Condenan a 100 años de prisión al líder de una célula de Antifa por un ataque armado en Texas
Benjamin Song fue señalado por la Justicia estadounidense como organizador del ataque al Centro de Detención de Prairieland, en Texas.
La Justicia de Estados Unidos condenó a 100 años de prisión a Benjamin Song, identificado por el Departamento de Justicia como líder de una célula de Antifa en el norte de Texas, por su rol en el ataque armado contra el Centro de Detención de Prairieland, una instalación de ICE ubicada en Alvarado.
El hecho ocurrió el 4 de julio de 2025, cuando un grupo organizado atacó el predio durante una protesta contra las políticas migratorias. Según la acusación, la ofensiva incluyó disparos contra agentes, lanzamiento de explosivos, vandalismo y una acción coordinada para emboscar a las fuerzas de seguridad que respondieron al incidente.
Song recibió la pena más dura tras ser condenado por intento de asesinato y cargos vinculados a terrorismo. De acuerdo con el Departamento de Justicia, fue quien organizó y dirigió el ataque contra la instalación federal. Otros siete acusados recibieron condenas de entre 30 y 70 años, acumulando en total 450 años de prisión entre los ocho sentenciados.
La fiscalía sostuvo que el grupo no actuó de manera improvisada, sino como una célula coordinada. Los investigadores presentaron como prueba comunicaciones, planificación previa, materiales de propaganda, armas, equipamiento táctico y elementos utilizados durante el ataque.
Durante el episodio, un oficial de policía de Alvarado resultó herido de bala. Las autoridades afirmaron que el ataque buscaba generar caos en el centro de detención y atraer a las fuerzas de seguridad hacia una zona de riesgo.
El caso fue presentado por el Gobierno estadounidense como un ejemplo de violencia política organizada. Para el Departamento de Justicia, no se trató de una protesta que se salió de control, sino de una acción planificada contra una instalación federal y contra agentes del orden.
El secretario de Seguridad Nacional y funcionarios federales celebraron las condenas como una señal de respaldo a las fuerzas de seguridad y a los trabajadores de inmigración. El mensaje oficial fue claro: quienes ataquen instalaciones federales o intenten asesinar policías enfrentarán penas severas.
La defensa y organizaciones afines a los acusados cuestionaron las condenas y denunciaron una persecución política contra activistas de izquierda. También señalaron que algunos de los condenados no habrían participado directamente de los disparos. Los abogados adelantaron que apelarán los fallos.
Sin embargo, para la Justicia, el nivel de coordinación del grupo, la preparación previa y el desenlace violento justificaron la aplicación de penas extremadamente duras. El expediente incluyó cargos por disturbios, apoyo material a terroristas y delitos vinculados al ataque armado.
El caso vuelve a poner en debate el límite entre protesta política y violencia organizada. En Estados Unidos, las manifestaciones contra ICE y contra la política migratoria se volvieron frecuentes en los últimos años, pero el ataque de Prairieland marcó un salto de gravedad por el uso de armas y explosivos.
Para sectores conservadores y defensores de la ley y el orden, la sentencia representa una advertencia necesaria frente a la radicalización de grupos de izquierda que utilizan causas sociales como cobertura para acciones violentas. Para organizaciones civiles críticas del fallo, en cambio, las penas son desproporcionadas y podrían afectar el derecho a la protesta.
Más allá del debate, la condena marca un precedente fuerte. Un líder identificado por las autoridades como parte de Antifa recibió 100 años de prisión por un ataque armado contra un centro federal de detención migratoria, mientras otros integrantes del grupo enfrentarán décadas tras las rejas.
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