La Justicia ordena decomisar más de 20 propiedades de los Kirchner: el traspaso a Máximo y Florencia no los salvó
Cristina pensó que cediendo todo a sus hijos en 2016 escaparía del alcance judicial. Se equivocó. El tribunal determinó que las transferencias no borran el origen delictivo de los fondos. Hoteles, terrenos, departamentos y sociedades vuelven al Estado. La mayor confiscación de la historia judicial argentina.
El Tribunal Oral Federal 2 avanzó con la ejecución del decomiso en la causa Vialidad y ordenó confiscar un patrimonio que supera los $685.000 millones. La medida alcanza a Cristina Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia, y a otros condenados como Lázaro Báez. En total, el listado inicial incluye unas 20 propiedades de la familia Kirchner, a las que se suman más de 80 inmuebles de empresas vinculadas al constructor santacruceño.
Pero el golpe más duro para la expresidenta no es la cifra. Es la frustración de su plan de escape patrimonial.
La maniobra de 2016: «regalar» todo para salvarlo todo
En 2016, al dejar la Presidencia y con las primeras causas judiciales acelerándose, Cristina Kirchner transfirió masivamente bienes a sus hijos. Les cedió 25 inmuebles, las acciones de las empresas familiares Hotesur SA, Los Sauces SA y Co.Ma SA, y una porción significativa del patrimonio acumulado en Santa Cruz. La operación, registrada en declaraciones juradas, buscaba blindar el botín: si los bienes no estaban a su nombre, pensó, no podrían ser decomisados.
Se equivocó.
La Justicia determinó que las transferencias a Máximo y Florencia no modifican el origen de los fondos con los que fueron adquiridos. El tribunal resolvió incluir en el decomiso todos esos bienes —heredados de Néstor Kirchner en 2010 y cedidos por Cristina en 2016— porque el origen del dinero es el mismo: el fraude al Estado en la obra pública, el desvío millonario a través de Lázaro Báez, la corrupción sistemática que empobreció a Santa Cruz y a toda la Argentina.
El botín, propiedad por propiedad
El decomiso es una radiografía del enriquecimiento ilícito. En El Calafate, el tribunal ordenó ejecutar un terreno de 6.001 metros cuadrados sobre la avenida 17 de Octubre, lotes de 44.106 y 87.046 metros cuadrados, y el complejo del hotel Los Sauces Casa Patagónica, que está a nombre de Máximo y Florencia. Parte de esas tierras se consolidó a través de una permuta con Lázaro Báez: Cristina le cedió un terreno en Punta Soberana a cambio de ampliar el predio del hotel.
En Río Gallegos, la lista incluye diez departamentos en Mitre al 500 adquiridos en 2007, once unidades en Mitre 535 compradas mediante un fideicomiso de Néstor Kirchner, una propiedad en 25 de Mayo 255, y otra en la avenida Presidente Néstor Kirchner 490. También figuran acciones de sociedades, tenencias de dinero y activos financieros que superan los 40.000 millones de pesos por hijo.
El hotel Alto Calafate, las acciones de Hotesur y las participaciones en Los Sauces SA —todo transferido en 2016— quedaron alcanzados. Incluso los fiscales pidieron decomisar el departamento de Recoleta donde Cristina cumple prisión domiciliaria.
Traición a la patria: enriquecerse mientras el país se hundía
El decomiso no es una venganza judicial. Es reparación. Es la devolución de lo robado a un Estado que los Kirchner empobrecieron mientras se enriquecían.
Entre 2003 y 2015, mientras Néstor y Cristina gobernaban, la Argentina creció en deuda, inflación y pobreza. El gasto público se disparó, el déficit fiscal se cronificó, y el país entró en un ciclo de estanflación destrucción. Mientras tanto, en Santa Cruz, los Kirchner compraban terrenos, construían hoteles, acumulaban departamentos y fundaban sociedades con un ritmo que ningún funcionario público honesto podría explicar.
La causa Vialidad demostró el mecanismo: Lázaro Báez, el empresario de la patria chica, recibía contratos millonarios de obra pública sobrevaluados, devolvía parte del dinero a los Kirchner en forma de propiedades, y el círculo se cerraba con la pobreza de los santacruceños y la ruina fiscal de la Nación. Ese esquema no es «capitalismo de amigos». Es saqueo institucionalizado.
La impunidad se acabó
Cristina Kirchner y sus defensores gritan «persecución política». Pero los números no mienten. Los hoteles no mienten. Los terrenos de 87.000 metros cuadrados no mienten. No se puede explicar ese patrimonio con sueldos de presidenta, senadora o funcionaria. No se puede justificar con «ahorros» ni con «herencias» de un matrimonio que toda su vida vivió del Estado.
La transferencia de 2016 fue el acto final de una estafadora que creyó que la Justicia argentina nunca llegaría. Que el peronismo, los sindicatos, los «derechos humanos» y la militancia callejera la protegerían para siempre. Pero la Justicia, por primera vez en décadas, actuó.
Más de 20 propiedades de los Kirchner serán decomisadas. Más de 80 de Báez. Un total que supera los $685.000 millones. La Corte Suprema administrará los bienes, que podrán subastarse o asignarse a fines de reparación social en Santa Cruz, la provincia que la familia Kirchner devastó.
Esto no es justicia simbólica. Es justicia real. Es la demostración de que en la Argentina de Milei, la corrupción ya no paga. Y que el dinero robado, tarde o temprano, vuelve al pueblo al que le fue arrebatado.
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