Nación intimó a la Universidad de Mar del Plata por agresiones contra alumnos libertarios

Capital Humano reclamó a la rectora Mónica Biasone medidas disciplinarias y garantías para la libertad de expresión. Estudiantes de LLA denunciaron ataques físicos, insultos y exclusión política; el centro estudiantil dio otra versión sobre el origen del conflicto.

Universidad de Mar del Plata

El Gobierno nacional intervino en la escalada de tensión política dentro de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y exigió a sus autoridades que adopten medidas concretas frente a las denuncias de agresiones y discriminación contra estudiantes identificados con ideas libertarias.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, envió una nota formal a la rectora Mónica Biasone por instrucción de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y reclamó que se determinen responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes y se garantice la seguridad de quienes participan de actividades políticas dentro de la institución.

“Ante los reiterados actos de violencia y discriminación”, Álvarez reclamó a Biasone que “asuma sus responsabilidades y ponga fin a la violencia”. También sostuvo que, si la Universidad no cuenta con los medios necesarios, debería requerir asistencia de las fuerzas de seguridad.

La intervención oficial se produjo después de incidentes registrados durante una asamblea en la Facultad de Humanidades. Militantes libertarios denunciaron agresiones verbales y físicas, hostigamiento y persecución ideológica, además de intentos por impedir su participación en espacios universitarios.

En la presentación enviada al Rectorado, la Subsecretaría hizo referencia además a expresiones atribuidas a una persona identificada por el Gobierno como docente y militante socialista, quien habría utilizado la palabra “fachos” para referirse a estudiantes con posiciones políticas distintas e instado a excluirlos de determinadas actividades. La Nación calificó esas manifestaciones como incompatibles con la convivencia democrática.

Álvarez argumentó que los hechos podrían encuadrarse como discriminación ideológica y recordó las obligaciones que la Ley de Educación Superior impone a las universidades para garantizar pluralidad, convivencia y participación.

El Gobierno pidió además que la UNMDP informe qué sumarios, actuaciones administrativas, sanciones o medidas disciplinarias abrió a raíz de los episodios denunciados.

La controversia, sin embargo, tiene versiones enfrentadas.

Desde agrupaciones libertarias sostuvieron ante medios marplatenses que vienen sufriendo “ataques constantes, verbales y físicos” por su posición política. En cambio, el presidente del Centro de Estudiantes de Humanidades afirmó que el enfrentamiento se produjo porque los militantes libertarios habrían intentado participar de la asamblea sin respetar condiciones previamente establecidas por sus organizadores.

Esa diferencia sobre el origen del conflicto no elimina la cuestión de fondo que planteó Nación: ningún estudiante debería ser agredido, discriminado o expulsado de la vida universitaria por sus ideas políticas.

La disputa adquiere además una dimensión mayor por el clima que atraviesa el sistema universitario. La conducción de la UNMDP y sus gremios mantienen una confrontación abierta con el Gobierno nacional por el financiamiento de las universidades, con paros y movilizaciones realizadas durante agosto. Biasone participó públicamente de reclamos para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Ese conflicto presupuestario no debería, sin embargo, confundirse con las garantías democráticas dentro de las aulas.

«La universidad pública puede cuestionar al Gobierno. Los gremios pueden realizar protestas. Los centros de estudiantes pueden sostener posiciones de izquierda, peronistas, radicales, libertarias o de cualquier otro signo. Pero ninguna mayoría política interna tiene derecho a decidir qué ideas pueden expresarse mediante la intimidación o la violencia«.

Ese es el argumento que ahora coloca Capital Humano sobre la mesa.

La Nación reclamó una respuesta institucional y dejó a la rectora Biasone frente a una definición: investigar lo ocurrido, determinar responsabilidades y demostrar que la Universidad Nacional de Mar del Plata puede garantizar que ser libertario, socialista, kirchnerista o cualquier otra cosa no sea una condición para poder estudiar y participar sin recibir agresiones.

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