Chiarella y la moral selectiva del radicalismo: la UCR que acusa a Adorni carga con un archivo negro de condenados por corrupción
Mientras el intendente de Venado Tuerto y presidente nacional de la UCR, Leonel Chiarella, salió a pegarle al Gobierno nacional por el caso Adorni, todavía bajo investigación judicial, el archivo del radicalismo devuelve una postal incómoda: gobernadores, intendentes, senadores, diputados y funcionarios radicales condenados por peculado, administración fraudulenta, malversación, estafa y defraudación al Estado.
Leonel Chiarella decidió subirse al ring nacional. El intendente de Venado Tuerto y flamante presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical salió a cuestionar con dureza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. “O hay sobresueldos o están robando”, disparó el dirigente radical, y remató: “Al final eran igual que los otros”.
El problema para Chiarella es que habla desde uno de los partidos con menos autoridad moral para señalar a otros por corrupción. La UCR, que intenta venderse cada tanto como reserva ética de la República, arrastra un historial judicial demasiado pesado como para salir a dictar clases de transparencia desde un pedestal. La propia UCR informó que Chiarella fue elegido presidente nacional del partido en diciembre de 2025, presentado como la “nueva sangre” radical.
Pero la nueva sangre radical parece conservar las viejas mañas de la casta: hablar para la tribuna, ensuciar al adversario antes de que la Justicia termine de investigar, buscar volumen político con denuncias ajenas y esconder debajo de la alfombra el prontuario propio.
El caso Adorni está en investigación. Podrá avanzar o caerse. Podrá tener elementos contundentes o terminar como tantas operaciones mediáticas de ocasión. Pero lo llamativo no es que se investigue: lo llamativo es que el radicalismo pretenda instalarse como fiscal moral de la Argentina cuando su propio archivo está lleno de dirigentes condenados por delitos contra la administración pública.
Mientras tanto, el Gobierno nacional exhibe números que explican por qué la vieja política necesita encontrar un flanco de ataque: el INDEC informó que la pobreza bajó al 28,2% en el segundo semestre de 2025; en marzo de 2026 las exportaciones alcanzaron un récord histórico de US$ 8.645 millones; Fitch elevó la calificación de Argentina de CCC+ a B-; y el riesgo país se movía esta semana en torno a los 522 puntos básicos, muy lejos de los niveles de desconfianza heredados.
Por eso la reacción carroñera de Chiarella no parece casual: cuando a un gobierno le cuesta pegarle por inflación, pobreza, exportaciones o riesgo país, la vieja política busca la mancha, la sospecha, el ruido. No para limpiar la República, sino para volver a ocupar espacio, cargos, cajas y rosca.
El archivo radical que Chiarella prefiere no mirar
La lista es larga. Y no se trata de rumores de pasillo, sino de condenas judiciales, fallos firmes o antecedentes públicos imposibles de esconder.
Emilio Rached, exintendente de Pinto, exvicegobernador de Santiago del Estero y dirigente radical, fue condenado a 3 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por malversación de caudales públicos, peculado y abuso de autoridad mientras formaba parte del gobierno de Pullaro en Santa Fe, que le dio asilo mientras estaba imputado en su provincia, recibiendo su sueldo pagado por los santafesinos. La Justicia también ordenó el pago de más de $5,1 millones por el perjuicio ocasionado al Estado.
El dato es todavía más incómodo para Santa Fe: Rached apareció dentro de la estructura del gobierno de Maximiliano Pullaro, como parte de ese entramado de cargos políticos con funciones difusas que la casta usa para contener aliados, pagar favores y sostener roscas territoriales. El radicalismo que habla de transparencia sostuvo dentro del Estado a un dirigente que terminó condenado e inhabilitado por corrupción.
Roberto Gianetti, expresidente comunal de Wheelwright, en el sur santafesino, fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta contra la administración pública. Un caso directamente vinculado a la región donde el radicalismo santafesino pretende dar lecciones de gestión y honestidad.
Julio Fernando Alegre, exintendente de Santiago del Estero y militante radical, fue condenado a 8 años de prisión por una trama de corrupción municipal que incluyó asociación ilícita, defraudación calificada reiterada, peculado, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. La Corte Suprema dejó firme la condena.
Gabriel Osvaldo Hernández, exintendente radical de la ciudad de Formosa, recibió una condena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua por peculado. La Corte Suprema dejó firme la sentencia por la sustracción de fondos públicos cuya administración le había sido confiada.
Arturo Colombi, exgobernador radical de Corrientes, fue condenado por la llamada causa de la publicidad oficial. El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó la condena por peculado en la distribución de pauta oficial en concurso ideal con administración fraudulenta, además de la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
En esa misma causa fueron condenados también Carlos Fagúndez y José Luis “Billy” Zampa, funcionarios del gobierno de Colombi, por la misma trama vinculada al manejo irregular de la pauta oficial.
Roberto Valente, exdiputado provincial del radicalismo entrerriano, fue condenado a 3 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua por peculado y defraudación contra la administración pública. La Justicia tuvo por probado que utilizó fondos públicos para promocionar su imagen política.
Alfredo Thamm, exsenador radical y exfuncionario de Villaguay, Entre Ríos, fue condenado a 2 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua por peculado. El Superior Tribunal entrerriano ratificó la inhabilitación perpetua.
Oscar Berón, exministro de Economía del gobierno radical de Sergio Montiel en Entre Ríos, reconoció responsabilidad en una causa por fraude a la administración pública y aceptó una condena en juicio abreviado.
Luis Eduardo Medina Allende, exdiputado radical cordobés, fue condenado a 8 años de prisión efectiva por estafa en la venta fraudulenta del edificio público del Buen Pastor, uno de los escándalos más recordados de la política cordobesa.
Francisco “Beto” Esteban, intendente radical de Cruz del Eje, Córdoba, ya había sido condenado en 1998 y años después volvió a quedar envuelto en investigaciones por presunto fraude durante su gestión municipal.
Miguel Pedranti, extitular de Viarse en Río Negro, fue condenado a 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta, tras admitir el uso de fondos públicos para un asado radical.
Alfredo Lassalle, exlegislador rionegrino y dirigente radical, fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta, en una causa vinculada a terrenos fiscales y urbanos en Las Grutas.
Horacio Massaccesi, exgobernador radical de Río Negro y excandidato presidencial de la UCR, fue condenado a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua por malversación de caudales públicos en la figura de peculado, por la incautación de fondos del Banco Central.
Pablo Verani, también exgobernador radical de Río Negro, fue condenado a 2 años y 3 meses de prisión en suspenso por su participación en la causa conocida como el “asalto al Tesoro Regional” del Banco Central.
Fernando Chironi, Raúl Di Nardo, Ricardo Sarandría y Roberto Rappazzo Cesio, exfuncionarios del gobierno radical rionegrino, también fueron condenados en el expediente vinculado a los fondos del Banco Central, con penas de prisión en suspenso e inhabilitaciones.
Enrique Isaac Susevich, responsable económico-financiero de la campaña de Cambiemos en Entre Ríos, fue condenado por defraudación en perjuicio de la administración pública por el uso irregular de fondos estatales destinados a boletas electorales.
Sergio Varisco, exintendente radical de Paraná, no corresponde mezclarlo con la corrupción administrativa clásica, pero sí forma parte del archivo más oscuro de la UCR: fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión como partícipe necesario en una causa de narcotráfico.
Los que zafaron, los que fueron absueltos y los que siguen bajo sospecha política
También hay nombres que no pueden ser presentados como condenados vigentes, pero sí integran el mapa de escándalos, causas caídas, prescripciones, absoluciones o investigaciones sensibles.
Aída Ayala, exintendente radical de Resistencia, fue condenada en 2024 a 3 años de prisión condicional en una causa por fraude, pero luego Casación la absolvió. Es decir: no puede ser presentada hoy como condenada, aunque el caso forma parte del archivo político-judicial de la UCR.
Oscar Aguad, histórico dirigente radical, fue investigado por presunto perjuicio millonario durante la intervención federal en Corrientes, aunque terminó beneficiado por prescripción o sobreseimiento. No es un condenado, pero sí otro ejemplo de cómo la política tradicional muchas veces logra que los expedientes se apaguen antes de llegar al fondo.
Camilo Busquets, exintendente de Ceres, Santa Fe, fue acusado en una causa por corrupción, aunque su situación debe ser tratada como proceso abierto o suspendido, no como condena.
Estos casos muestran algo más profundo: no todos los expedientes terminan en condena. Algunos prescriben, otros se caen, otros terminan con absoluciones, otros quedan congelados durante años. Pero el patrón político es reconocible: cuando la Justicia llega tarde, la casta ya tuvo tiempo de reacomodarse.
Pullaro, Enrico y el archivo Druetta: la sombra narco que incomoda al radicalismo del sur santafesino
En Santa Fe, además, el radicalismo tiene un capítulo especialmente sensible: el caso Alejandro Druetta.
Druetta, exjefe de Drogas Peligrosas en el sur provincial, fue condenado a 10 años de prisión por narcotráfico. La Justicia determinó que el hombre que debía combatir el negocio de la droga terminó formando parte de una organización dedicada justamente a ese delito. La condena fue ratificada y en 2026 obtuvo libertad condicional tras cumplir dos tercios de la pena.
No hay condena ni imputación contra Maximiliano Pullaro o Lisandro Enrico en esa causa. Ese punto debe quedar claro. Pero políticamente el archivo es incómodo: medios santafesinos publicaron que Druetta tenía vínculos, audios y cercanía con dirigentes del Frente Progresista, entre ellos Pullaro y Enrico, y que el entonces ministro Marcelo Saín llegó a hablar de una “estrecha protección” política sobre el exjefe policial.
En el mismo sur santafesino, el gobierno de Pullaro y el ministro Enrico impulsan ahora la nueva Ruta Provincial 96, que conecta la zona de Miguel Torres, Chovet y Venado Tuerto, con obras anunciadas sobre el empalme de las rutas 14, 93 y 96, allí donde vecinos denunciaban se hacían «encuentros» para repartir el dinero del negocio de la droga. La propia provincia informó la repavimentación de la Ruta 93 y el empalme de la Ruta 14 con la 96; y medios regionales detallaron que la primera etapa de la nueva traza parte del cruce de rutas 93 y 14.
No se puede afirmar judicialmente que esa obra esté vinculada al narcotráfico. Pero sí corresponde hacer preguntas políticas: por qué se prioriza una nueva traza, qué intereses territoriales toca, qué campos se valorizan, qué expropiaciones hubo, qué empresas participan, qué montos se adjudicaron y por qué el corredor vuelve a aparecer en una región marcada por viejas sospechas de connivencia policial y política.
La condena social no siempre espera a la condena penal. Y en el sur santafesino muchos saben que el poder, la obra pública, la policía y la política rara vez se mueven por caminos separados.
La hipocresía radical
Chiarella puede opinar sobre Adorni. Puede pedir explicaciones. Puede exigir transparencia. Lo que no puede hacer es fingir que habla desde un partido limpio.
El radicalismo no es un recién llegado a la política argentina. Es uno de los partidos más viejos del país y uno de los actores centrales de la decadencia nacional. Estuvo en gobiernos nacionales, provinciales, municipales, alianzas, frentes, coaliciones y repartos de poder. Gobernó, cogobernó, pactó, administró cajas, manejó municipios, provincias, universidades, ministerios, concejos, comunas y legislaturas.
Y cuando se revisa el archivo, aparecen condenados por peculado, administración fraudulenta, malversación, estafa, fraude al Estado, uso irregular de pauta oficial, desvío de fondos públicos y hasta narcotráfico.
Por eso el problema no es que Chiarella hable. El problema es que hable como si viniera de una fuerza política ajena a la casta que destruyó la Argentina.
La nueva sangre radical no parece haber venido a romper con las viejas mañas. Vino a maquillarlas. A ponerles lenguaje joven, redes sociales, videos prolijos y frases de ocasión. Pero detrás sigue el mismo esquema: cargos, rosca, cajas, negocios, aparato estatal y moral selectiva.
Radicales, socialistas y kirchneristas se parecen más de lo que quieren admitir: son el partido del Estado disfrazado de distintos colores. Cambian los sellos, cambian los slogans, cambian los candidatos, pero el mecanismo se repite.
Cuando gobiernan, administran cajas.
Cuando pierden poder, denuncian corrupción.
Cuando los investigan, hablan de persecución.
Cuando los condenan, se victimizan.
Y cuando aparece un gobierno que les toca los privilegios, salen como carroñeros a buscar cualquier pedazo de carne política para sobrevivir.
Chiarella quiso pegarle al Gobierno nacional por un caso en investigación. Pero antes de hablar de corrupción ajena, debería mirar el largo prontuario de su propio partido. Porque si de corrupción, cajas y condenados se trata, la UCR no está para dar clases: está para rendir cuentas.
