Audios reveladores sobre las coimas en las SIRA que complican a Massa, Tombolini y el novio de Wanda Nara
El sistema SIRA fue la trampa perfecta. Con el cepo como excusa, el entonces ministro de Economía y su secretario de Comercio armaron un mecanismo donde empresarios pagaban entre el 10 y el 15 por ciento de coima para acceder al dólar barato. Los audios del celular de Martín Migueles —novio de Wanda Nara— destaparon el circuito. Mientras los medios miran a Adorni por 500 mil dólares, acá se habla de desvíos que podrían llegar a 7.000 millones.
La Justicia federal acaba de levantar el secreto de sumario en una de las causas de corrupción más graves de la historia reciente. Se trata de la investigación sobre el sistema SIRA —el mecanismo de autorización de importaciones que funcionó entre octubre de 2022 y diciembre de 2023— y deja al descubierto una estructura de saqueo cambiario que habría movido montos multimillonarios, con proyecciones que van de los 1.500 a los 7.000 millones de dólares desviados.
El fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo avanzan sobre una red de intermediarios que cobraban coimas del 10 al 15 por ciento para destrabar importaciones en medio del cepo. Y el punto de partida de la investigación fue el celular de Martín Migueles, exsocio de Elías Piccirillo y actual novio de Wanda Nara, donde se encontraron audios, chats y conversaciones que describen con lujo de detalles cómo funcionaba el negocio.
El sistema SIRA: la trampa armada por Massa y Tombolini
En octubre de 2022, el gobierno de Alberto Fernández —un presidente que ejercía más de decoración que de autoridad— anunció un nuevo mecanismo de autorización para habilitar importaciones y, en consecuencia, acceso al dólar oficial. Las SIRA, decían, buscaban evitar «avivadas» por parte de ciertas empresas que hacían negocio con la brecha cambiaria del 100 por ciento entre el dólar oficial «barato» y los dólares alternativos.
Pero la medida no la diseñó Fernández. La diseñó Sergio Massa, entonces ministro de Economía, junto con Matías Tombolini en la Secretaría de Comercio y Guillermo Michel en la Aduana. Y lejos de controlar, crearon el peaje perfecto: sin autorización oficial no se podía importar, y sin importación no había producción. Entonces aparecieron los intermediarios, los «gestores», los amigos del poder que cobraban coimas por acceder a un dólar oficial que luego se volcaba al blue o se sobrefacturaba en importaciones fantasmas.
Solo en 2023, bajo el cepo y con varios sectores con serias dificultades para acceder al dólar oficial, la Argentina importó por casi 75.000 millones de dólares. Solo el 1 por ciento de esa suma representa unos 750 millones. Y la investigación rastrea pagos ilegales diez veces más altos.
«La saco rápido»: los audios que complican a la banda
En uno de los intercambios incorporados al expediente, Migueles le aseguraba a un contacto identificado como «Adriel La Plata» que podía agilizar aprobaciones de importación a cambio de dinero. «Yo consigo que te den la SIRA rápido», prometía. Hablaba de porcentajes, pagos en dólares y operaciones que se resolvían «en una semana con toda la furia», cuando los plazos habituales podían extenderse hasta seis meses.
La causa también incluye diálogos con Ariel Germán Saponara, quien según registros laborales trabajaría en la Casa Rosada, donde se detallan negociaciones por autorizaciones vinculadas a autoelevadores y repuestos industriales. Aparece además Héctor Ezequiel Caputto, alias «El Pipo», señalado como contacto para destrabar operaciones. En los mensajes se habla de dinero «para dejar adentro», en referencia al pago a funcionarios con capacidad de influencia dentro del sistema estatal.
Las referencias a «la señora» y «Pato» —cuya identidad la Justicia aún intenta determinar— refuerzan la hipótesis de una red organizada de intermediación entre empresarios privados y sectores con acceso a la estructura administrativa.
Pero no eran solo audios de pasillos. Este verano, La Nación publicó un chat entre dos importadores que refería exactamente un 15 por ciento «en billete» a cambio de que la operación saliera en 48 horas. Esa exigencia coincidía con un aviso publicado en redes sociales del grupo «Despachantes de Aduana y Comercio Exterior en Argentina», que fijaba un 13 por ciento del valor para bienes (SIRA) y un 15 por ciento para servicios (SIRASE). Era un secreto a voces durante la gestión del equipo de Massa en Economía.
Los imputados: del Banco Central a las casas de cambio
El fiscal Picardi no solo encontró empresarios dispuestos a pagar. También encontró funcionarios del Banco Central dispuestos a cobrar. Los imputados del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA son:
- Fabián Violante, gerente principal;
- Diego Volcic y María Valeria Fernández, inspectores jefe de Supervisión;
- Analía Jaime y Romina García, inspectoras generales de Supervisión.
Todos ellos entregaron sus teléfonos y claves a la Justicia, excepto García, que no suministró la clave de acceso a su celular. Una actitud que habla por sí sola.
Los otros imputados son dueños de casas de cambio: Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles.
Además, según fuentes de la causa, habría auditores externos del Banco Central que también trabajan en estudios contables que asesoran a empresas, lo que ofrece indicios de un posible tráfico de influencias para gestionar los controvertidos permisos de importación a cambio de dinero.
Inicialmente, la causa nació de una disputa entre Piccirillo y Hauque: el primero acusado por el segundo de haberle plantado una prueba para no pagarle una deuda de 6 millones de dólares. De ahí se derivó la investigación de las SIRA. De una deuda entre financistas, saltó la trama de corrupción más grande del cepo.
La mentira del «gobierno sin corrupción»
Mientras la Justicia avanza sobre esta megacausa, Alberto Fernández apareció hace unos días en una entrevista televisiva asegurando, con la cara más dura del mundo, que su gobierno no tuvo denuncias por corrupción. Y lo más grave: el entrevistador, evidentemente pagado para no incomodar, no se animó a contestarle la lista de causas judiciales que lo atraviesan.
Pero Fernández no fue más que un títere. La verdadera máquina de saqueo la manejaba Sergio Massa desde el Ministerio de Economía, con Tombolini y Michel como operadores del sistema. El expresidente puede salir a decir lo que quiera; la realidad es que su gestión dejó una estela de denuncias que no se pueden tapar con una sonrisa de canal de aire:
- Causa Seguros / Nación Seguros: presunto direccionamiento de pólizas estatales con comisiones millonarias. Fernández estuvo procesado; la Cámara Federal le dictó falta de mérito en mayo de 2026, pero la investigación sigue abierta.
- Violencia de género contra Fabiola Yáñez: escándalo penal gravísimo surgido de chats y fotos halladas en el celular de la secretaria de Fernández dentro de la causa Seguros. La fiscalía pidió juicio oral por lesiones y coacciones.
- Coimas SIRA / permisos de importación: la propia causa que ahora explota con los audios de Migueles. Coimas del 10 al 15 por ciento para acceder al dólar oficial, con Massa, Tombolini y Michel como responsables políticos del sistema.
- Vacunatorio VIP: vacunación privilegiada de funcionarios, amigos del poder y allegados durante la pandemia. Procesamiento del exministro Ginés González García.
- Fiesta de Olivos: cumpleaños de Fabiola Yáñez en plena cuarentena estricta. Abuso de poder e hipocresía institucional. El Presidente violó las mismas restricciones que imponía al país.
- Compra de alimentos con sobreprecios: en plena pandemia, el Ministerio de Desarrollo Social de Daniel Arroyo compró alimentos para comedores a precios superiores a los valores máximos fijados por el propio Estado.
- Planes sociales / Potenciar Trabajo / piqueteros: desvíos, administración fraudulenta, amenazas y extorsión vinculadas al manejo de fondos de planes sociales. La causa Polo Obrero avanzó hacia juicio oral.
- Fondos fiduciarios: durante la gestión de Fernández, los fondos fiduciarios estatales manejaron recursos gigantescos como un «presupuesto paralelo». Un informe de SIGEN detectó irregularidades y falta de controles en fondos que movieron billones de pesos.
- Compra de vacunas / Pfizer-Sputnik: la Justicia ordenó reabrir la investigación para determinar si hubo delito en la demora o rechazo del acuerdo con Pfizer y en la operatoria de compra de vacunas durante la pandemia.
- Desvíos de fondos denunciados por Capital Humano: auditorías sobre programas sociales y transferencias. Una de las denuncias hablaba de 423 millones de pesos bajo investigación.
Esa es la lista que el entrevistador le guardó al expresidente. Esa es la «gestión sin corrupción» que quieren vender.
Adorni y los 500 mil dólares vs. los 7.000 millones de Massa
Mientras tanto, los grandes medios —financiados con la pauta oficial que ahora también maneja el gobierno de Santa Fe pero que durante años manejó el kirchnerismo— están ocupados en otra cosa: mirar con lupa al vocero presidencial Manuel Adorni para ver si llegó a juntar 500 mil dólares.
Medio millón de dólares. Una cifra que, si fuera cierta, representa el 0,007 por ciento de lo que se investiga en la causa SIRA.
500 mil dólares de Adorni vs. 7.000 millones de dólares desviados en el cepo de Massa.
La pregunta es inevitable: ¿por qué unos pocos miles de dólares de un funcionario del gobierno actual generan titulares diarios, mientras miles de millones desaparecidos bajo la gestión kirchnerista apenas consiguen una nota en la sección de política?
La respuesta es simple: porque la pauta oficial compra silencios y fabrica escándalos. Porque cuando el dinero es del Estado, los medios grandes miran para otro lado. Y porque el kirchnerismo, aunque ya no esté en el gobierno, sigue teniendo a la prensa domesticada que le debe favores y lealtades.
El 84% perdido y la impunidad que se resiste
El sistema SIRA era el mecanismo perfecto para el saqueo. Con el cepo cambiario como excusa, Massa, Tombolini y Michel crearon una necesidad artificial: sin autorización oficial, no se podía importar. Y sin importación, no había producción. Entonces aparecieron los intermediarios, los «gestores», los amigos del poder que cobraban peaje por acceder a un dólar oficial que luego se volcaba al blue o se sobrefacturaba en importaciones fantasmas.
El 84 por ciento de la trazabilidad del dinero movido está perdido, según reconstruyeron los investigadores. En negro. Sin rastro. Como si nunca hubiera existido.
Y en el medio, funcionarios del Banco Central, inspectores de casas de cambio, empleados de la Casa Rosada y empresarios con novias famosas armaron un circuito paralelo que les permitió hacer negocios millonarios mientras el país se hundía en la inflación y la gente no podía comprar un dólar para ahorrar.
Eso es lo que Alberto Fernández llama «gestión sin corrupción». Eso es lo que Sergio Massa administró desde el Ministerio de Economía. Eso es lo que los medios comprados no le preguntan.
Pero la Justicia avanza. Los audios están. Los chats están. Los nombres empiezan a salir a la luz. Y cuando el fiscal Picardi y el juez Lijo terminen de reconstruir el circuito, quizás el entrevistador que le guardó la lista a Fernández tenga que explicar por qué prefirió mirar para otro lado.
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