Pullaro va por la cabeza del presidente de la Corte Suprema y busca romper la división de poderes en Santa Fe
La reforma judicial santafesina abre un fuerte debate institucional. La modernización de la Justicia es una necesidad, pero los mecanismos elegidos por el Ejecutivo provincial despiertan serios interrogantes sobre la independencia del Poder Judicial y el respeto por la división de poderes.
La modernización del Estado santafesino constituye una deuda constitucional impostergable. Pocos discuten que la Constitución provincial de 1962 requería una actualización profunda para responder a las exigencias del siglo XXI. En ese marco, adecuar la estructura judicial e incorporar un límite de 75 años para el ejercicio de la magistratura —en línea con la Constitución Nacional— representa una reforma saludable y un paso necesario hacia la renovación institucional. El verdadero debate no pasa por la necesidad de esos cambios, sino por la forma en que el Gobierno provincial pretende llevarlos adelante.
El escenario político santafesino presenta una particularidad inédita: un Poder Ejecutivo con mayorías propias en ambas cámaras legislativas. Esa fortaleza política, lejos de utilizarse para construir consensos amplios, parece haber derivado en una lógica de decisiones unilaterales. Cuando el Poder Legislativo resigna su rol de control y se limita a convalidar las iniciativas del Ejecutivo, el sistema de frenos y contrapesos —uno de los pilares del orden constitucional— comienza a debilitarse.
El conflicto por la renovación de la Corte Suprema de Justicia y la presión pública sobre su presidencia reflejan con claridad esa situación. La posibilidad, deslizada desde sectores del oficialismo, de impulsar un decreto para disponer el cese de quien encabeza el máximo tribunal constituye una anomalía institucional. En un Estado de Derecho, los mecanismos para la designación, permanencia y remoción de los magistrados están expresamente regulados por la Constitución. Intentar modificarlos mediante decisiones administrativas supone vulnerar el principio de legalidad.
Los hechos recientes trasladaron esa discusión al terreno de la realidad. La inauguración del nuevo edificio anexo de los tribunales de la capital provincial, que debía representar un gesto de fortalecimiento institucional, terminó exponiendo la profundidad del conflicto. Por un lado, el presidente de la Corte sostuvo públicamente que su alejamiento dependerá exclusivamente de su decisión personal, una postura que también genera controversias frente al nuevo esquema constitucional. Por otro, el ministro de Justicia, Jorge Baclini, expresó su aspiración de presidir el máximo tribunal como parte de lo que definió como un “devenir natural”. Ambas situaciones dejan al descubierto la dimensión política de la disputa.
Es precisamente allí donde el debate adquiere su mayor gravedad. Una renovación judicial impulsada bajo el argumento de mejorar la eficiencia pierde legitimidad cuando aparecen señales de un eventual alineamiento político en la futura integración de la Corte. La independencia judicial no se ve amenazada únicamente por las presiones sobre los jueces en funciones, sino también cuando el proceso de reemplazo transmite la idea de que el máximo tribunal debe responder al poder político de turno. Esa posibilidad desnaturaliza la división de poderes y compromete la imparcialidad que debe garantizar la Justicia.
El gobernador Maximiliano Pullaro puede considerar legítimos sus objetivos de modernización. Sin embargo, las instituciones no se diseñan para una gestión determinada, sino para perdurar en el tiempo. Si hoy se naturaliza que la conducción del Poder Judicial puede ser condicionada mediante presión política o mecanismos administrativos extraordinarios, mañana cualquier otro gobierno podría utilizar exactamente las mismas herramientas para avanzar sobre una Justicia incómoda.
La experiencia institucional argentina demuestra que los atajos legales adoptados con fines aparentemente legítimos suelen convertirse, con el tiempo, en precedentes que otros gobiernos aprovechan para profundizar prácticas mucho más cuestionables.
La calidad institucional de una provincia no se mide por la velocidad con la que un gobierno logra imponer sus reformas, sino por el respeto a las reglas que les otorgan legitimidad. Forzar los tiempos de aplicación de una reforma constitucional sobre magistrados en funciones, dejando de lado criterios de progresividad y aprovechando una mayoría legislativa circunstancial, puede representar una victoria política inmediata, pero también un debilitamiento estructural de la seguridad jurídica.
Cuando la garantía de inamovilidad de los jueces queda subordinada a la voluntad de las mayorías políticas, la Justicia deja de actuar como un poder independiente para convertirse en un instrumento condicionado por el poder de turno.
Santa Fe necesita una Justicia moderna, eficiente y transparente. Pero si el costo de esa transformación es erosionar la independencia judicial y relativizar las formas que sostienen la República, el resultado terminará siendo profundamente negativo. La dirigencia política santafesina tiene la responsabilidad de recuperar la cultura del consenso y comprender que el respeto irrestricto por las instituciones no es un obstáculo para las reformas, sino la condición indispensable para que perduren y fortalezcan la libertad democrática.
