La fiscalía pidió archivar la causa contra Adorni: el viaje de su esposa a Nueva York no le costó un peso al Estado
La fiscal federal Alejandra Mángano dictaminó que la presencia de Bettina Angeletti en el avión presidencial durante la «Argentina Week» no generó ningún gasto adicional para el erario público. El juez Rafecas tiene la última palabra.
La fiscal federal Alejandra Mángano dictaminó que la presencia de Bettina Angeletti en el avión presidencial durante la «Argentina Week» de marzo no generó ningún gasto adicional para el erario público. El juez Rafecas tiene la última palabra.
Análisis judicial · 23 de abril de 2026
El escándalo político que envolvió al jefe de Gabinete Manuel Adorni en marzo pasado, cuando trascendió que su esposa Bettina Angeletti había viajado en el avión presidencial a Nueva York, encuentra ahora su respuesta en la Justicia: la fiscal federal Alejandra Mángano pidió archivar la causa por inexistencia de delito. Para la fiscalía, el viaje no implicó ninguna erogación extraordinaria para el Estado y se encuadró dentro de la discrecionalidad que la normativa le otorga al Poder Ejecutivo en la conformación de las comitivas oficiales.
La denuncia había sido presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien acusó al funcionario de malversación de caudales públicos. La causa quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien delegó la investigación en Mángano. Tras una batería de medidas de prueba —documentación del vuelo, manifiestos de pasajeros, informes de viáticos y tarjetas corporativas— la fiscal llegó a una conclusión que derrumba la hipótesis del delito.
«La información relevada en esta investigación permite descartar la comisión de conductas delictivas en los términos planteados.» — Fiscal Alejandra Mángano
El argumento central del dictamen es simple y contundente: el avión presidencial, un Boeing 757-200 con capacidad para 39 pasajeros, viajó con más de diez asientos disponibles en cada tramo del itinerario entre Buenos Aires, Miami, Nueva York y Santiago de Chile. Incluir a Angeletti en la comitiva no generó costo alguno porque esas plazas iban a quedar vacías de todas formas. Para la fiscal, se trató de un «uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales», no de una irregularidad.
Los puntos clave del dictamen fiscal
El avión: Boeing 757-200 con 39 plazas. Más de 10 asientos disponibles en cada tramo del vuelo.
El hotel: Angeletti se alojó en la habitación de Adorni. Los alojamientos oficiales se pagan en base doble, por lo que no hubo costo adicional.
El regreso: Ambos volvieron en primera clase de Delta Airlines (JFK-EZE). El pasaje de Adorni —$4.910 USD— fue pagado por el Estado conforme a la normativa vigente para funcionarios de alta jerarquía. El de Angeletti —$5.154 USD— no fue pagado con fondos públicos.
Viáticos: La Jefatura de Gabinete confirmó que no se registraron viáticos ni gastos de movilidad asociados a Angeletti durante toda la estadía en Estados Unidos.
La causa tuvo su origen en un momento de máxima exposición mediática para Adorni. Cuando se supo que Angeletti integraba la comitiva oficial, el propio funcionario intentó justificarlo con una frase que generó rechazo inmediato: dijo que iba a «deslomarse» en Nueva York y que quería que su «compañera de vida» lo acompañara. La imagen del jefe de Gabinete defendiendo el viaje de su esposa en el avión presidencial con ese argumento fue blanco de críticas en redes y le dio combustible a la denuncia judicial.
Ahora la Justicia pone los puntos sobre las íes: no hubo delito. El dictamen de Mángano descartó la figura de malversación de fondos públicos contemplada en el artículo 260 del Código Penal y concluyó que los hechos «carecen de entidad penal». Sin embargo, la posición de la fiscalía no es vinculante: la decisión final queda en manos del juez Rafecas, quien puede archivar la causa o disponer continuar con la investigación.
Vale aclarar que este expediente no es el único flanco judicial que enfrenta Adorni. Corre en paralelo a una causa por enriquecimiento ilícito que instruye el juez Ariel Lijo con el fiscal Gerardo Pollicita, donde se analiza la evolución de su patrimonio. Ese expediente sigue activo e independiente. También existe una tercera investigación relacionada con un viaje en avión privado a Punta del Este durante los feriados de carnaval, costeado por un amigo periodista que mantenía contratos con la TV Pública.
En términos políticos, el archivo pedido por la fiscalía es una buena noticia para el Gobierno, que busca cerrar uno de los frentes más incómodos de las últimas semanas. En términos judiciales, el caso ilustra un patrón que se repite: denuncias que generan tormenta mediática y que luego, al ser investigadas con rigor, no encuentran sustento legal. La pregunta que queda flotando es cuánto daño político se hace antes de que la Justicia llegue a esa conclusión.
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