Pullaro vuelve a adjudicar otra obra millonaria a Pietroboni SA, empresa procesada por coimas en Causa Cuadernos

Mientras en Comodoro Py Ernesto Clarens detalla cómo se cartelizó la obra pública y cómo funcionaban los “retornos” del kirchnerismo, el gobierno de Santa Fe –con el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico y la senadora Leticia Di Gregorio a la cabeza– celebra con bombos y platillos una obra vial de casi $21.000 millones en el sur provincial. La ganadora es Lemiro Pablo Pietroboni S.A., constructora que estuvo al borde de la quiebra en 2001, resurgió “mágicamente” al calor de la obra pública K, cuyo dueño confesó en radio haber pagado coimas en 2016, que hoy está procesada por sobornos y fraude al Estado en contratos viales y que, además, viene encadenando adjudicaciones clave como el nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé y los puentes sobre el Quencho y el Careé.

Di Gregorio Enrico

🔹 Un anuncio “histórico” en el sur santafesino

A pocas horas de que se retomaran las audiencias de la causa Cuadernos, con Clarens describiendo con lujo de detalles cómo se repartían las coimas de la obra pública, en Santa Fe la postal era bien distinta: sonrisas, promesas y anuncios.

Con talante festivo y sacando notas en medios afines, la senadora Leticia Di Gregorio confirmó que el gobierno de Maximiliano Pullaro había adjudicado “la obra más importante de la historia de San Francisco” a la firma Lemiro Pablo Pietroboni S.A.: el asfaltado de casi 20 kilómetros de la ruta provincial 7-S, que unirá esa pequeña localidad del departamento General López con Venado Tuerto.

La obra supera los $20.900 millones, tiene un plazo de ejecución de 18 meses y se financia en un 70% con fondos provinciales, mientras que el 30% restante quedará a cargo de la Municipalidad de Venado Tuerto, la comuna de San Francisco y productores de la zona.

En un contexto de recesión y bolsillos ajustados, la cifra es enorme. Pero en ningún momento el oficialismo provincial mencionó el dato central: quién es y qué antecedentes arrastra la empresa que se lleva ese contrato millonario.


🔹 La historia oscura de Lemiro Pablo Pietroboni S.A.

Lemiro Pablo Pietroboni S.A. es una vieja conocida de la obra pública argentina. Nacida en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), llegó a estar prácticamente al borde de la quiebra tras la crisis de 2001.

Después, como tantas contratistas cercanas al poder, resurgió “cual Ave Fénix” al calor de la obra pública kirchnerista: pasó a ser una de las grandes constructoras viales, se expandió por varias provincias y llegó incluso a participar de obras millonarias en países vecinos.

El giro decisivo quedó registrado en 2016. Ese año, su propio dueño, Víctor Pietroboni, confesó en un programa de radio que el vertiginoso crecimiento de la empresa se apoyó en un “sinfín de licitaciones ganadas a cambio del pago de coimas al kirchnerismo”.

Pocos meses después de esa admisión pública, Pietroboni murió. Y nadie –ni la Justicia Federal ni los gobiernos de turno– pareció demasiado interesado en profundizar lo que él mismo había empezado a revelar.

La constructora siendo allanada por la causa Cuadernos

🔹 Procesada en Vialidad y nombrada en los Excel de los Cuadernos

Esa confesión hoy se cruza con otro frente: el judicial. En febrero de 2025, el juez federal Sebastián Casanello procesó a once personas y a dos constructoras –entre ellas Lemiro Pablo Pietroboni S.A.– en una causa por sobornos, fraude al Estado y falsificación de documentos en obras de la Dirección Nacional de Vialidad.

No sólo se imputó a ejecutivos a título personal: también se procesó a las propias sociedades anónimas, aplicando la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria. El fallo describe un mecanismo clásico: terraplenes más bajos que los declarados, certificaciones infladas, cobros como si la obra estuviera completa y el excedente canalizado como retorno a funcionarios, usando empresas pantalla e incluso firmas a nombre de familiares de quienes debían controlar. Casanello dictó el procesamiento por cohecho activo y trabó embargos por más de $632 millones sobre Pietroboni y otra firma.

En la causa Cuadernos, el financista Ernesto Clarens entregó un pendrive con planillas de Excel donde constan los millones recibidos por cada empresa en contratos viales durante el kirchnerismo y cuánto retornaba en coimas a los funcionarios. En esa nómina aparecen tres firmas entrerrianas que se repiten en todos los informes: Losi, Pitón y, otra vez, Lemiro Pablo Pietroboni S.A.

Lo que Pietroboni sugirió en radio en 2016, hoy se ve reflejado en números, planillas y procesamientos.


🔹 Un patrón repetido: Entre Ríos, los puentes y las “ofertas convenientes”

El caso de San Francisco no es un rayo en cielo sereno, sino otra escena de una película que se repite.

En Entre Ríos las empresas Pitón, Pietroboni y Losi llevan décadas monopolizando adjudicaciones de obra pública, con sistemas de puntajes que las dejan siempre bien posicionadas, incluso cuando su oferta no es la más conveniente para el Estado. En un programa provincial de recuperación y mantenimiento de rutas, ya lograron quedarse con una obra de $12.000 millones bajo la forma de Unión Transitoria de Empresas, y el artículo subraya que su valoración va “más allá” de que el monto resulte perjudicial para las arcas provinciales.

En Santa Fe, el comportamiento es similar.
La propia provincia le acaba de adjudicar a Lemiro Pablo Pietroboni S.A. la construcción de los puentes sobre los arroyos Quencho y Careé y sus accesos en la ruta provincial 32, en el departamento General Obligado. En esa licitación internacional, hubo cinco ofertas; una UTE integrada por Werk, Del Sol y Rinaudo presentó un presupuesto más bajo, pero terminó siendo descartada por supuestos incumplimientos formales, y la comisión evaluadora recomendó adjudicar la obra a Pietroboni por casi $7.970 millones a valores de junio de 2025.

El ejemplo más emblemático es el nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé, una obra estratégica que el propio gobierno definió como “histórica”. Allí se presentaron 10 oferentes y la adjudicación fue para la UTE Lemiro Petroboni S.A. – SE.MI.SA – Cosivial S.A., con un presupuesto de $39.811 millones, financiados íntegramente por la provincia. Según detalló El Litoral, la oferta de esa UTE resultó ser la más cercana a la tasación oficial impulsada por el Ejecutivo, fijada en unos $37.589 millones, y fue la elegida entre todas las propuestas económicas presentadas.

En todos estos casos –Entre Ríos, el norte santafesino, el puente Santa Fe–Santo Tomé y ahora la ruta 7-S a San Francisco– el patrón es el mismo: Lemiro Pablo Pietroboni aparece una y otra vez en el podio de las grandes obras, aun cargando con procesamientos por sobornos y con su nombre anotado en los papeles de la causa Cuadernos.

La apertura de sobres en la licitaciones que siempre ganan las mismas empresas

🔹 Deuda récord y culto a la obra pública

Mientras tanto, la Legislatura santafesina autorizó a la gestión Pullaro a tomar hasta U$S 1.000 millones de nueva deuda externa –la mayor de la historia provincial– para financiar un ambicioso plan de obra pública, dentro de un paquete total que supera los U$S 1.150 millones junto con un crédito de la CAF.

El relato oficial habla de “más rutas, más conectividad, más desarrollo”. Pero la combinación de datos cuenta otra cosa:

  • Ruta 7-S a San Francisco,
  • Puentes Quencho–Careé y accesos en la RP 32,
  • Nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé,

todo con una misma marca recurrente: Pietroboni.

La deuda que van a pagar generaciones de santafesinos termina, otra vez, alimentando al mismo club de contratistas de siempre, incluso cuando parte de ese club está procesado por corrupción en Vialidad y señalado en la trama de los Cuadernos.


🔹 La pregunta que nadie en Santa Fe quiere responder

Mientras en Comodoro Py avanzan los juicios contra exfuncionarios y empresarios por haber convertido la obra pública en una máquina de saquear al Estado, en Santa Fe se celebra con sonrisas una serie de obras multimillonarias adjudicadas –directa o indirectamente– a una contratista con un largo historial ligado a ese sistema.

La pregunta –irónica, pero inevitable– queda flotando sola, como cierre de esta historia:

Si este fue durante años el modus operandi de Lemiro Pablo Pietroboni S.A. para ganar licitaciones, ¿qué nos hace pensar que esta vez actuó distinto?
¿Tus impuestos, y la deuda tomada en tu nombre, vuelven realmente en asfalto y desarrollo para Santa Fe… o vuelven, una vez más, a engordar la misma patria contratista que los cuadernos Gloria y los Excel de Clarens ya dejaron al descubierto?

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Alba Ranni
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