Del discurso contra la precarización a Tribunales: una joven demandó al concejal peronista Mariano Romero por presunto trabajo en negro
Sara Nicole Marconi asegura que durante casi tres años manejó redes sociales, realizó coberturas y produjo contenido político para el dirigente del Movimiento Evita por $100.000 mensuales, sin registración, aportes, aguinaldo ni vacaciones. Romero niega haber sido su empleador y sostiene que se trataba de “militancia voluntaria”. Su defensa agregó un dato que abre otro interrogante: afirma que el dinero que recibía la joven provenía de subsidios del Concejo destinados a personas en situación de vulnerabilidad.
El concejal rosarino Mariano Romero, referente del Movimiento Evita e integrante del Bloque Peronista en el Concejo de Rosario, deberá enfrentar en noviembre una audiencia judicial por una demanda laboral que lo coloca frente a una incómoda contradicción con buena parte del discurso político que sostiene públicamente.
Sara Nicole Marconi, una joven de San Lorenzo, reclama $5.531.208 más intereses y costas y asegura que trabajó para Romero desde junio de 2023 hasta junio de 2026 realizando tareas vinculadas directamente con su actividad política y territorial. Según la presentación judicial, la relación nunca habría sido registrada. Romero rechaza íntegramente la acusación y sostiene que nunca existió un vínculo laboral.
El expediente tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral de la Tercera Nominación de Rosario, a cargo de María Silvia Albertti. La audiencia fue fijada para el próximo 6 de noviembre a las 9.30, por lo que será la Justicia la que deberá determinar si existió efectivamente la relación de dependencia denunciada.
Redes, fotos, videos y contenido político durante casi tres años
La descripción que Marconi realizó ante la Justicia está lejos de presentar una participación ocasional en alguna actividad militante. Según su demanda, desde el 29 de junio de 2023 realizaba manejo de redes sociales, fotografías, coberturas audiovisuales de actividades políticas y barriales y producción y edición de contenido relacionado con el Movimiento Evita Zona Oeste y con la actividad pública de Romero.
La joven afirma que trabajaba entre tres y cinco días por semana, incluyendo fines de semana, y que algunas jornadas podían alcanzar las doce horas. A cambio, sostiene, percibía alrededor de $100.000 mensuales y no cobraba horas extras, aguinaldo ni vacaciones, además de no tener aportes correspondientes a una relación laboral registrada. Todas esas afirmaciones forman parte de la demanda y fueron expresamente desconocidas por la defensa del concejal.
La acusación adquiere especial relevancia política porque Romero no es un dirigente ajeno al debate sobre las condiciones laborales. Es abogado, dirigente del Movimiento Evita y construyó buena parte de su trayectoria alrededor de la denominada economía popular y de la defensa pública de los derechos de los trabajadores. El sitio oficial del Concejo lo identifica actualmente como integrante del Bloque Peronista, mientras que su pertenencia al Movimiento Evita forma parte de su trayectoria política pública.
Romero había advertido sobre trabajadores “sin derechos plenos”
La contradicción resulta todavía más llamativa al revisar las intervenciones del propio edil.
En noviembre de 2025, durante un debate en el Foro Pyme del Concejo Municipal sobre la reforma laboral, Romero cuestionó expresamente la precarización. Según la crónica oficial del cuerpo legislativo, sostuvo que cerca del 50% de los trabajadores se encontraban sin “derechos plenos” y puso especial atención sobre quienes se desempeñaban en plataformas y dentro de la «economía popular».
Ahora es él quien debe responder ante la Justicia frente a una mujer que asegura haber realizado durante años tareas de comunicación política sin registración laboral y sin derechos elementales como aportes, vacaciones o aguinaldo.
Eso no convierte automáticamente la denuncia de Marconi en un hecho probado. Pero sí plantea una evidente tensión política entre el discurso de un dirigente que denuncia públicamente la precarización y la descripción de las condiciones que una excolaboradora asegura haber sufrido trabajando para su estructura política.
Telegrama, intimación y despido indirecto
El conflicto llegó a su punto de ruptura durante este año.
Marconi envió un telegrama a Romero el 5 de mayo de 2026 reclamando que regularizara su situación. Según consta en la reconstrucción del expediente, el concejal rechazó la existencia de la relación laboral y la joven terminó considerándose despedida el 12 de junio.
Para sostener su versión, presentó ante la Justicia capturas de conversaciones de WhatsApp, comprobantes de transferencias, telegramas e imágenes correspondientes a las actividades que afirma haber cubierto. Será el juzgado el encargado de analizar ese material y determinar qué valor probatorio tiene.
La demanda fue admitida a trámite el 22 de junio. Posteriormente, una providencia del 24 de agosto fijó la audiencia de noviembre y ordenó a la parte demandada presentar documentación vinculada con el caso.
La defensa de Romero: “militancia voluntaria”
La respuesta del concejal también tiene implicancias políticas.
Romero, patrocinado por el abogado Manuel Villafañe, pidió que la demanda sea rechazada en su totalidad. Reconoció que Marconi había participado en tareas de comunicación, redes sociales y difusión vinculadas con el Movimiento Evita, pero negó que lo hiciera como empleada.
Según su versión, esas tareas formaban parte de una participación militante voluntaria y no remunerada.
El edil también negó haberle fijado horarios, impartido órdenes en calidad de empleador o abonado un salario. Esa será una de las cuestiones centrales que deberá esclarecer el juicio: si las actividades de Marconi fueron verdaderamente militancia política voluntaria o si, por su habitualidad, tareas, contraprestación económica y eventual subordinación, configuraron una relación laboral.
La frontera no la determinarán ahora los discursos partidarios, sino las pruebas incorporadas al expediente.
El dato más delicado de la defensa: los $100.000 habrían sido subsidios sociales
Pero la contestación de Romero incorpora otro elemento que probablemente termine siendo uno de los aspectos más sensibles del caso.
El concejal sostiene que los pagos cercanos a $100.000 que recibía Marconi no eran salarios, sino dinero proveniente del Concejo Municipal de Rosario en concepto de subsidios destinados a personas en situación de vulnerabilidad. Su defensa solicitó oficialmente que el cuerpo legislativo informe si la joven fue beneficiaria, cuándo recibió los fondos, cuáles fueron los montos y cuál era la finalidad administrativa de esas partidas.
El argumento puede ser relevante para su estrategia judicial, pero al mismo tiempo abre un interrogante político inevitable.
Si Marconi participaba regularmente de la comunicación y difusión de una organización política y del propio concejal, mientras simultáneamente recibía fondos públicos que la defensa caracteriza como ayudas por vulnerabilidad social, será necesario conocer con precisión cuál era la finalidad de esos subsidios, qué documentación respaldó su otorgamiento y por qué coincidían con los aproximadamente $100.000 mensuales que la demandante identifica como su remuneración.
Eso no permite concluir, por sí solo, que haya existido una utilización irregular de fondos públicos. Pero transforma un litigio estrictamente laboral en un asunto que también merece transparencia sobre el origen y la finalidad del dinero.
Del Movimiento Evita al reclamo de una trabajadora
La causa golpea en un punto particularmente sensible para la identidad política de Romero.
Antes de llegar al Concejo, el actual edil construyó su perfil como militante social del Movimiento Evita, con participación en cooperativas, organizaciones territoriales y espacios relacionados con trabajadores de la economía popular. Durante su campaña de 2023 se presentaba precisamente como un dirigente surgido del trabajo barrial y centraba buena parte de su propuesta en representar a sectores vulnerables.
También integró espacios del Concejo desde los cuales cuestionó políticas que, a su entender, perjudicaban a trabajadores y reclamó reiteradamente mayores niveles de protección estatal. Incluso recientemente volvió a cargar contra el Gobierno nacional y la Municipalidad por el costo del transporte y su impacto sobre los salarios.
Por eso la demanda tiene una dimensión política que excede los $5,5 millones reclamados.
Quien construyó su discurso alrededor de los derechos laborales tendrá que explicar ante un tribunal por qué una joven que participó durante casi tres años de las tareas de comunicación de su espacio asegura que lo hizo sin ninguno de los derechos que el propio concejal reclama para otros trabajadores.
La Justicia tendrá la última palabra
Hasta el momento no existe una sentencia contra Mariano Romero. El concejal niega la relación laboral, Marconi sostiene lo contrario y el expediente recién deberá atravesar las instancias probatorias correspondientes.
La presunción de inocencia y el derecho de defensa obligan a mantener esa diferencia con claridad: una demanda no equivale a una condena, y será la Justicia laboral la que deberá establecer cuál de las dos versiones está respaldada por las pruebas.
Pero la discusión política ya está instalada.
Por un lado aparece la versión de una joven que asegura haber trabajado durante años en redes, fotografías, videos y comunicación política sin registración. Por el otro, un concejal del Movimiento Evita que sostiene que todo aquello era simplemente militancia voluntaria, mientras afirma que los pagos recibidos por la demandante eran en realidad subsidios públicos por vulnerabilidad social.
La audiencia del 6 de noviembre comenzará a ordenar judicialmente esas contradicciones. Y para un dirigente que hizo de la defensa de los trabajadores y de la lucha contra la precarización una parte central de su identidad pública, el expediente representa bastante más que un reclamo laboral: pone bajo examen la coherencia entre aquello que predica desde su banca y aquello que, según la demanda, habría ocurrido dentro de su propio espacio político.
