La deuda municipal de Santa Fe bajo la gestión de Poletti creció 59% y hay créditos millonarios sin utilizar
La Cuenta de Inversión 2025 de la Municipalidad de Santa Fe expone una situación que merece explicaciones antes de que el Concejo Municipal avance con el tratamiento del Presupuesto 2027. El cuerpo legislativo autorizó al Ejecutivo de Juan Pablo Poletti a contraer empréstitos por $2.000 millones destinados a la compra de flota y maquinaria. Sin embargo, esos préstamos no se tomaron ni en 2024 ni en 2025, aunque las adquisiciones igualmente se realizaron y al cierre del último ejercicio quedaron $1.384,9 millones devengados y sin pagar.
Una regla de la Ordenanza de Administración Financiera 10.610 sugiere que esa autorización pudo haber caducado al cierre de 2025. Al mismo tiempo, la normativa presenta una zona gris que permite financiar determinadas adquisiciones mediante proveedores, sin someter esas operaciones a los mismos controles previstos para los empréstitos autorizados por el Concejo.
El municipio recibió en 2024 autorización para endeudarse inicialmente por $700 millones, monto que posteriormente fue ampliado a $2.000 millones, con el objetivo de adquirir camiones, retroexcavadoras, una motoniveladora y otros equipos. La Cuenta de Inversión analizada muestra que no ingresó un solo peso por esa vía de financiamiento, pero las compras avanzaron igualmente. Al 31 de diciembre de 2025, se registraban $1.384.851.388,89 devengados y $0 pagados bajo esas autorizaciones.
El resultado es una paradoja —por no decir un dibujo— contable. El Concejo votó un préstamo con un monto máximo, plazos de 12 a 36 meses, tasas limitadas y destinos específicos. El Ejecutivo, en cambio, terminó financiando esas adquisiciones mediante crédito de proveedores, sin que aparezcan acreditadas las mismas condiciones de plazo y tasa.
Ese saldo integra el pasivo flotante municipal, que durante 2025 aumentó aproximadamente 59% nominal, hasta alcanzar los $26.903 millones, equivalentes al 81,5% de todo el pasivo municipal.
De los créditos autorizados a una deuda que quedó sin pagar
Para comprender lo ocurrido, resulta necesario reconstruir la secuencia de las decisiones adoptadas por el Concejo y el Ejecutivo.
La primera autorización fue otorgada mediante la Ordenanza 12.931, aprobada el 21 de febrero de 2024, que contemplaba un endeudamiento de hasta $700 millones. Su destino incluía cámaras de seguridad, camionetas, luminarias y garitas, con plazos de 12 a 48 meses y una tasa máxima equivalente a Badlar más 10 puntos.
Posteriormente, el 31 de octubre de 2024, el Concejo aprobó la Ordenanza 12.996, que elevó el monto permitido a $2.000 millones y modificó los destinos de los fondos. La nueva autorización contemplaba $1.170 millones para camiones, $320 millones para retroexcavadoras, $240 millones para una motoniveladora, $200 millones para camionetas, $50 millones para furgones y $20 millones para un tráiler.
Esta segunda norma establecía plazos de devolución de 12 a 36 meses y una tasa máxima vinculada con la Badlar corregida.
Finalmente, el 12 de diciembre de 2024, se aprobó la Ordenanza 13.006, correspondiente al Presupuesto 2025, que habilitó un endeudamiento de hasta $3.500 millones para maquinaria, vehículos y distintas obras municipales.
Esta última autorización sí fue utilizada: durante 2025 ingresaron $1.981 millones, que fueron devengados y pagados. En cambio, bajo las ordenanzas 12.931 y 12.996 no se percibieron fondos ni durante 2024 ni durante 2025.
La diferencia es sustancial. El artículo 25 de las autorizaciones permite contraer empréstitos ante bancos, cooperativas, inversores institucionales y entidades financieras. El artículo 29 limita expresamente el destino de los recursos, mientras que el artículo 31 permite reasignaciones siempre que se respeten los objetivos previstos. Además, se establecieron mecanismos de auditoría a cargo del Tribunal de Cuentas.
La modificación aprobada en octubre de 2024 no fue un simple trámite administrativo. El intendente había justificado la ampliación del crédito por la necesidad de capitalizar al municipio mediante una importante adquisición de maquinaria, y el Concejo acompañó el planteo con modificaciones. Incluso la oposición participó de aquella discusión.
Por eso, el problema no es quién autorizó el endeudamiento, sino cómo terminó utilizándose esa autorización.
La cronología contable resulta especialmente llamativa. El 30 de diciembre de 2024, mediante la modificación presupuestaria 719, se incorporaron recursos vinculados con las ordenanzas 12.931 y 12.996 por un total de $2.000 millones. Al día siguiente, la Cuenta de Inversión mostraba $1.793,5 millones comprometidos, pero $0 percibidos, devengados y pagados.
Durante 2025, la situación cambió parcialmente. Las compras vinculadas con esas autorizaciones registraron $1.384,85 millones devengados, pero continuaron con $0 percibidos y $0 pagados.
El 30 de diciembre de 2025, mediante la modificación presupuestaria 717, el Ejecutivo volvió a incorporar los recursos de ambas autorizaciones. Lo hizo apenas un día antes del cierre del ejercicio, fecha relevante para interpretar su eventual caducidad.
Aquí aparece una distinción fundamental: presupuestar un recurso no equivale a haberlo recaudado. Incorporar una línea de crédito al presupuesto no demuestra que el dinero haya ingresado a las arcas municipales ni que la autorización para endeudarse continuara vigente.
El artículo 33 de la Ordenanza 10.610 establece que las autorizaciones de gastos no previstos deberán especificar su fuente de financiamiento y que, si el recurso correspondiente no se recauda antes del cierre del ejercicio subsiguiente a su sanción, la autorización caducará.
La Ordenanza 12.996 fue sancionada en 2024. Bajo una interpretación literal de esa disposición, el ejercicio subsiguiente fue 2025 y el plazo terminó el 31 de diciembre de ese año, sin que el préstamo hubiera sido percibido.
Debe aclararse que esta posible caducidad constituye una interpretación jurídica que requiere ser examinada, ya que también podría sostenerse que el artículo 33 se refiere específicamente a autorizaciones de gastos ajenos al presupuesto. Sin embargo, la Ordenanza 12.996 modificó sustancialmente los montos y destinos originales, incorporando al menos $1.300 millones adicionales.
Si la autorización efectivamente caducó, cualquier operación de endeudamiento posterior fundada en ella debería analizarse a la luz del artículo 82, que exige autorización del Concejo, y del artículo 87, que establece consecuencias para las operaciones de crédito público realizadas en contravención de la normativa.
La deuda flotante creció 59% y abre nuevos interrogantes
La discusión no termina en los préstamos que no se utilizaron. El problema más amplio aparece al analizar la evolución del pasivo flotante, es decir, las obligaciones pendientes de pago que mantiene la Municipalidad.
Durante 2025, ese pasivo pasó de aproximadamente $16.924 millones a $26.903 millones, un crecimiento cercano al 59% nominal. Si se descuenta la inflación del período, del 31,5%, el incremento real ronda el 20,9%.
Los $1.384,85 millones correspondientes a las adquisiciones realizadas bajo las autorizaciones analizadas explican aproximadamente el 13,9% del aumento total. El resto, unos $8.595 millones, responde a otras obligaciones que también merecen ser examinadas.
Dentro del pasivo flotante, el rubro más importante corresponde a cuentas comerciales a pagar, que alcanzaron los $12.745 millones, equivalentes al 47,4% del total.
La Ordenanza 10.610 introduce aquí una cuestión relevante. Sus artículos 82 y 83 regulan el endeudamiento público bajo condiciones determinadas de monto, plazo y tasa, pero el artículo 80 excluye de la definición general de deuda pública a determinadas obligaciones del Tesoro.
Esta distinción abre una zona gris entre el endeudamiento formal y el financiamiento mediante pagos diferidos a proveedores.
Un préstamo autorizado por el Concejo debe respetar montos máximos, tasas, plazos, destinos específicos y auditorías. Una compra financiada mediante obligaciones comerciales puede quedar sometida a un tratamiento diferente, siempre que cumpla las condiciones previstas por la normativa.
En este caso, el mecanismo que surge de los registros es concreto: los bienes fueron adquiridos, los préstamos previstos no se tomaron y las facturas quedaron pendientes de pago.
No se puede afirmar, únicamente a partir de estos datos, que haya existido una operación ilegal. Pero sí corresponde preguntar por qué el Ejecutivo optó por este mecanismo, cuáles fueron las condiciones financieras acordadas con los proveedores y qué controles se aplicaron.
Hay además inconsistencias contables que deberían aclararse. La Cuenta de Inversión 2024 identifica una partida de $2.000 millones bajo el rótulo de un plan de desagües correspondiente a otra ordenanza, aunque el monto coincide con el límite de la autorización para maquinaria. En la Cuenta 2025 también aparecen diferencias entre páginas que informan la ejecución del préstamo de la Ordenanza 13.006.
El crecimiento del endeudamiento comercial tampoco parece ser una situación completamente imprevista. El Presupuesto 2025 contemplaba $18.446 millones en fuentes financieras, y la Cuenta de Inversión registra un monto equivalente en el concepto de incrementos de otros pasivos y cuentas a pagar.
Para 2026, el presupuesto volvió a incluir $28.968 millones bajo el concepto de incremento de otros pasivos, con el destino “Para Atender Desequilibrios Presupuestarios”, mientras que la partida de obtención de préstamos figuraba en $0. Esto representaba una previsión de crecimiento cercana al 57% respecto del monto anterior.
En otras palabras, el incremento de las obligaciones con terceros no aparece solamente como una consecuencia accidental de dificultades de caja, sino que también encuentra antecedentes en la propia planificación presupuestaria.
El problema adquiere mayor dimensión al observar las disponibilidades financieras. Al cierre de 2025, la Municipalidad contaba con aproximadamente $2.883 millones entre caja y bancos, frente a unos $23.728 millones de gastos corrientes y de capital devengados y pendientes de pago.
Es decir, las disponibilidades existentes cubrían apenas alrededor del 12% de esas obligaciones, mientras que el resto debía afrontarse mediante ingresos posteriores u otros mecanismos financieros.
Un desfasaje transitorio de caja puede ser habitual en cualquier administración, especialmente cuando los vencimientos de las obligaciones no coinciden con la recaudación de tributos. Sin embargo, cuando el pasivo flotante crece 59% en un año y el presupuesto siguiente contempla nuevos incrementos para atender desequilibrios, la explicación requiere mayor profundidad.
A este panorama se suman operaciones posteriores, como el préstamo de $1.061 millones del Banco Santa Fe, con garantía provincial, y un aporte reembolsable de $510 millones de la Provincia destinado a una planta asfáltica, registrados en octubre de 2026. Estos montos no forman parte de las cuentas de inversión analizadas, pero deberán considerarse al evaluar la situación financiera más reciente.
Antes de que el Concejo Municipal de Santa Fe avance con la discusión y aprobación del Presupuesto 2027, el Ejecutivo de Juan Pablo Poletti debería explicar por qué no utilizó los créditos autorizados para comprar maquinaria, bajo qué condiciones financió esas adquisiciones con proveedores y cuáles son las razones del considerable aumento del pasivo flotante.
También corresponde determinar si las autorizaciones originales continuaban vigentes, cuáles fueron las condiciones efectivas de financiación y cómo se garantizaron los mecanismos de control previstos por la normativa municipal.
El Concejo no debería limitarse a discutir cuánto pretende gastar la Municipalidad durante 2027 sin conocer antes cómo se financiaron los compromisos anteriores y por qué aumentó de manera tan significativa la deuda pendiente de pago.
La transparencia presupuestaria no consiste solamente en aprobar números futuros. También exige rendir cuentas sobre las decisiones pasadas, especialmente cuando los mecanismos utilizados pueden haber modificado las condiciones bajo las cuales el propio Concejo autorizó el endeudamiento municipal.
