Sobreprecio e irregularidades en la expropiación de la casa lindera al Nuevo Puente Santa Fe–Santo Tomé
La expropiación de una vivienda de más de 70 años, ubicada debajo del puente Carretero y en condiciones habitacionales precarias, vuelve a poner bajo la lupa el manejo de la obra pública provincial. Tasaciones llamativas, cifras millonarias y un rápido deslinde de responsabilidades abren nuevos interrogantes sobre el destino de los fondos públicos en Santa Fe.
Una vez más queda al descubierto que el lema sostenido por el gobernador Maximiliano Pullaro sobre la “honestidad en el manejo de los recursos públicos” no es más que una falacia. Por más que se insista mediante noticias sostenidas con financiamiento estatal a través de la pauta oficial, la realidad tarde o temprano termina saliendo a la luz.
En esta oportunidad, vuelve a aparecer un tema recurrente en la obra pública: el sobreprecio y las irregularidades. Y nuevamente el escenario es el Puente Santa Fe–Santo Tomé, una obra que, por cómo se viene desarrollando, podría encaminarse a transformarse en un verdadero monumento al endeudamiento y la corrupción.
El caso puntual involucra la vivienda lindera al puente Carretero, ubicada en el acceso Santo Tomé–Santa Fe. Se trata de una casa construida en 1953, es decir, con más de 70 años de antigüedad, que presentaba un estado habitacional precario y condiciones más cercanas a una refacción integral —o incluso a la demolición— que a una propiedad de alto valor inmobiliario.
A ello se sumaban distintos factores que depreciaban considerablemente su valor: contaminación acústica y ambiental, vibraciones permanentes producto del tránsito sobre el puente y una fuerte exposición visual hacia el interior de la vivienda.
Además, el inmueble no se encontraba sobre una arteria comercial importante, como la avenida 7 de Marzo, sino debajo del puente Carretero. También debe considerarse que el valor inmobiliario en Santo Tomé se encuentra por debajo del mercado de la ciudad de Santa Fe.
Si se toma en cuenta lo establecido por la Ley de Expropiación N.º 7.534, la indemnización debe contemplar únicamente el valor objetivo del bien, excluyendo cualquier valoración de carácter histórico o panorámico.
En consecuencia, resulta evidente que esta propiedad distaba mucho de ser “la joya de la corona”, salvo para quienes perseguían otros intereses.
Tasaciones llamativas
En este caso, como ya parece haberse vuelto habitual, no se respetaron las normativas vigentes aplicables a la tasación del inmueble.
En efecto, el Decreto Reglamentario N.º 1104 de la Ley N.º 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado establece que:
“…deberá requerirse como mínimo tres (3) cotizaciones a posibles oferentes cuya participación sea considerada oportuna o conveniente, o documentarse la imposibilidad de obtenerlas”.
Sin embargo, en esta operación resulta llamativo que solo hayan intervenido dos actores en la realización de la tasación, incumpliéndose de este modo las normativas vigentes.
Por un lado, se encuentra la tasación efectuada por el supuesto agente inmobiliario Martín Borgna —Matrícula N.º 377—, quien no figura inscripto en el padrón del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe —CCI Santa Fe—, ni registra antecedentes públicos, publicidad, presencia digital o redes vinculadas al ejercicio de la actividad inmobiliaria.
Resulta, cuanto menos, inverosímil que, en pleno siglo XXI, un presunto profesional del rubro carezca por completo de toda huella o referencia pública relacionada con su actividad.
Sin perjuicio de ello, su valuación ascendió a la suma de USD 419.890.
Por otro lado, la Dirección de Catastro realizó dos tasaciones distintas: una por aproximadamente USD 477.106 y otra por USD 654.458.
Lo notable es que ambas valuaciones fueron realizadas por el mismo organismo, con menos de dos meses de diferencia y con una variación de USD 177.352.
Finalmente, y sobre la base de estas tasaciones de escasa fiabilidad, el inmueble terminó siendo expropiado por una suma aproximada de USD 440.000.
Esa cifra, en Santo Tomé, equivale a la compra de cuatro propiedades de similares características, o incluso a una vivienda ubicada en un country de la zona, con construcción moderna, piscina, cochera pasante y amplio jardín.
En otras palabras, se terminó pagando el valor de una de las mejores propiedades de Santo Tomé por una vivienda de más de siete décadas de antigüedad, ubicada en un entorno claramente desfavorable tanto para fines comerciales como habitacionales.
Deslinde de responsabilidades
Con el aparente objetivo de neutralizar cualquier futura investigación sobre el hecho, los agentes intervinientes fueron desligados de responsabilidades mediante un sumario administrativo impulsado por el administrador de Vialidad Provincial, ingeniero civil Pablo Seghezzo, estrecho colaborador del gobernador Pullaro.
El dato más vistoso es que dicho sumario fue iniciado y concluido en apenas siete meses, un tiempo récord prácticamente inédito dentro de la administración pública.
Frente a este escenario, y considerando que los 50 diputados de la provincia de Santa Fe cuentan con facultades constitucionales y reglamentarias para requerir informes al Poder Ejecutivo, surgen interrogantes que resultan inevitables:
¿Ninguno de los diputados electos para defender el erario público y los intereses del ciudadano impulsará una investigación sobre las razones por las cuales, en esta expropiación, no se han respetado las normativas vigentes en materia de tasación?
¿Existe realmente un agente inmobiliario llamado Martín Borgna o se trata de una figura sin respaldo profesional verificable?
¿Por qué el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, actuó con tanta premura para deslindar responsabilidades de los funcionarios involucrados?
La expropiación de esta vivienda, lejos de ser un expediente menor, vuelve a poner en evidencia una dinámica preocupante: cuando la obra pública se maneja sin controles claros, sin transparencia suficiente y con tasaciones difíciles de justificar, el que termina pagando siempre es el ciudadano.
