Pullaro y una medida coercitiva sobre los bancos para desendeudar a las familias que puede derivar en déficit
El Gobierno de Santa Fe lanzó un plan para limitar al 25% del salario el pago de deudas descontadas por haberes. La medida busca aliviar a familias sobreendeudadas, pero abre un conflicto de fondo: presión sobre bancos, posible judicialización, riesgo fiscal para la Provincia y una pregunta incómoda sobre por qué no se bajan los impuestos que encarecen el crédito.
Provincia lanzó el “Plan Integral de Protección de Ingresos y Desendeudamiento” ante el aumento récord de la morosidad a nivel nacional de créditos financieros tradicionales, pasando del 10,6% en enero al 11,2% en febrero de 2026. También en el segmento de fintech la irregularidad escaló al 29,9%. La traducción simple de este problema es que uno de cada tres préstamos presenta incumplimiento.
En Santa Fe, un tercio de los agentes estatales tiene descuento de haberes por créditos. Dentro de este ecosistema, unos 12.000 trabajadores destinan cerca del 25% de su retribución al pago de deudas. También se suman más de 7.000 empleados privados o autónomos y 60.000 jubilados en situación similar.
El plan lanzado por provincia tiene un eje central: reducir el tope de afectación salarial para el pago de deudas e intereses financieros al 25% del salario.
Para quienes ya superan ese tope, el Gobierno estableció un mecanismo escalonado de tres instancias: primero, las entidades financieras adheridas al CUAT deberán refinanciar los préstamos vigentes a tasas acordes a las del Banco Nación para que las cuotas queden por debajo del 25% del haber; las que se nieguen perderán la habilitación para operar.
Si esa vía no prospera, una segunda entidad podrá absorber la deuda. En caso de que ninguna alternativa privada funcione, será el propio Estado provincial el que cubra la diferencia: descontará solo hasta el 25% y financiará el excedente a tasa cero.
Esto es coercitivo en la práctica y no está exenta de impugnaciones judiciales. Si bien la provincia no puede fijar la tasa de interés, ya que es competencia del Banco Central, pero sí puede regular quien participa en el sistema de descuento de haberes —que es el sistema CUAT— ya que es provincial.
Ahí es donde aplica la presión: “si no refinanciás a las condiciones que fijo yo, te saco la habilitación para operar en este sistema.”
¿Por qué es coercitivo?
- El descuento por haberes es un negocio muy atractivo para los bancos: riesgo de incobrabilidad casi nulo, el descuento es automático.
- Perder esa habilitación implica perder una cartera rentable y de bajo riesgo.
- La alternativa que les ofrecen —refinanciar a tasa Banco Nación— puede estar por debajo de su costo de fondeo real, especialmente en el contexto argentino.
El problema jurídico es que se está usando la amenaza de exclusión de un sistema para forzar condiciones contractuales en créditos ya otorgados. Eso puede colisionar con el derecho a la propiedad privada, la libertad de contratación y potencialmente con la regulación del BCRA.
Es muy probable que haya impugnaciones judiciales.
En términos más crudos: la provincia no tiene la potestad de fijar tasas, pero sí tiene el portero del sistema de haberes, y usa esa llave como palanca. Es una zona gris legal con alta probabilidad de conflicto.
Para la refinanciación se habilitan líneas de crédito de menor costo para la consolidación de deudas, permitiendo unificar compromisos en un solo préstamo con plazos de hasta 60 cuotas y un período de gracia de dos meses.
Quienes accedan no podrán tomar nuevos créditos por código de descuento hasta cancelar la operación.
El plan cubre empleados públicos activos y pasivos, trabajadores privados y autónomos. Para empleados públicos, el trámite es digital a través del sitio oficial de la provincia. Para trabajadores privados y autónomos, el procedimiento se realiza mediante plataformas de agentes financieros, con seguimiento del Estado provincial.
Si bien la intención es loable y habrá un efecto derrame para reactivar el consumo y el comercio tratando de que las familias ganen poder de compra, como también “quitar” la presión financiera y disipar el riesgo de mora en los pagos, alguien tiene que pagar es refianciación y es ahí donde aparece el problema:
- Riesgo Fiscal para la Provincia: el mecanismo de “última instancia”, donde el Estado cubre la diferencia a tasa cero, es potencialmente costoso. Si los bancos se niegan masivamente a refinanciar —lo cual es posible si la tasa del Banco Nación está por debajo del costo de fondeo—, el Estado termina absorbiendo un volumen significativo de deuda privada. Con 12.000 estatales y 7.000 jubilados que superan el tope, el monto puede ser considerable.
- Contracción del crédito futuro por código de descuento: si los bancos saben que el Estado puede obligarlos a refinanciar a tasas del Banco Nación —más bajas— o incluso perder la habilitación, la respuesta racional es prestar menos o con condiciones más estrictas a través del sistema de descuento por haberes. Lo que hoy es un mecanismo de crédito accesible para trabajadores podría volverse más difícil de obtener en el futuro.
- Tensión legal con las entidades financieras: lo que puede demorar la aplicación del plan, ya que jurídicamente es agresiva, en términos que utiliza la “amenaza” de perder la habilitación si no refinancian a las condiciones impuestas por la provincia. Es esperable que entidades financieras la impugnen judicialmente.
- Riesgo Moral: al establecer que el Estado cubrirá la diferencia cuando los bancos no refinancien, se crea un incentivo implícito: los deudores tienen menos presión para evitar el sobreendeudamiento sabiendo que existe ese “piso” de protección. Si bien el plan prohíbe tomar nuevos créditos por código de descuento durante la refinanciación, no elimina el problema de fondo a largo plazo.
Ante este plan impulsado por provincia cabe preguntarse: ¿por qué mejor no se eliminan impuestos que encarecen el crédito?
Si los bancos privados no van a ir a pérdida y muy probablemente no refinancien a tasas menores y es la provincia, en última instancia, quien absorberá la pérdida con dinero del contribuyente, sería más eficiente y menos conflictivo.
Actualmente se cobran sobre los créditos IIBB, entre el 5% y 6%, de los más altos a nivel país; impuestos a los sellos de entre 0,5% y 1,5% del capital; y tasas municipales sobre actividad financiera —en algunos, no en todos los municipios de la provincia—. Esto reduciría significativamente el costo financiero de tomar créditos sin necesidad de aplicar la coacción.
Estos impuestos forman parte del “spread” bancario argentino, que es uno de los más altos de la región. Una parte no menor de lo que parece “ganancia bancaria” es, en realidad, traslado de carga impositiva al tomador de crédito.
El contraargumento político es que eliminar IIBB financiero tiene un costo fiscal inmediato y visible, mientras que la coacción regulatoria parece “gratis” para la provincia: el costo lo absorbe el banco o, en última instancia, el Estado de forma diferida.
En un contexto de presión presupuestaria, los gobiernos prefieren medidas que no afecten la recaudación directamente.
En síntesis: la coacción que aplica la provincia es real, jurídicamente frágil, y ataca el síntoma.
Eliminar o reducir los impuestos provinciales sobre la actividad financiera atacaría la causa, sería más sostenible y no generaría el riesgo de contracción crediticia.
La razón por la que no se hace es básicamente fiscal y política: recaudar es más fácil que reformar.
