Pullaro pidió echar a Adorni, pero nombró a condenados por corrupción en su gobierno
Pullaro aseguró que Adorni “no estaría más en su cargo”, pero nombró a Emilio Rached cuando ya estaba procesado y su espacio mantiene funcionarios vinculados con condenas por corrupción. Los audios de los casos Rodríguez y Druetta terminan de desnudar la doble vara del gobernador.
Maximiliano Pullaro volvió a subirse al púlpito de la transparencia para juzgar la conducta de funcionarios ajenos, pero evitó mirar el archivo de su propio espacio político.
El gobernador de Santa Fe aseguró este lunes que, si Manuel Adorni dependiera de su administración, “no estaría más en su cargo”. También sostuvo que le habría exigido presentarse rápidamente ante la Justicia y explicar las denuncias relacionadas con su patrimonio.
“Si Manuel Adorni fuese funcionario de Santa Fe, ya no estaría más en su cargo. Al menos le hubiésemos exigido ir a la Justicia mucho más rápido y que explique todo”, declaró Pullaro en una entrevista con Radio 2.
La frase fue rápidamente replicada por medios cercanos al oficialismo provincial y presentada como una demostración de firmeza ética. El problema es que la historia reciente del propio gobierno santafesino muestra un criterio completamente diferente cuando los involucrados son radicales, aliados políticos o integrantes de la estructura que conduce Pullaro.
Adorni está investigado, pero no condenado
El caso de Manuel Adorni debe explicarse con precisión.
El jefe de Gabinete nacional está imputado en una investigación federal por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia analiza sus declaraciones juradas, propiedades, viajes, consumos y la evolución de su patrimonio.
También existe un expediente relacionado con un viaje privado a Punta del Este y la posibilidad de que hubiera recibido una dádiva.
Sin embargo, Adorni todavía no fue citado a declaración indagatoria, no fue procesado y mucho menos condenado. La investigación continúa abierta y deberá ser la Justicia la que determine si existió algún delito.
Pullaro puede cuestionar sus explicaciones o considerar políticamente inconveniente su continuidad. Lo que no puede hacer, sin quedar expuesto a una contradicción evidente, es fingir que en Santa Fe aplica una regla ética inflexible que nunca aplicó con los propios.
Emilio Rached: nombrado cuando ya estaba procesado
Uno de los casos más evidentes es el de Emilio Rached, dirigente radical santiagueño que fue incorporado en 2023 al gobierno de Pullaro como subsecretario de Desarrollo Territorial e Institucional.
Rached no llegó a la administración santafesina con un expediente limpio. Cuando fue designado ya estaba procesado por la Justicia Federal por delitos relacionados con el manejo irregular de fondos públicos durante su gestión como intendente de Pinto, Santiago del Estero.
El procesamiento incluía acusaciones por malversación de caudales públicos, peculado y abuso de autoridad. A pesar de esos antecedentes, Pullaro decidió otorgarle un cargo dentro de la estructura provincial y pagar su función con el dinero de los santafesinos.
A fines de diciembre de 2025, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero condenó a Rached a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los jueces lo encontraron culpable de peculado y malversación de fondos públicos por el desvío de recursos que habían sido enviados para infraestructura, obras comunitarias, un polideportivo y desagües cloacales.
Es decir, Pullaro afirma ahora que habría echado inmediatamente a Adorni, quien todavía no fue indagado, pero no tuvo inconvenientes en nombrar a un dirigente que ya llegaba procesado por delitos contra la administración pública.
La vara moral parece endurecerse únicamente cuando el acusado pertenece a otro gobierno.
Andrea Oberti: condenada y sostenida en el cargo
Otro ejemplo está en Wheelwright, una comuna gobernada por el radicalismo y vinculada políticamente con la estructura provincial.
Andrea Oberti, actual jueza comunal de faltas, fue condenada en primera instancia a dos años de prisión condicional y a inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado.
El Tribunal Penal de Melincué consideró probado que utilizó recursos pertenecientes a la administración comunal para afrontar gastos personales durante su gestión como presidenta comunal de Labordeboy.
La situación resulta especialmente contradictoria frente al discurso de Pullaro.
Con Adorni, que no tiene condena ni procesamiento, el gobernador asegura que ya lo habría apartado. Con una funcionaria radical que recibió una condena judicial por peculado, el argumento de su espacio es esperar hasta que se agoten todas las instancias.
No se trata de discutir el derecho de defensa ni la presunción de inocencia. Se trata de mostrar que Pullaro utiliza una vara para juzgar al Gobierno nacional y otra completamente distinta cuando los cuestionamientos golpean a dirigentes radicales.
El apellido Gianetti dentro del Ministerio de Enrico
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, también tiene dentro de su estructura a Benjamín Gianetti, actual subadministrador de la Zona Sur de la Dirección Provincial de Vialidad.
Benjamín Gianetti es hijo de Roberto Gianetti, ex presidente comunal de Wheelwright condenado en 2022 a dos años y seis meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta y fraude contra el Estado.
Debe hacerse una aclaración elemental: la condena de Roberto Gianetti no convierte a su hijo en responsable penal de esos delitos, ni existe una condena contra Benjamín por esos hechos.
Enrico y Pullaro tienen derecho a defender la idoneidad de Benjamín Gianetti. Lo que no pueden hacer es actuar como si su espacio fuera una organización impoluta, ajena a condenas, procesamientos y estructuras de poder heredadas.
Pero el dato tiene relevancia política porque muestra la continuidad de una estructura familiar y partidaria dentro del Estado. Mientras Pullaro utiliza los antecedentes judiciales de otros espacios para repartir condenas públicas, su gobierno integra a dirigentes provenientes de entramados locales atravesados por graves escándalos de corrupción.
Las escuchas que Pullaro nunca explicó políticamente
La memoria también resulta incómoda para el actual gobernador.
En 2017, cuando Pullaro era ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz, se difundieron conversaciones telefónicas relacionadas con la detención del ex jefe de la Unidad Regional V de Rafaela, Adrián Rodríguez.
En esos audios aparecían diálogos de Pullaro con funcionarios judiciales, integrantes del Poder Ejecutivo, colaboradores y el propio gobernador Lifschitz.
Una de las conversaciones generó especial polémica porque Pullaro mencionaba que le habían indicado que la detención de Rodríguez se realizaría después de las elecciones. Sin embargo, el procedimiento se produjo antes de esa fecha.
Las grabaciones también mostraban al entonces ministro comunicándose con el fiscal general Jorge Baclini y con Lifschitz para conocer detalles de la causa.
Aquella situación despertó serios interrogantes sobre la relación entre el Poder Ejecutivo, la conducción política de Seguridad y funcionarios del sistema judicial. Pese a la gravedad institucional del episodio, Pullaro no renunció ni fue apartado por el gobierno socialista.
La firmeza ética que hoy reclama para Adorni no apareció cuando él mismo era el funcionario ubicado en el centro de la controversia.
Pullaro, Enrico y los audios con Alejandro Druetta
Años después se conocieron otras grabaciones todavía más comprometedoras desde el punto de vista político.
Durante el juicio federal contra Alejandro Druetta, ex jefe de Drogas Peligrosas de la Policía de Santa Fe, se difundieron conversaciones que el propio policía había almacenado y que mantenía con Maximiliano Pullaro y Lisandro Enrico cuando ambos eran legisladores provinciales.
En una de esas comunicaciones, Pullaro le ofrecía conseguirle un abogado a Druetta y hablaba de que existía “alguna defensa política”. En otra, Enrico le aseguraba al policía que debía sentirse “100% respaldado”.
Druetta fue posteriormente condenado por la Justicia Federal a diez años de prisión por tráfico de estupefacientes, agravado por su condición de funcionario público y por haber participado de una organización dedicada a comercializar drogas.
Las grabaciones no derivaron en una condena contra Pullaro ni contra Enrico, y corresponde dejarlo expresamente aclarado. Pero políticamente mostraron una cercanía y un respaldo hacia un jefe policial que terminó condenado por integrar el mismo negocio criminal que debía combatir.
Cuando esos audios salieron a la luz, tampoco hubo renuncias, expulsiones ni pedidos de apartamiento dentro del radicalismo.
Enrico continuó su carrera hasta convertirse en ministro de Obras Públicas. Pullaro llegó a la Gobernación y hoy se presenta como juez moral de funcionarios nacionales.
El radicalismo tampoco puede dar clases de pureza
Pullaro pertenece a la Unión Cívica Radical, un partido con una extensa historia institucional, pero también con numerosos dirigentes condenados y procesados por delitos contra el Estado.
No existe un registro judicial serio que permita afirmar responsablemente qué partido ocupa el primero o el segundo lugar en cantidad de condenados. Pero sí existe evidencia suficiente para afirmar que el radicalismo no es una fuerza ajena a la corrupción ni puede presentarse como dueño exclusivo de la transparencia.
Rached, Oberti y Gianetti son ejemplos concretos vinculados con el propio universo político santafesino.
El problema no es que Pullaro pida explicaciones. Todo funcionario debe rendir cuentas. El problema es que exige para los adversarios una velocidad, una severidad y una condena política que nunca aplicó con los dirigentes de su propio espacio.
¿Transparencia o politiquería barata?
La declaración contra Adorni parece tener menos relación con una preocupación institucional genuina que con la necesidad de diferenciarse políticamente del Gobierno nacional.
Pullaro sabe que una frase contundente genera titulares, publicaciones y recortes para redes sociales. También sabe que detrás del gobierno provincial existe una enorme estructura de comunicación, funcionarios, asesores y militantes digitales dispuestos a reproducir el mensaje.
No existe, por el momento, una prueba pública que permita afirmar que empleados provinciales hayan recibido una orden directa de comentar publicaciones o actuar como un “troll center”. Presentarlo como un hecho comprobado sería irresponsable.
Pero la utilización de recursos, tiempo de funcionarios y estructuras comunicacionales estatales para amplificar operaciones partidarias merece ser observada. Los santafesinos tienen derecho a saber si pagan servidores públicos para gestionar la provincia o militantes digitales para defender al gobernador en las redes.
Cuando una declaración se replica de manera coordinada y termina acompañada por comentarios casi idénticos de cuentas vinculadas con la estructura política, la sospecha es inevitable.
Una autoridad moral cada vez más difícil de encontrar
Pullaro dijo que Adorni no permanecería en su gobierno.
Pero Pullaro nombró a Rached cuando ya estaba procesado. Su espacio mantiene a Oberti después de una condena por peculado. Su ministro Enrico incorporó a la estructura provincial al hijo de un ex presidente comunal condenado. Él mismo atravesó escándalos por conversaciones con autoridades judiciales y respaldó políticamente a un policía que posteriormente fue condenado por narcotráfico.
Ninguno de esos antecedentes convierte automáticamente a Pullaro en responsable penal de los delitos cometidos por terceros. Pero todos ellos destruyen la imagen de superioridad moral que intenta construir.
La pregunta, entonces, es inevitable:
¿Con qué autoridad exige la expulsión inmediata de funcionarios ajenos cuando nunca utilizó el mismo criterio dentro de su propio espacio?
Tal vez la respuesta sea sencilla: con ninguna.
La declaración contra Adorni no parece una defensa seria de las instituciones. Parece una nueva muestra de politiquería barata, diseñada para los que desconocen el archivo y amplificada por una estructura estatal que necesita mantener al gobernador en campaña permanente.
Pullaro puede cuestionar a Adorni. Lo que ya no puede hacer es esconder su propia historia.
