Ministerio Público para la archivación: denuncian una cadena de encubrimientos dentro del MPA santafesino
El abogado defensor Sergio Martyniuk sostiene que el caso comenzó con una prohibición de ingreso al edificio antes de que el fiscal adjunto Diego Rodríguez y Barros fuera formalmente notificado por la Legislatura. La denuncia fue desestimada por Benítez, luego convalidada por Clavero, y ahora deberá resolver Vranicich.
El caso del fiscal adjunto de San Jorge, Diego Rodríguez y Barros, comenzó con un hecho concreto que, según su abogado defensor, Sergio Martyniuk, marcó el inicio de una cadena de irregularidades institucionales: Zoppegni le habría prohibido el ingreso al edificio sin que existiera una notificación formal previa por parte de la Legislatura.
Para Martyniuk, ese episodio no fue una simple decisión administrativa, sino un acto de enorme gravedad institucional. El abogado defensor sostiene que impedir el ingreso de un funcionario sin notificación válida configuraría un presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, al apartarlo de hecho de sus funciones sin respetar el procedimiento correspondiente.
A partir de ese hecho, Martyniuk denunció no solo la conducta atribuida a Zoppegni, sino también la actuación de quienes, según su planteo, habrían terminado encubriendo o convalidando lo ocurrido. En esa presentación se describieron maniobras irregulares, notificaciones inválidas o desaparecidas, decisiones adoptadas de manera unilateral y obstáculos concretos al ejercicio del derecho de defensa.
Sin embargo, lejos de abrirse una investigación profunda, la denuncia fue desestimada por el fiscal Benítez, de la Unidad Fiscal 152 de Esperanza. Frente a esa decisión, Martyniuk presentó una impugnación. Pero la desestimación terminó siendo convalidada por el fiscal regional de Venado Tuerto, Mauricio Clavero.
Ahora, la impugnación contra la resolución de Clavero deberá ser resuelta por María Cecilia Vranicich, que queda frente a una decisión institucional sensible: revisar si existió una investigación seria o si el propio Ministerio Público de la Acusación volvió a funcionar como un sistema cerrado de autoprotección.
La posición de Martyniuk es clara: el caso no se limita a una discusión administrativa, sino que expone un posible mecanismo de blindaje interno dentro del MPA. Según el abogado defensor, las irregularidades denunciadas no fueron investigadas con la profundidad que correspondía y las distintas instancias terminaron validando entre sí lo actuado.
La secuencia, vista desde la defensa, es preocupante: primero se habría impedido el ingreso de Rodríguez y Barros sin notificación legislativa válida; luego se denunció ese accionar como presunto delito; después Benítez desestimó la denuncia; más tarde Clavero convalidó esa desestimación; y ahora Vranicich deberá definir si avala lo resuelto o si ordena revisar un procedimiento cargado de cuestionamientos.
En los planteos de la defensa aparecen conceptos graves: estado de indefensión, manipulación y ocultamiento de prueba, mala fe procesal y una posible estafa procesal consumada mediante decisiones administrativas, judiciales y legislativas que, según Martyniuk, no respetaron garantías elementales.
El punto de fondo es todavía más delicado: para la defensa, el procedimiento habría tenido desde el inicio un objetivo definido, que era desplazar a Rodríguez y Barros de su cargo e impedir que determinadas conductas fueran investigadas. En ese marco, el caso deja de ser individual y pasa a convertirse en una pregunta institucional mucho más incómoda.
¿Puede el mismo sistema acusado de cometer irregularidades investigarse a sí mismo con imparcialidad?
La actuación de Benítez y Clavero queda así bajo la lupa. Martyniuk cuestiona que no se haya producido una investigación real, que se recurriera a argumentos formales para cerrar el caso y que se evitara avanzar sobre hechos que, de comprobarse, serían de extrema gravedad institucional.
Por eso, el expediente que ahora deberá analizar Vranicich excede la situación personal de Rodríguez y Barros. Lo que está en discusión es si las instituciones santafesinas existen para garantizar justicia o si funcionan como estructuras de autoprotección cuando las denuncias apuntan hacia adentro del poder.
Una nueva convocatoria también cuestionada
A este escenario se suma la audiencia fijada para el viernes 22 de mayo a las 9, que también fue cuestionada por Martyniuk. Según el abogado defensor, más de 30 testigos fueron citados por correo electrónico para presentarse todos a la misma hora, sin cronograma y sin contemplar que algunos podrían tener que recorrer más de 200 kilómetros para declarar. Además, la convocatoria habría llegado con apenas tres días hábiles de antelación, cuando la defensa sostiene que correspondían al menos cinco días hábiles. Otro punto objetado es que la citación aparece dispuesta por el presidente de la Comisión de Acuerdos, cuando para la defensa debería ser cursada por un acusador válidamente habilitado. En este caso, el acusador formal sigue siendo Marcos Corach, pero fue recusado y esa recusación aún no habría sido resuelta. Por eso, Martyniuk advierte que las citaciones no deberían ser impulsadas por una autoridad recusada ni por vías que puedan afectar nuevamente el derecho de defensa y la validez de las actuaciones.
