Enrico contra Ludmila: el ministro al que le incomoda la periodista e influencer de 26 años de El Liberador
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe apuntó contra Ludmila Radolovich en vez de responder por los escándalos que El Liberador viene investigando. Con toda la maquinaria del Estado, 46.000 millones de pesos en pauta oficial y una estructura política a su favor, Lisandro Enrico eligió pelearse con una joven comunicadora independiente. La pregunta es simple: ¿por qué le incomoda tanto que alguien cuente la verdad?
La frase fue tan torpe como reveladora. Frente a periodistas, visiblemente irritado, Lisandro Enrico lanzó: “Vayan a preguntarle a Ludmila, que hace esos videitos, qué va a hacer el gobierno nacional”.
Un ministro provincial, encargado de una de las áreas más sensibles y millonarias del Estado santafesino, decidió exigirle respuestas a una periodista de 26 años. Como si Ludmila Radolovich fuera funcionaria. Como si manejara presupuesto. Como si firmara contratos de obra pública. Como si tuviera que rendir cuentas por las decisiones del gobierno nacional.
Pero Ludmila no es ministra. No administra licitaciones. No reparte pauta. No decide rutas. No firma expedientes. Ludmila comunica, investiga y muestra lo que buena parte del sistema mediático prefiere callar.
Y eso, evidentemente, a Enrico lo pone nervioso.
El problema no son los “videitos”: el problema es lo que muestran
La incomodidad del ministro no nace de la nada. En los últimos meses, las investigaciones de El Liberador y la forma directa de comunicarlas de Ludmila se hicieron virales porque tocaron temas que el poder santafesino quisiera mantener bajo la alfombra.
Los 1.300 millones de pesos para pintar columnas de puentes de la autopista con colores partidarios. El escándalo de impedir o limitar la cobertura del reclamo policial. La denuncia sobre cómo el gobierno de Pullaro triplicó su planta política con sueldos millonarios. El circo del aeropuerto. La deuda récord. La obra pública deficitaria, que nunca alcanza, que siempre cuesta más y que nunca termina de resolver los problemas reales de la provincia.
Y, sobre todo, la contratación de empresas imputadas en la causa Cuadernos, el expediente que dejó al descubierto el mecanismo de corrupción kirchnerista en la obra pública, con Cristina Fernández de Kirchner y varios de sus secuaces señalados por uno de los mayores sistemas de saqueo estatal de la historia argentina.
Ese es el punto que Enrico no puede explicar: cómo un gobierno que se vende como “anti-kirchnerista” termina contratando empresas marcadas por el mismo esquema que destruyó la Argentina.
Entonces hace lo que hace toda casta acorralada: cambia de tema y ataca al mensajero.
La obra pública: la caja que Enrico quiere vender como virtud
Lisandro Enrico no ocupa un cargo menor: es el ministro de Obras Públicas de Santa Fe y maneja una de las cajas más grandes del Estado provincial. Para 2026, su ministerio tiene asignado un presupuesto de $366.864.092.000.
Por eso su obsesión por vender la política como si fuera solo obra pública: cascos, palas, anuncios, rutas, puentes y fotos. Pero el problema, ministro, es que la gente ya sabe cómo funciona el mecanismo por el cual la política roba:
- Se vende la obra pública como la gran solución. Los políticos aparecen con cascos y palas, prometen puentes, rutas y hospitalitos. La obra pública se presenta como el regalo del Estado benevolente.
- Se crea la necesidad artificial. Se recauda con impuestos, se endeuda, se multiplican ministerios. El dinero público se vuelve un río de millones sin control.
- Se licita entre amigos. Constructoras con vínculos históricos ganan contratos inflados, con materiales de menor calidad y sobreprecios del 30%, 50% o más.
- El retorno. El sobrante vuelve en coimas, aportes de campaña, propiedades, sociedades offshore.
La causa Cuadernos fue la radiografía nacional de ese sistema, con Cristina Fernández de Kirchner y sus secuaces en el centro del escándalo. Y eso mismo es lo que El Liberador y Ludmila vienen señalando en Santa Fe: empresas imputadas en esa causa volviendo a cobrar del Estado provincial, ahora bajo el gobierno de Pullaro y Enrico.
Por eso el ministro se incomoda. Porque ya no alcanza con ponerse un casco y hablar de progreso: detrás de cada licitación puede haber un negocio, detrás de cada sobreprecio puede haber un retorno y detrás de cada silencio mediático puede haber pauta oficial.
Enrico no es trigo limpio
El problema para el ministro es que no llega limpio a esta discusión. Enrico aparece mencionado, señalado o rodeado de preguntas incómodas en demasiados frentes como para hacerse el indignado frente a una periodista joven.
El caso más grave es el de Alejandro Druetta, el narcopolicía condenado a 10 años de prisión por pertenecer a una banda de narcotraficantes. Druetta fue jefe de Drogas Peligrosas en la región de General López, el mismo departamento donde Enrico era senador y principal referente político territorial.
En las escuchas que salieron a la luz, Enrico aparece ofreciéndole respaldo político y legal a Druetta. Un jefe antidrogas condenado por narcotráfico, operando en la zona donde el propio Enrico construía poder político. Un escándalo mayúsculo que, según se comenta desde hace años en pasillos judiciales y políticos, no pasó a mayores por un blindaje mutuo: si caía uno, podían caer varios.
El exministro de Seguridad Marcelo Saín fue todavía más directo: dijo que Druetta era el “nene mimado de Enrico y Pullaro”. No hablaba de un rumor menor, sino de una relación política marcada por escuchas, respaldos y silencios alrededor de un policía que terminó condenado por narcotráfico.
La pregunta sigue flotando: ¿Enrico era tan inepto que el negocio de la droga le pasaba por delante de la cara sin que se diera cuenta, o era parte del sistema que protegía al narcopolicía?
Y Druetta no es la única sombra. Enrico también fue mencionado en la causa de juego clandestino, donde el condenado Leonardo Peiti llegó a afirmar que parte de lo recaudado era para el entonces senador Enrico, aunque después se desdijo llamativamente. Otra vez, el nombre del ministro aparece cerca de expedientes, recaudaciones oscuras y declaraciones que nunca tuvieron una explicación pública convincente.
Ninguna de esas preguntas fue respondida de frente. Ninguna fue aclarada con la contundencia que exige un funcionario que maneja una de las cajas más poderosas de la provincia. Por eso Enrico no discute con Ludmila porque ella “haga videitos”: discute porque esos videos alumbran una historia política que él preferiría mantener en penumbras.
Los otros frentes que lo rodean
A eso se suma su pertenencia a un viejo linaje político de Venado Tuerto: los Enrico, que pasaron por el peronismo, el PDP y el radicalismo, siempre cerca del Estado, siempre dentro del sistema, siempre viviendo de la política.
Lisandro Enrico vive del Estado desde que salió de la universidad: el sueño húmedo de cualquier militante de Franja Morada.
Está además el caso de la Ruta 96S, una obra nueva en General López, con expropiaciones a productores, una traza que muchos lugareños consideran extraña y sospechas sobre quiénes podrían terminar beneficiados. Una ruta que, según denuncian, costaría más que convertir en autovía de doble mano la Ruta 14, con un presupuesto obsceno que supera los 110.000 millones de pesos y que, como suele ocurrir con la obra pública, probablemente termine encareciéndose.
Y está su licencia inconstitucional: durante más de dos años conservó su banca de senador mientras ocupaba un cargo en el Poder Ejecutivo. Un blindaje típico de la casta para no soltar los fueros, justo cuando su nombre arrastraba demasiadas preguntas sin responder.
La presión terminó llegando desde adentro. El senador radical Felipe Michlig, compañero de espacio, dijo estar arrepentido de haberle votado la licencia y también lo acusó de arbitrariedad en la distribución de viviendas provinciales, reclamando por obras frenadas en San Cristóbal mientras se favorecían otras zonas. Cuando las preguntas vienen de la oposición, el oficialismo grita “operación”. Cuando vienen desde el propio radicalismo, el silencio pesa el doble.
La pauta como mecanismo de silencio
Todo esto debería estar en la tapa de los grandes medios santafesinos. Pero no aparece. O aparece poco. O aparece lavado. O aparece tarde.
¿Por qué?
Porque el gobierno de Pullaro tiene presupuestados 46.000 millones de pesos en pauta oficial para 2026. Dinero público usado para comprar silencios, suavizar críticas, premiar obediencias y disciplinar a quienes dependen de esa caja.
Por eso les molesta tanto El Liberador. Porque no nació para recibir sobornos legales disfrazados de publicidad oficial. Nació para informar. Para incomodar. Para contar lo que otros callan.
La esencia del periodismo es esa: decir la verdad, no vivir de hablar bien del gobierno de turno.
Y eso, lamentablemente, muchos periodistas lo olvidaron.
El miedo del poder
Enrico no se pelea con Ludmila porque ella tenga poder. Se pelea porque no puede controlarla.
No puede comprarla con pauta. No puede callarla con llamados. No puede encerrarla en el sistema de favores que durante años ordenó la política santafesina.
Ludmila tiene 26 años, un celular, una forma clara de comunicar y algo que al poder le molesta más que cualquier expediente: credibilidad.
Por eso el ministro se descompone. Porque con todo el aparato estatal a su favor, con medios grandes y chicos recibiendo dinero público, con funcionarios, operadores, punteros y estructuras, termina discutiendo con una joven periodista y con un medio independiente.
Eso no muestra fortaleza.
Muestra miedo.
Porque cuando un ministro le exige respuestas a una comunicadora en vez de explicar su propia gestión, cuando un funcionario rodeado de sombras se enoja con quien prende la luz, cuando el poder ataca a una joven de 26 años por hacer periodismo, queda claro que algo cambió.
La provincia ya no es un feudo cerrado.
La pauta ya no alcanza para taparlo todo.
Y la verdad, aunque les duela, empezó a circular.
