Otra radical condenada: Andrea Oberti recibió dos años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción como jefa comunal de Labordeboy
A pocos días de que El Liberador publicara un informe sobre dirigentes radicales condenados por corrupción, un nuevo caso se suma a la lista: Andrea Oberti, ex presidente comunal de Labordeboy y ex presidente de la UCR departamental, fue condenada el viernes a dos años de prisión en una causa por irregularidades en el manejo de fondos públicos.
El fallo vuelve a exponer al radicalismo del sur santafesino. La condena se dictó en el mismo departamento y a pocos kilómetros de Venado Tuerto, la ciudad del presidente de la UCR nacional Leonel Chiarella, que suele pronunciarse con rapidez sobre causas nacionales como el caso Adorni, pero mantiene un llamativo silencio cuando los escándalos judiciales golpean a dirigentes de su propio espacio político.
El silencio no es solamente de Chiarella. También alcanza a la totalidad de los medios locales y provinciales sostenidos con pauta estatal, que rara vez profundizan sobre los casos de corrupción que involucran al partido oficialista de la provincia de Santa Fe. Cuando se trata de la UCR, el relato público parece cambiar: lo que en otros espacios sería presentado como un escándalo institucional, dentro del radicalismo se administra con bajo perfil, protección política y silencio mediático.
Andrea Oberti, ex presidente comunal de Labordeboy entre 2007 y 2015 y ex presidente de la UCR entre 2005 y 2017, había llegado al tramo final del juicio con un pedido de cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, formulado por el fiscal Julián Cochero. La causa incluyó acusaciones por peculado, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública y falsedad ideológica, por hechos ocurridos durante su gestión comunal entre 2013 y 2015.
Uno de los ejes principales del expediente fue el manejo del Fondo de Obras Menores. Según la acusación, la comuna recibió más de 420 mil pesos destinados a obras de cordón cuneta, pero solamente una parte de ese dinero habría sido utilizada para ese fin, mientras que el resto habría tenido destinos ajenos al objetivo original.
A eso se sumaron cuestionamientos por el uso del Fondo Educativo Nacional correspondiente a los años 2013 y 2014. La fiscalía sostuvo que se habrían presentado rendiciones con documentación presuntamente falsa para justificar gastos no autorizados por la normativa vigente. La causa también expuso supuestas órdenes de pago apócrifas y diferencias entre los registros contables oficiales y los comprobantes presentados ante organismos de control.
El Ministerio Público también acusó a Oberti de haber utilizado fondos comunales para gastos personales, incluyendo pagos vinculados a aportes profesionales, situación encuadrada dentro del delito de peculado. En paralelo, se investigaron contrataciones directas sin licitación pública, entre ellas obras de iluminación y adquisiciones de vehículos, presuntamente realizadas en violación de la Ley Orgánica de Comunas.
La causa se inició tras una denuncia presentada por el ex jefe comunal, el peronista Bruno Iommi (que gobernó del 2015 al 2025) y terminó ahora con una condena que vuelve a sacudir al radicalismo provincial.
El costado político del caso es, quizás, tan grave como el judicial. Pese al avance de la causa y a la gravedad de las acusaciones, Oberti fue designada como jueza de faltas de Wheelwright, una decisión que distintos sectores de la región atribuyen a la influencia de Benjamín Gianetti, hijo del expresidente comunal radical y también condenado por corrupción Roberto Gianetti.
Pero el dato más grave es otro: Andrea Oberti sigue vinculada al Estado. Actualmente se desempeña como jueza de faltas de la comuna de Wheelwright, la misma localidad donde ya fue condenado el ex presidente comunal Roberto Gianetti, otro dirigente radical que dejó a su hijo al frente de la comuna y que, al salir del cargo, encontró refugio en Vialidad Provincial.
En el mundo radical santafesino, pareciera que nadie queda afuera de la caja del Estado.
La pregunta inevitable es cómo Oberti continúa ocupando un cargo público si la Justicia ya la condenó por hechos vinculados al manejo irregular de fondos públicos. Según trascendió, la ex presidente comunal habría apelado la sentencia y, hasta que no exista una resolución definitiva de instancias superiores, seguiría en funciones dentro del Estado.
La polémica reaviva las críticas sobre una estructura de poder local que parece reciclar nombres, proteger aliados y sostener dentro del Estado a personas investigadas o condenadas. Para muchos vecinos, el problema ya no es solamente la corrupción en sí, sino el entramado político que permite que los mismos dirigentes sigan ocupando espacios públicos aun después de quedar marcados por causas judiciales.
La situación de Andrea Oberti vuelve a poner sobre la mesa una discusión incómoda: qué tipo de dirigencia se construye cuando quienes deberían garantizar transparencia terminan rodeados de figuras cuestionadas por la Justicia.
Y en ese escenario, el radicalismo santafesino vuelve a mostrar una constante: discursos de ética pública hacia afuera, silencio cuando los condenados son propios y una red estatal que siempre encuentra lugar para los mismos nombres.
