El pullarismo aprobó a días de Navidad una ley exprés para regular internet y TV en Santa Fe en tiempo récord
Las cámaras de Senadores y Diputados de Santa Fe aprobaron en tiempo récord, a días de Navidad, una ley que centraliza en el Estado la administración de la conectividad y habilita concesiones y licencias sobre infraestructura crítica. Mientras el gobierno se vende como “transparente”, abre el negocio que de pliegos, software, mantenimiento y centros de datos despierta una pregunta inevitable: ¿a quién le van a entregar esos contratos millonarios y qué garantías reales hay de que esa “regulación” no termine siendo control? En la era de 1984 -Orwell-, cuando el poder administra la red, también se queda con la llave para condicionar lo que la gente ve, dice y comparte.
Mientras el discurso oficial insiste con “modernización”, “innovación” y “transparencia”, la provincia de Santa Fe acaba de avanzar —a velocidad récord y en pleno calendario de fiestas— con una norma que concentra en el Estado la administración de infraestructura crítica de conectividad. En criollo: el Estado se mete en el corazón de la autopista por donde circula tu información.
Y eso, en cualquier democracia sana, amerita debate público real. No un trámite relámpago.
Trámite exprés y sanción definitiva
Miércoles 17 de diciembre: el proyecto no se trató (para no despertar la atención de los medios), sino que se aprobó sobre tablas en Senado, la escribanía del gobierno donde Pullaro maneja a 14 de los 19 senadores, como parte del temario de extraordinarias (Mensaje 43/25).
Jueves 18 de diciembre: tan solo al día siguiente (y sin disimular el apuro político de aprobarlo antes de que se hable del temsa) la Cámara de Diputados trató el tema de forma exprés y con una velocidad inusitada y le dio sanción definitiva al proyecto del Ejecutivo que “regula la Red de conectividad e infraestructura tecnológica” (Expte. 57845, Mensaje 43/25).
Velocidad inusual para una ley que toca infraestructura sensible, contratos de enorme magnitud y, sobre todo, derechos: privacidad, libertad de expresión y acceso a la información.
Qué habilita la norma
Los puntos centrales, dicho sin maquillaje técnico, son estos:
- Crea un “Sistema Público Provincial” (“Red de Conectividad e Infraestructura Tecnológica”) y define un “ecosistema” de actores donde la Autoridad de Aplicación (Secretaría de Tecnologías para la Gestión, dentro del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública) regula esa interrelación.
- Autoriza a la Provincia a concesionar “capacidades excedentes” de la infraestructura, y a otorgar licencias a prestadores para usar la red en municipios y brindar servicios a usuarios finales.
- También habilita licencias a proveedores mayoristas de internet para contratar, conectar y comercializar servicios “en la nube” y otros servicios TIC dentro de nodos/centros de datos de la red.
- La Provincia puede cobrar contraprestaciones en dinero, servicios, infraestructura, software y tecnología.
- En el texto se incluye una prohibición formal: la Provincia no debería prestar “directamente” conectividad salvo donde terceros no lleguen por razones económicas/estratégicas; y se menciona evitar monopolios.
Hasta ahí, la versión “prolija”. El problema es el de siempre: cuando el Estado se reserva la llave del sistema, la promesa escrita en un artículo termina valiendo menos que la discrecionalidad de quien controla la botonera.
¿Quién controla al que controla?
La ley habla de procedimientos “competitivos y transparentes”.
Pero todavía no aparecen respuestas públicas simples, de esas que cualquier ciudadano debería poder leer sin ser especialista:
- ¿Cuáles serán los pliegos, estándares técnicos y criterios de adjudicación?
- ¿Qué auditoría externa e independiente revisará esa “valoración económica” de contraprestaciones?
- ¿Qué resguardo concreto habrá para evitar que una red estatal termine siendo una caja (contratos, licencias, software, mantenimiento, centros de datos, “servicios digitales”)?
En Santa Fe, cuando se abre un negocio grande administrado por el Estado, lo prudente es poner la lupa: porque el incentivo político existe y es obvio. Y porque el ciudadano paga dos veces: paga la estructura y paga el riesgo.
“Regulación” como eslogan: el manual de las dictaduras opacas
Acá conviene ser claros: Santa Fe no es Corea del Norte. Pero la lógica de concentración (infraestructura + autoridad administrativa + licencias + nodos + datos) es el primer ladrillo del mismo edificio que, en otros lugares, terminó en censura, bloqueos y vigilancia.
Ejemplos concretos:
- Venezuela: el gobierno bloqueó el acceso a X (Twitter) por orden de Nicolás Maduro y el regulador Conatel, y el bloqueo se extendió más allá del plazo anunciado.
- Irán: Freedom House documenta bloqueos a apps de mensajería (como WhatsApp y Signal) y medidas para empujar a la población hacia mecanismos controlados (VPN “licenciadas”, presión para confinar el uso a plataformas domésticas).
- Cuba: durante protestas de 2021 se registraron restricciones selectivas a redes sociales y mensajería, con mediciones de organizaciones de monitoreo de red.
- Nicaragua: se reportó el bloqueo de dominios y sitios de medios independientes como parte de un patrón de censura y hostigamiento a la prensa.
- Corea del Norte: la regla directamente es otra: para la mayoría, no hay internet abierta; existe una intranet estatal (Kwangmyong) con sitios “aprobados” y vigilancia, y el acceso a la red global queda restringido a élites/autorizaciones especiales.
¿El punto en común? Siempre el mismo: “regular” para “cuidar”, y terminar filtrando, bloqueando o empujando a la ciudadanía hacia circuitos más controlables.
El costo de que te controlen lo pagás vos mismo
Y acá entra la parte que ningún comunicado oficial subraya: esto no es gratis.
Según los números del Proyecto de Presupuesto 2026 que manejan equipos técnicos y colaboradores, el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública tendría asignados $440 mil millones (sí, leíste bien) y dentro de esa estructura, el programa “Tecnologías para la Gestión” rondaría $93 mil millones, más que la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados de Santa Fe, que ya son de las más caras del país, con un componente fuerte de gastos de capital, además de otras partidas vinculadas a tecnología e innovación en distintas jurisdicciones.
Traducido: vos financiás la estructura, los cargos, los sistemas, los contratos y la expansión. Es como si el secuestrado tuviera que trabajar para sostener al captor… y encima pagarle los candados con los que te tienen cautivo.
Santa Fe “transparente”, versión 1984
En 1984, George Orwell describe un régimen totalitario donde el Estado no solo vigila: redefine el lenguaje, reescribe la historia y administra “la verdad” a conveniencia. El “Ministerio de la Verdad” no informa: fabrica realidad.
Por eso el contraste duele cuando un gobierno se presenta como transparente, pero aprueba en fechas sensibles una norma de infraestructura crítica y la discusión pública llega tarde, mal o nunca.
Estado intervencionista vs Realidad
El mercado ya existe: múltiples empresas pueden brindar conectividad, competir, innovar y mejorar precios y calidad. Cuando el Estado decide “ordenar” lo que el mercado resuelve, la pregunta no es tecnológica: es política.
Porque el que maneja los cables y los nodos, tarde o temprano quiere manejar el flujo.
Y cuando radicales, socialistas y peronistas se alinean detrás de más estructura estatal, suele ser la misma película: el partido del Estado, con distintos colores, buscando el control de las cajas… y ahora también de la información.
La pregunta final no es quién es dueño de la fibra.
La pregunta es: ¿quién garantiza que lo que te llega al celular no va a depender de la conveniencia del poder?
