La Ley Hojarasca obtuvo media sanción: el Gobierno avanza contra décadas de burocracia inútil
Diputados aprobó el proyecto impulsado por el oficialismo para derogar normas obsoletas, inaplicables o contrarias a las libertades individuales. La iniciativa elimina 58 leyes, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos.
La Ley Hojarasca obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y quedó a un paso de convertirse en una herramienta concreta para limpiar el sistema legal argentino de normas inútiles, viejas o directamente absurdas.
El proyecto, impulsado por el Gobierno de Javier Milei y trabajado desde el área de Desregulación y Transformación del Estado, apunta a derogar legislación acumulada durante décadas: leyes que ya no se aplican, que perdieron vigencia, que fueron superadas por nuevas normas o que imponen cargas burocráticas sin sentido.
La iniciativa fue aprobada con 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones, en una sesión donde el oficialismo logró reunir apoyo de sectores aliados para avanzar con una de las reformas más simbólicas de su agenda desreguladora.
El texto elimina 58 leyes, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos considerados inútiles, anacrónicos o contrarios a las libertades individuales.
Leyes viejas, absurdas y sin aplicación real
La llamada Ley Hojarasca no busca crear más regulaciones, sino exactamente lo contrario: sacar del medio normas que nunca debieron seguir ocupando espacio dentro del ordenamiento jurídico argentino.
Entre los ejemplos mencionados por La Libertad Avanza aparecen leyes tan insólitas como la que autorizaba la televisión a color, la que obligaba a registrar mapas oficiales para incluirlos en etiquetas de vino o la que exigía un carnet de mochilero.
También se incluyó la derogación de normas con consecuencias mucho más delicadas, como aquella que penaba a quienes propiciaran sanciones contra el país, una redacción que podía alcanzar incluso a personas que denunciaran violaciones a los derechos humanos ante organismos internacionales.
El oficialismo ordenó las normas a eliminar en distintas categorías: leyes superadas por legislación posterior, normas obsoletas por el avance tecnológico, regulaciones que afectan libertades individuales, disposiciones que generan burocracia innecesaria, organismos ya disueltos y estructuras financiadas con fondos nacionales sin actividad real.
El Congreso empieza a limpiar su propio desorden
Durante décadas, el Congreso Nacional aprobó leyes sin utilidad práctica, normas duplicadas, regulaciones inconducentes y estructuras que quedaron flotando dentro del sistema legal argentino. Muchas no se aplican, otras fueron superadas por la realidad y algunas directamente responden a una lógica estatista que buscaba regularlo todo.
La Ley Hojarasca parte de una idea simple: si el Congreso fue responsable de llenar el país de leyes inútiles, el Congreso también debe encargarse de eliminarlas.
En la defensa del proyecto, el diputado libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch sostuvo que el objetivo es sacar al argentino de bien del “laberinto regulatorio” y cuestionó las leyes concebidas como barreras artificiales para sostener el peaje de la política.
La oposición, como era esperable, cuestionó el método y la oportunidad del proyecto. Desde Unión por la Patria y otros sectores se objetó que muchas de las normas eran viejas o ya estaban en desuso. Pero justamente ahí aparece el punto central: si una norma es inútil, vieja o inaplicable, no tiene sentido que siga existiendo como parte del marco legal argentino.
Menos Estado escrito en papeles inútiles
La aprobación de la Ley Hojarasca tiene un valor político que excede el listado de normas derogadas. Es una señal de rumbo: el Estado no solo se agranda con gasto, cargos y ministerios; también se agranda con leyes, trámites, registros, permisos, obligaciones y regulaciones que nadie revisa.
El gobierno de Milei vuelve a poner sobre la mesa una discusión que la política tradicional evitó durante años: la Argentina no necesita más normas para controlar al ciudadano, necesita menos obstáculos para que pueda trabajar, producir, circular e innovar.
La media sanción en Diputados marca un avance concreto en esa dirección. Ahora será el Senado el que deberá definir si acompaña la limpieza normativa o si prefiere defender el viejo sistema donde cada ley inútil, cada trámite absurdo y cada regulación anacrónica termina funcionando como una pequeña victoria del Estado sobre la libertad de los argentinos.
