Norte de Santa FeGato Colorado: denuncian saqueos y abandono provincial en una escuela que cerró Pullaro
La Escuela Nº 1211, ubicada en el extremo norte de Santa Fe, fue cerrada preventivamente luego de una grave denuncia ocurrida en marzo de 2025. Desde la comunidad advierten que, tras la intervención, el establecimiento quedó prácticamente desmantelado y reclaman explicaciones sobre el destino de colchones, camas, heladeras, freezers, cocinas, aires acondicionados y hasta un tanque de agua.
La intervención y el cierre preventivo de la Escuela Nº 1211 de Gato Colorado, una localidad del extremo norte santafesino pegada a la provincia de Chaco, abrió un nuevo foco de preocupación en la comunidad. Más allá del grave hecho que habría motivado la medida en marzo de 2025, ahora comenzaron a surgir cuestionamientos por lo ocurrido después con el establecimiento, sus bienes y el personal que no estaba involucrado en la investigación.
La institución funciona como albergue rural en una zona de alta vulnerabilidad social y geográfica, donde la escuela no cumple solamente un rol educativo, sino también de contención para niños, familias y trabajadores del norte profundo de la provincia. Por eso, el cierre total del edificio generó inquietud entre vecinos y sectores vinculados a la comunidad educativa.
Según la información aportada a El Liberador, tras la intervención se habría procedido al retiro de distintos elementos esenciales para el funcionamiento cotidiano del establecimiento. Entre ellos se mencionan colchones, camas, heladeras, freezers, cocinas, equipos de aire acondicionado y otros bienes que formaban parte de la estructura escolar.
A ese listado se sumaría también el retiro de un tanque de agua, un componente clave para el abastecimiento del lugar. Ese dato profundiza la preocupación, ya que no se trata de un elemento accesorio, sino de parte de la infraestructura básica necesaria para que una escuela rural pueda funcionar.
Las acciones habrían sido llevadas adelante por autoridades vinculadas a la coordinación regional de Educación. Sin embargo, hasta el momento no se conoce información pública clara sobre el destino de esos bienes, el motivo formal del traslado ni el organismo responsable de su custodia.
El principal interrogante pasa por la falta de documentación visible. Desde la comunidad reclaman saber si existió un inventario detallado de los elementos retirados, cuál fue el criterio utilizado para sacarlos del establecimiento, adónde fueron trasladados y bajo qué responsabilidad quedaron.
La ausencia de respuestas oficiales alimenta sospechas y versiones en la localidad. Si bien no existen confirmaciones formales sobre irregularidades, el retiro de bienes públicos sin una explicación clara genera un escenario propicio para los cuestionamientos sobre la trazabilidad de los recursos del Estado.
A la preocupación por el destino de los bienes se suma el estado actual del edificio. Según el material fotográfico al que tuvo acceso este medio, el predio presenta signos visibles de abandono, falta de mantenimiento, crecimiento del pasto y deterioro general. También habría registros del retiro de mobiliario y equipamiento del interior de la escuela, además de espacios donde habrían sido removidos artefactos como equipos de aire acondicionado.
El caso plantea una discusión que excede el hecho inicial que derivó en la intervención. El problema ya no pasa solamente por la denuncia que motivó el cierre preventivo, sino también por las decisiones posteriores: cómo se resguardó el patrimonio público, quién controló el movimiento de los bienes y qué medidas se tomaron para evitar que el establecimiento quedara en condiciones de abandono.
Otro punto sensible es la situación del personal no involucrado en los hechos investigados. Tras el cierre, no solo fueron apartadas de sus funciones las personas alcanzadas por la investigación —entre ellas la dirección, un docente y un celador—, sino que también otros trabajadores que no habrían tenido participación alguna quedaron sin posibilidad de continuar desempeñando sus tareas.
En particular, se señala que personal interino habría perdido su fuente laboral como consecuencia directa del cierre del establecimiento, sin que se conozcan medidas alternativas, reubicaciones o mecanismos de contención laboral. Esa falta de información refuerza la percepción de una gestión poco clara frente a una crisis que afecta tanto a la institución como a su comunidad.
La Escuela Nº 1211 cumple un papel central en una zona rural alejada, donde las distancias, las dificultades de traslado y las condiciones sociales hacen que la presencia del Estado educativo sea determinante. Por eso, distintos sectores se preguntan si la intervención debía implicar necesariamente la interrupción total del servicio educativo, o si era posible avanzar con medidas de resguardo institucional sin cerrar por completo el establecimiento.
En este contexto, el pedido de explicaciones apunta directamente a las autoridades educativas provinciales. La comunidad reclama información precisa sobre el destino de los bienes retirados, el estado actual del edificio, las medidas adoptadas para su conservación y la posibilidad de recuperar o reabrir el servicio educativo.
La falta de claridad instala una pregunta incómoda: si además de la crisis institucional que motivó el cierre, existieron irregularidades posteriores en el manejo de bienes públicos pertenecientes a una escuela rural del norte santafesino.
En una provincia donde los discursos oficiales suelen hablar de presencia territorial, transparencia y educación pública, el caso de Gato Colorado expone otra realidad: una escuela cerrada, bienes retirados sin información suficiente, trabajadores afectados y una comunidad que todavía espera respuestas.
