestionara la decisión judicial que afectó la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.
El intercambio se produjo durante una sesión de la OEA en Ciudad de Panamá. El representante permanente de China ante el organismo, Xie Feng, criticó la actuación del Estado panameño en la disputa vinculada a Panama Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison.
La controversia tiene origen en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que en enero declaró inconstitucional la renovación de la concesión otorgada a la empresa para operar las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal. La decisión abrió un proceso de transición administrativa y la búsqueda de nuevos operadores temporales para garantizar la continuidad de la actividad portuaria.
Durante su intervención, el diplomático chino sostuvo que la decisión enviaba una señal negativa para la inversión extranjera. También pidió a Panamá “corregir sus errores” y proteger los derechos e intereses de las empresas chinas.
La respuesta panameña fue inmediata. Martínez-Acha defendió la independencia de los órganos del Estado y recordó que Panamá es una democracia con separación de poderes, donde el Ejecutivo no puede interferir en una decisión judicial.
“Mi país es una democracia. Su país es distinto al mío”, sostuvo el canciller, en una frase que marcó el tono del cruce. Luego agregó que representantes chinos en Panamá le habían pedido en varias ocasiones que interfiriera para revertir un fallo de otro órgano del Estado.
“Me pidieron varias veces que yo interfiriese ante una decisión de un órgano con separación de poderes para revertir un fallo que lo único que puede hacer mi gobierno es obedecerlo”, afirmó Martínez-Acha.
El canciller cerró su respuesta con un mensaje directo: “Lo invito a desescalar, lo invito a hablar respetuosamente, pero lo invito a respetar mi Constitución como yo respeto la suya”.
La frase tuvo fuerte repercusión política porque expuso una diferencia de fondo entre ambos sistemas. Panamá defendió el principio republicano de división de poderes frente a un reclamo de China, país gobernado por un régimen de partido único donde las decisiones políticas y judiciales no funcionan bajo el mismo esquema institucional.
El gobierno panameño remarcó que no se trata de una medida contra China ni contra la inversión extranjera, sino del cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema. En ese marco, sostuvo que el Ejecutivo está obligado a acatar la Constitución y garantizar una transición ordenada en los puertos afectados.
El presidente José Raúl Mulino respaldó públicamente al canciller. A través de redes sociales, afirmó que compartía totalmente la posición expresada por Martínez-Acha ante la intervención del observador chino y señaló que la defensa de los intereses panameños es “una e indivisible”.
El episodio ocurre en un contexto de creciente tensión regional por la influencia de China en infraestructura estratégica, puertos, comercio y rutas marítimas. En el caso panameño, la discusión adquiere todavía más relevancia por el peso del Canal de Panamá y de sus terminales portuarias en el comercio global.
Para Panamá, el mensaje fue claro: las inversiones extranjeras son bienvenidas, pero no por encima de la Constitución. El país busca sostener vínculos económicos con China, pero sin aceptar presiones que desconozcan sus instituciones internas.
El cruce también dejó una señal para la región. En momentos en que Beijing intenta ampliar su influencia en América Latina, Panamá reivindicó que ningún actor externo puede exigirle al Ejecutivo que pase por encima de la Justicia o ignore la separación de poderes.
La discusión por los puertos continuará en el plano administrativo, comercial y diplomático. Sin embargo, la respuesta panameña ya dejó una definición política: la soberanía nacional y el orden constitucional no se negocian bajo presión extranjera.
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