Otro escándalo sexual golpea al peronismo: ahora buscan despegarse de un legislador cordobés por vínculos con red de explotación infantil
Ernesto “Cañito” Flores pidió licencia después de que un colaborador suyo fuera detenido en la causa que investiga una presunta red de explotación sexual infantil. El PJ cordobés intenta contener el costo político de un caso que vuelve a poner sobre la mesa antecedentes como Alperovich, Constantino, Orellana y Espinoza.
El peronismo cordobés enfrenta uno de los escándalos más graves de los últimos años y ahora comienza a hacer lo que la política suele hacer cuando el costo se vuelve insoportable: intentar despegarse rápidamente de quienes quedaron demasiado cerca del problema.
El protagonista político es Ernesto Ramón “Cañito” Flores, legislador departamental de Río Seco e integrante del bloque oficialista Hacemos Unidos por Córdoba. Flores pidió una licencia de seis meses sin goce de sueldo después de que José Aníbal Ricardo Villarreal, contratado en una nómina legislativa vinculada a su actividad, fuera detenido e imputado dentro de una investigación por grooming, abuso sexual con acceso carnal y explotación sexual de menores. La causa ya acumula 15 imputados, 14 detenidos y un prófugo, y tiene como víctimas bajo investigación al menos a cuatro menores de edad.
Flores no está imputado ni acusado penalmente hasta el momento y negó cualquier participación en los hechos. Pero el problema para el oficialismo cordobés excedió rápidamente su responsabilidad penal individual: Villarreal trabajaba territorialmente con él, otro excolaborador suyo siguió contratado hasta agosto pese a registrar una condena por usurpación y peculado y, según información difundida por Cadena 3 y recogida por Infobae, algunos de los episodios investigados habrían ocurrido en un campo perteneciente al propio legislador. Nada de esto prueba que Flores conociera los delitos, pero sí explica por qué el caso dejó de ser únicamente policial para convertirse en una bomba política dentro del peronismo provincial.
El oficialismo de Martín Llaryora consiguió aprobar la licencia por 34 votos contra 31 y rechazó avanzar directamente con la exclusión de Flores. Sin embargo, a medida que aparecieron nuevos elementos y testimonios, comenzó a crecer la presión interna para que directamente abandone la banca. Incluso la senadora Alejandra Vigo sostuvo públicamente que debería renunciar.
Más que una súbita demostración de severidad, la reacción expone el tamaño del problema que el PJ cordobés tiene entre manos. Ya no se discute solamente qué ocurrió con un asesor contratado: el escándalo alcanzó la estructura política de un legislador oficialista y obligó al peronismo a tratar de cortar rápidamente el vínculo antes de que el costo alcance al resto del armado provincial.
La causa comenzó a tomar dimensión después de la desaparición de una adolescente de 14 años. La geolocalización de su teléfono llevó a los investigadores hasta Santiago del Estero, donde fue encontrada junto con otra menor. A partir de allí, la fiscal Analía Cepede amplió la investigación y aparecieron indicios de una trama de grooming, abusos y explotación sexual que involucraría a remiseros, choferes, un efectivo policial y al entonces colaborador legislativo Villarreal.
El expediente sumó además el estremecedor testimonio de una mujer que aseguró haber sufrido durante años agresiones sexuales y brutales maltratos por parte de Villarreal. Según su relato, estuvo bajo el cuidado de su familia desde los dos años y consiguió abandonar ese entorno a los 16. La denuncia formal había sido realizada en 2021.
El problema político aparece justamente allí: ¿cómo llegó una persona posteriormente imputada por delitos de semejante gravedad a trabajar dentro de la estructura legislativa provincial? ¿Qué controles existían? ¿Quién avaló su contratación? ¿Cuánto se sabía sobre su actividad territorial? Son preguntas que hoy el oficialismo cordobés preferiría despejar sacando del centro de la escena a Flores.
Y el caso golpea todavía más fuerte porque no aparece en el vacío.
De Alperovich a Córdoba: una colección que el PJ preferiría olvidar
El antecedente más brutal es el del exgobernador peronista de Tucumán José Alperovich, uno de los hombres más poderosos del PJ del norte argentino durante décadas.
En junio de 2024, la Justicia lo condenó a 16 años de prisión por tres hechos de abuso sexual simple y seis hechos de abuso sexual agravado con acceso carnal contra su sobrina segunda y exsecretaria. El tribunal consideró probado que utilizó una relación de dependencia, autoridad y poder para someter a la víctima. También recibió inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
No se trataba de un dirigente marginal. Alperovich había gobernado Tucumán durante tres períodos consecutivos y luego llegó al Senado de la Nación. El fallo describió justamente cómo ese enorme poder político formó parte de la asimetría utilizada sobre la víctima.
Tucumán aportó además otro antecedente incómodo para el justicialismo. El exdiputado nacional peronista José Fernando Orellana fue condenado a tres años de prisión en suspenso por abuso sexual simple contra una trabajadora del Congreso. En mayo de 2025, la Corte Suprema dejó firme la condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Orellana era entonces legislador provincial del bloque justicialista y presentó su renuncia a la banca al día siguiente de conocerse la decisión del máximo tribunal.
En Entre Ríos, otro dirigente peronista terminó con una condena todavía más grave. Ángel Fabián Constantino, intendente del PJ de la localidad de Gilbert, recibió una pena de 14 años y seis meses de prisión por abusar sexualmente de tres mujeres. La sentencia fue posteriormente confirmada y en 2026 quedó sin instancias ordinarias de revisión después de que el Superior Tribunal provincial rechazara el recurso extraordinario de su defensa.
El caso Constantino también mostró una reacción política tardía. Las denuncias existían desde antes de su caída definitiva y el dirigente continuó aferrado al cargo hasta que la presión judicial y social volvió imposible sostener la situación. Recién entonces sectores del propio PJ reclamaron su renuncia y desafiliación.
Y en la provincia de Buenos Aires permanece abierto otro frente judicial que involucra a uno de los principales intendentes del peronismo bonaerense.
Fernando Espinoza, jefe comunal de La Matanza, deberá enfrentar un juicio oral por la denuncia de presunto abuso sexual realizada por una exsecretaria. Había sido sobreseído en febrero de este año, pero en julio la Cámara Nacional de Casación revocó aquella decisión y ordenó que el proceso oral se realice “a la mayor brevedad”. Espinoza niega la acusación y, a diferencia de Alperovich, Constantino y Orellana, no existe una condena en su contra, por lo que corresponde mantener plenamente la presunción de inocencia.
Los casos tienen diferencias jurídicas profundas y no corresponde mezclarlos como si todos estuvieran en la misma situación procesal. Pero políticamente dibujan una sucesión demasiado incómoda para un espacio que durante años pretendió apropiarse discursivamente de las banderas de género y los derechos de las mujeres.
Alperovich terminó condenado a 16 años.
Constantino, a 14 años y medio.
Orellana tiene una condena firme por abuso sexual.
Espinoza deberá sentarse en un juicio oral.
Y ahora, en Córdoba, una investigación por explotación sexual infantil desembarcó directamente en el entorno de un legislador del oficialismo peronista.
Esa es la verdadera dimensión del problema que intenta administrar Llaryora.
Flores podrá demostrar que no tuvo ninguna participación ni conocimiento de los hechos —y hasta ahora la Justicia no sostiene lo contrario—, pero el caso ya expuso la fragilidad de los controles políticos sobre las personas que ingresan a las estructuras financiadas por los contribuyentes.
Uno de sus colaboradores terminó detenido e imputado por delitos gravísimos. Otro permaneció contratado pese a registrar antecedentes penales. Y ahora el peronismo pretende resolver el costo institucional mediante una licencia y un eventual paso al costado.
La historia argentina reciente demuestra, sin embargo, que apartar al dirigente cuando el escándalo ya explotó no alcanza para borrar las preguntas.
El peronismo puede intentar sacarse de encima a Flores.
Lo que le cuesta bastante más es desprenderse de una larga colección de nombres propios, condenas y expedientes judiciales que atraviesan sus estructuras desde Tucumán hasta Entre Ríos, Buenos Aires y ahora Córdoba.
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