Justicia feminista: nuevamente las advertencias no alcanzaron y otro niño perdió la vida
Sucedió en Salta. Otra vez familiares aseguran que habían advertido durante meses que un niño corría peligro. Otra vez las denuncias y alertas no alcanzaron para evitar el desenlace. Y otra vez la Justicia y los organismos quedan bajo la lupa por las decisiones adoptadas abriendo interrogantes sobre la capacidad del sistema para actuar a tiempo frente a situaciones de riesgo denunciadas reiteradamente.
Se trata de Thiago Altamirano, de dos años. La situación conmociona a todo el país. Mientras la madre del niño y su pareja permanecen detenidos e imputados por el homicidio, comienza a surgir una pregunta inevitable: ¿podía haberse evitado esta tragedia?
Los abuelos paternos sostienen que sí.
Afirman que desde 2025 realizaron incansablemente denuncias contra la madre del niño, ya que entendían que Thiago vivía en una situación de riesgo. Según los testimonios, advertían problemas de consumo de sustancias, episodios de violencia y condiciones incompatibles con el bienestar del menor. También aseguran que durante mucho tiempo fueron ellos quienes criaron al niño y a su hermano.
Sin embargo, las decisiones judiciales terminaron restituyendo el cuidado de los menores a su madre, pese a todas las advertencias que venían realizando.
La Justicia afirma que deberá determinar si esas afirmaciones son correctas y si existieron omisiones institucionales. Pero la pregunta de siempre es inevitable: ¿están funcionando correctamente los mecanismos de protección de la infancia?
En los últimos meses, ya se registra distintos similares donde determinadas perspectivas o criterios ideológicos terminan influyendo en las decisiones judiciales por encima de una evaluación estrictamente individual del riesgo que enfrenta cada niño. Desde esa mirada, el caso Thiago sería un ejemplo más de una justicia que no logró proteger a la verdadera víctima.
Del otro lado, especialistas en niñez se fundamentan con que «cada caso tiene características propias y que las decisiones judiciales deben basarse en las pruebas disponibles en cada expediente», pero cuando las pruebas están con solo mirar al niño y a su familia, ¿es realmente necesario tener que depender de un papel cooptado por perspectiva de género?
Lo que hoy sí está fuera de discusión es el resultado: un niño de dos años falleció luego de que, según su familia paterna, existieran múltiples advertencias previas sobre la situación que atravesaba, caso similar al de Ángel López.
La investigación penal ahora deberá establecer cómo ocurrieron los hechos y cuál fue la responsabilidad de los imputados. Pero también podría abrir otra investigación igual de importante: determinar si hubo errores, negligencias u omisiones por parte de quienes tenían la obligación de proteger a Thiago antes de que fuera demasiado tarde.
Porque cuando una familia afirma que denunció durante meses, cuando existían antecedentes conocidos por organismos públicos y, aun así, el desenlace termina siendo la muerte de un niño, la discusión ya no se limita a un expediente judicial. También interpela al funcionamiento del sistema de protección de la infancia y a la capacidad del Justicia para actuar a tiempo.
Thiago no fue protegido.
