Escándalo en Wheelwright: jueza de faltas Oberti condenada por corrupción e inhabilitación perpetua es mantenida en el cargo
Andrea Oberti, actual jueza comunal de faltas, fue condenada a dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por hechos cometidos cuando fue presidente comunal de Labordeboy. Pese a eso, la Comuna de Wheelwright decidió respaldarla en el cargo bajo el argumento de que la condenada apeló la decisión judicial.
La Comuna de Wheelwright, en el sur de la provincia de Santa Fe, quedó envuelta en un nuevo escándalo político e institucional luego de salir públicamente a respaldar a Andrea Oberti, actual jueza comunal de faltas, pese a haber sido condenada en primera instancia por corrupción durante su gestión como presidente comunal de Labordeboy.
Oberti fue condenada a dos años de prisión condicional e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado, luego de que la Justicia entendiera que existieron pruebas suficientes sobre el uso indebido de fondos públicos durante su administración comunal.
La condena se vincula con maniobras de utilización irregular de recursos del Estado, es decir, fondos que debían estar destinados a la administración pública y que, según la resolución judicial, fueron desviados indebidamente. Aunque la sentencia fue apelada y aún no se encuentra firme, el dato político e institucional es contundente: un tribunal ya la encontró culpable en primera instancia.
Frente a ese escenario, la Comuna de Wheelwright difundió un comunicado en el que acusó de “malintencionadas” y de “claro contenido político” a las noticias sobre la situación de Oberti. Además, sostuvo que la jueza puso a disposición su renuncia, pero que la actual administración decidió no aceptarla y ratificarla en el cargo, argumentando que “no hay sentencia firme” y que, por lo tanto, no pesaría inhabilitación hasta que finalice el proceso judicial.
El problema es que la discusión no es solamente jurídica. Es, sobre todo, ética e institucional.
Una cosa es reconocer las garantías constitucionales y el derecho de defensa de una persona condenada en primera instancia. Otra muy distinta es sostener en una función pública sensible —como la de jueza de faltas— a una funcionaria que ya recibió una condena por corrupción vinculada al manejo de fondos del Estado.
La pregunta cae por su propio peso: ¿no debería la Comuna separarla preventivamente del cargo hasta que se aclare definitivamente su situación judicial?
La respuesta institucional de Wheelwright parece ir en sentido contrario. En vez de preservar la confianza pública, optó por cerrar filas. En vez de tomar distancia de una condena gravísima, eligió respaldar a la funcionaria. En vez de defender la transparencia, defendió la permanencia.
La situación fue cuestionada incluso desde adentro de la propia comisión comunal. Belalo Prato, miembro de la Comisión Comunal de Wheelwright, pidió públicamente la renuncia de Oberti y fue tajante: “Los condenados y corruptos no pueden seguir en la función pública”.
A través de un video, Prato denunció además la contradicción de una gestión que se llena la boca hablando de transparencia, pero que en los hechos decide sostener en un cargo público a una funcionaria condenada por corrupción. Su planteo expuso la grieta interna que atraviesa a la Comuna y dejó en evidencia que el respaldo a Oberti no es una decisión menor ni indiscutida.
El caso golpea especialmente porque Wheelwright ya viene marcada por antecedentes vinculados a la corrupción pública. El ex jefe comunal Roberto Gianetti fue condenado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado e inhabilitado para ejercer cargos públicos. Sin embargo, vecinos de la localidad denuncian que todavía lo ven moverse en vehículos comunales y aseguran que seguiría teniendo influencia informal en áreas vinculadas a caminos rurales, situación que las autoridades deberían aclarar de inmediato.
En ese contexto, la defensa de Oberti no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una cultura política preocupante: dirigentes condenados o cuestionados que, lejos de ser apartados del Estado, encuentran protección dentro del propio sistema comunal.
Wheelwright se presenta como una comuna que habla de transparencia, pero la realidad muestra otra cosa: una jueza de faltas condenada en primera instancia por corrupción sigue siendo respaldada oficialmente; un miembro de la comisión comunal pide su renuncia; y los vecinos observan cómo el poder local parece más interesado en proteger a los propios que en cuidar la credibilidad institucional.
El argumento de que “la sentencia no está firme” puede tener valor procesal, pero no alcanza como excusa política. La función pública exige algo más que esperar el último recurso judicial. Exige prudencia, decoro, ejemplaridad y respeto por los vecinos.
Porque una persona condenada por corrupción en primera instancia no debería seguir ejerciendo una función de autoridad sobre los ciudadanos como si nada hubiera pasado. Menos todavía en una comuna que dice defender la transparencia.
Wheelwright enfrenta una pregunta elemental: ¿está del lado de la confianza pública o del lado de los condenados que se aferran al Estado?
Por ahora, la respuesta de la Comuna deja una imagen difícil de disimular: un poder local que, ante una condena por corrupción, no separa, no ordena y no transparenta. Al contrario: respalda. Y eso explica por qué muchos vecinos empiezan a ver a Wheelwright como un verdadero aguantadero radical de funcionarios condenados.
