La protesta policial llegó a la Casa Gris, pero los medios que viven de la pauta del gobierno eligen ignorarla
Con una concentración frente a la Casa de Gobierno provincial, una marcha por el centro y una caminata por la peatonal hasta el área de Seguridad, policías y familiares expusieron en público un malestar que venía creciendo. Hubo expresiones simultáneas en Rosario y en otras ciudades, mientras el gobierno anunció un plan de “bienestar” con pluses, alojamiento, transporte y cobertura de salud mental.
La tarde del jueves, la plaza frente a la Casa Gris volvió a ser escenario de una imagen incómoda para el poder: policías en actividad y retirados, personal penitenciario y familiares se concentraron allí y luego marcharon por el centro, con paso por la peatonal, hasta confluir frente al Ministerio de Seguridad para entregar un petitorio con reclamos concretos.
La foto existió. El reclamo también. Lo que no existió —salvo excepciones— fue la cobertura en los grandes medios locales que viven de la pauta oficial. En un punto, esa omisión ya no puede leerse como casualidad: cuando la protesta apunta al corazón del Estado provincial, el silencio se vuelve parte del operativo político.
Una convocatoria en la Casa de Gobierno, y una marcha que atravesó la peatonal
Según reconstrucciones publicadas por el periodismo gremial policial, la movilización en la ciudad de Santa Fe incluyó concentración frente a la Casa de Gobierno y caminata por el microcentro, con un tramo destacado por la peatonal, antes de terminar frente al Ministerio de Seguridad, donde se presentó el mismo petitorio que venía circulando desde Rosario.
Ese petitorio no habla de consignas vagas: pide “recomposición salarial real”, un haber inicial que no quede por debajo de la canasta básica, régimen de guardias con descanso efectivo, tarjeta alimentaria para todo el personal y un programa serio de salud mental, confidencial y sin represalias.
El “paquete” del gobierno y por qué no desactiva el conflicto
En paralelo a las marchas, el gobierno provincial difundió un paquete de medidas: cobertura de salud mental, transporte gratuito ampliado, alojamiento sin costo en Rosario y Santa Fe para personal destinado desde otras localidades, y un esquema de “reconocimiento económico” basado en pluses segmentados por función (por ejemplo, un plus mensual de $500.000 para personal de calle en ciertas ciudades; adicionales para choferes; y actualizaciones de otros ítems).
Pero en la base del conflicto —y esto es clave— ese anuncio no aparece como una solución de fondo. En las asambleas y en el petitorio, el eje no es “sumar un plus”, sino recomponer de manera verificable el ingreso y las condiciones de trabajo. Por eso, incluso en los propios relatos sobre la jornada, se remarca que las medidas “continuaban siendo analizadas y discutidas” dentro de la fuerza: no hubo clima de “arreglo”, sino de evaluación y rechazo a que se venda relato como mejora real.
En términos simples: cuando un gobierno intenta cerrar una crisis con parches, y además los presenta como si fueran una solución histórica, lo más probable es que el conflicto se agrande.
El reclamo se provincializa
Lo que empezó como un foco fuerte en Rosario rápidamente tomó forma de mapa: hubo expresiones, concentraciones y entrega de petitorios también en el norte provincial, con menciones a ciudades como Vera, Reconquista, Tostado, San Javier y Helvecia, entre otras.
Eso tiene una lectura política directa: ya no se trata de un episodio aislado, sino de un malestar transversal dentro de la estructura de seguridad provincial. Y cuando el reclamo se provincializa, el costo de “hacer de cuenta que no pasa nada” crece.
El silencio mediático como engranaje
En una línea que incomoda por su crudeza, desde la cobertura gremial se señaló que fue “llamativa” la “ausencia casi total del periodismo” mientras cientos de efectivos y familiares se manifestaban en la calle.
Se puede discutir el tono. Lo que cuesta discutir es el hecho: hubo marcha, hubo petitorio, hubo columna en la peatonal y hubo Casa Gris. Y, sin embargo, el sistema de medios más dependiente del Estado eligió amplificar el comunicado y minimizar la protesta.
Ese es el problema de la pauta cuando se vuelve la sangre del negocio: deja de ser publicidad y pasa a funcionar como un mecanismo de disciplinamiento. No hace falta una orden escrita. Alcanza con que todos sepan quién paga y qué temas “no conviene” poner arriba.
Lo que viene
La pregunta, ahora, no es si el gobierno va a seguir anunciando “medidas”, sino si va a abrir una instancia real, documentada y verificable de negociación —con números claros, impacto en el ingreso real y reglas laborales que dejen de empujar a la gente al límite—. Y la otra pregunta, igual de importante, es si el periodismo local va a cumplir su función o va a seguir administrando el olvido al ritmo de la pauta.
Porque cuando se apaga el micrófono de los que reclaman en la Casa Gris, no se protege a la provincia: se protege al poder.
