SIRA bajo la lupa: detectan coimas de hasta el 15% en el sistema de importaciones durante el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa
La Justicia argentina avanza sobre una de las estructuras más sensibles del comercio exterior reciente: el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), implementado durante la gestión de Alberto Fernández y bajo la órbita económica de Sergio Massa.
Lo que comenzó como un mecanismo para administrar el acceso a divisas en un contexto de escasez, hoy está bajo sospecha por presuntas prácticas de corrupción.
Según surge de denuncias y líneas de investigación en curso, funcionarios y operadores vinculados al sistema habrían solicitado coimas de hasta el 15% del valor de las importaciones para agilizar o destrabar autorizaciones. En paralelo, se investiga la posible existencia de una estructura informal de “gestores”, con llegada a despachos oficiales, que actuaban como intermediarios entre empresas y el Estado.
El esquema, de acuerdo con las hipótesis judiciales, habría funcionado de manera selectiva: empresas que no accedían a pagar sobornos enfrentaban a «modo castigo» demoras prolongadas o directamente bloqueos en sus operaciones, en un contexto donde la aprobación del SIRA era condición indispensable para importar.
Un sistema bajo sospecha
El punto central de la causa es determinar si el SIRA fue utilizado, en algunos casos, no solo como una herramienta de administración de divisas, sino como un mecanismo discrecional que habilitó beneficios indebidos y recaudación ilegal dentro del Estado.
En ese marco, la Justicia analiza tres ejes clave:
- El posible uso político y económico del acceso a dólares
- El favorecimiento selectivo de determinadas empresas
- La existencia de un circuito de recaudación informal a partir de autorizaciones
Este combo, sostienen fuentes cercanas a la investigación, habría convertido al sistema en un punto crítico de poder dentro de la estructura económica del Estado.
Estado de la investigación
Actualmente, la causa se encuentra en etapa preliminar. Existen denuncias penales en curso, pedidos de informes a distintos organismos y un proceso activo de recolección de pruebas.
Entre los elementos bajo análisis se encuentran:
- Intercambios de mensajes entre funcionarios, intermediarios y empresarios
- Registros de autorizaciones dentro del sistema SIRA
- Movimientos financieros que podrían evidenciar pagos indebidos
Por el momento, no hay condenas firmes, aunque los investigadores consideran que existen indicios suficientes para profundizar las pesquisas.
Un problema estructural
Más allá de las responsabilidades individuales que puedan surgir, el caso reabre un debate de fondo: la corrupción con total impunidad en contextos donde el Estado concentraba amplios márgenes de discrecionalidad sobre decisiones económicas clave.
