Orgullo y prejuicio en San Martín: la agresión silenciada a una libertaria
La batalla cultural argentina tiene un nuevo capítulo en San Martín. Una joven militante libertaria denuncia haber sufrido un ataque humillante en la Marcha del Orgullo 2023. Mientras la justicia avanza con inexplicable lentitud, el silencio –y la complicidad– de quienes suelen abogar por los derechos resulta ensordecedor. Un caso incómodo que expone la doble vara moral y enciende alarmas en la nueva Argentina liberal.
Del festejo al abuso: los hechos de la Marcha del Orgullo 2023
El 11 de noviembre de 2023, durante la cuarta Marcha del Orgullo LGBT+ en San Martín, ocurrió lo impensado. Yasmín, una joven militante de La Libertad Avanza, se había acercado con otros compañeros a la plaza central para repartir volantes del entonces candidato Javier Milei en plena campaña de balotaje. La recepción fue hostil: un grupo de participantes de la marcha comenzó a insultarla, la rodeó y le exigió que se retirara, llegando incluso a romperle los folletos. La tensión escaló rápidamente: le arrojaron agua y botellas, hasta que un manifestante –vestido solo con ropa interior y una remera– se acercó a Yasmín, meneando la cintura y acercando sus genitales y su cola a la altura de su rostro.
El agravio quedó registrado en video y se viralizó en las redes sociales, causando indignación. Diana Mondino, diputada nacional electa por entonces, condenó enfáticamente la agresión: “Esta joven fue víctima de violencia física y sexual explícita. Un hombre le pasó los genitales por su cara. ¿Dónde están los fantasmas del INADI, del Ministerio de la Mujer y las sororas para condenarlo?”, cuestionó, poniendo en evidencia un silencio atronador de los organismos oficiales. Incluso Javier Milei, candidato presidencial libertario, se hizo eco de lo sucedido, denunciando la violencia sufrida por su militante y señalando a seguidores del oficialismo como responsables del ataque. Paradójicamente, en una marcha supuestamente dedicada a la tolerancia y la diversidad, se había perpetrado un acto de odio y humillación contra una joven por el “delito” de pensar distinto
Justicia lenta y doble estándar de la casta y los organismos de derechos
Tras el incidente, Yasmín –respaldada por testigos y evidencia fílmica– radicó una denuncia penal contra Cristian Godoy García, el activista LGBT identificado como su agresor. Sin embargo, la búsqueda de justicia topó con obstáculos inesperados. En una primera instancia, el Juzgado de Garantías N°5 de San Martín sorprendió al sobreseer al acusado, alegando que en las imágenes no se constataba delito alguno, pese a lo explícito de la agresión. Solo la insistencia de un fiscal comprometido logró revertir esa decisión insólita: la fiscalía apeló y la Cámara ordenó elevar el caso a juicio oral. Pero las maniobras dilatorias continuaron: a horas de iniciarse el juicio –previsto inicialmente para el 21 de octubre de 2025– el Juzgado Correccional N°1 de San Martín suspendió la audiencia a pedido del fiscal Ricardo Romero, retrasando una vez más el proceso. Dos años después de los hechos, la causa aún no tuvo una resolución, un retraso difícil de justificar que incrementa la sensación de impunidad.
Peor aún, la reacción de la llamada “casta política” y de ciertos organismos de derechos humanos ha dejado un sabor amargo. Este caso expuso una evidente doble vara: si la víctima hubiera pertenecido a una minoría afín al progresismo y el agresor a las filas libertarias, la condena habría sido inmediata y unánime. En cambio, al tratarse de una libertaria agredida por un activista LGBT, reinan el silencio y las excusas. Ejemplos sobran:
- INADI (Instituto contra la Discriminación) –habitualmente vocal ante agresiones de tinte discriminatorio– no emitió ni un solo comunicado de repudio por este ataque sexual y político.
- El Ministerio de la Mujer y Diversidad guardó un silencio absoluto, pese a tratarse de violencia de género invertida (un varón atacando sexualmente a una joven mujer por su ideología).
- Varias organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBT que suelen enarbolar la defensa de las víctimas, en este caso brillaron por su ausencia e incluso se posicionaron del lado del acusado. De hecho, la Federación Argentina LGBT, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Innocence Project Argentina y la Asociación Pensamiento Penal solicitaron participar en el proceso como amicus curiae a favor de Godoy, movida que el fiscal intentó infructuosamente bloquear. Es decir, organismos que deberían velar por la justicia y la igualdad ante la ley, eligieron respaldar al agresor antes que a la víctima.
Esta respuesta dispar refleja hipocresía e intereses ocultos. Como señaló Mondino en su contundente mensaje, parece que “no hay derechos” para quienes no comulgan con la ideología predominante. La casta política progresista y ciertos autoproclamados defensores de los derechos humanos priorizan sus afinidades ideológicas sobre los principios de justicia universal. Cuando las denuncias provienen del “otro lado” de la grieta, su empatía desaparece. La vara moral se ajusta según la identidad política del agresor y de la víctima, socavando la credibilidad de estas instituciones.
La hora de la verdad: audiencia clave y mensaje de la Argentina liberal
Finalmente, luego de idas y vueltas, se espera que la justicia escuche a Yasmín. Este jueves 27 de noviembre, a las 9:00 AM, en el Juzgado Correccional N°1 de San Martín (Av. Eva Perón 2535), tendrá lugar la audiencia donde Cristian Godoy García deberá responder por el delito de abuso sexual simple que se le imputa. No es una audiencia cualquiera: es un termómetro para la sociedad argentina. Afuera del juzgado, dos visiones del país se harán presentes. Por un lado, grupos militantes LGBT y de izquierda han anunciado movilizaciones exigiendo la absolución de Godoy –han llegado a conformar el colectivo irónicamente llamado “Culo enjuiciado”, que denuncia una supuesta “criminalización de las identidades sexo disidentes” y reclama la absolución urgente del acusado. Por el otro lado, ciudadanos comunes y militantes libertarios observan con preocupación, preguntándose si finalmente se hará justicia o si prevalecerá la impunidad avalada por la corrección política. Yasmín, la víctima, tendrá que presentarse a declarar rodeada de quienes apoyan a su agresor, una situación tan insólita como intimidante. Es imperativo que no esté sola y que la verdad de los hechos prevalezca sobre cualquier operación militante.
Este caso trasciende a sus protagonistas individuales; se inscribe en el marco de la batalla cultural que vive la Argentina. En juego está un principio básico: la igualdad ante la ley, sin sesgos ideológicos. La nueva Argentina de impronta liberal, surgida del hartazgo social frente a décadas de impunidad selectiva, no puede tolerar este tipo de atropellos. La lección debe ser clara y contundente. La libertad y la justicia siempre estarán del lado de las víctimas, nunca de los victimarios, sin importar el color de su bandera. Quien agrede y viola los derechos de otro debe enfrentar las consecuencias de sus actos, sin privilegios ni excusas por pertenecer a tal o cual colectivo. Como bien ha afirmado la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, “el que las hace, las paga”. Esa frase, convertida en política de Estado, resume el anhelo de millones de argentinos: que por fin rija un Estado de Derecho sólido, donde la ley se aplique de forma pareja para todos.
El caso de Yasmín contra Godoy García es una prueba de fuego. De su desenlace dependerá, en parte, la confianza de la sociedad en que algo está cambiando de verdad. Que este jueves sea el día en que la justicia deje de mirar para otro lado. En la Argentina que renace, no habrá lugar para la hipocresía ni la violencia impune. La sociedad entera espera un mensaje inequívoco: nadie está por encima de la ley, y ninguna causa “justa” justifica cometer injusticias. Sólo así empezaremos a sanar las heridas de tanta grieta y a vivir, por fin, en libertad y en paz.
— Ecus
La libertad no se mendiga, se ejerce
