Malvinas: Milei llevará al Reino Unido ante el Tribunal del Mar para frenar el avance petrolero de Sea Lion
Venció el ultimátum de dos semanas que la Argentina le impuso a Londres y la Cancillería prepara una presentación ante el tribunal internacional de Hamburgo. El Gobierno busca medidas provisionales para frenar el desarrollo del yacimiento, cuya producción está prevista para 2028, y defender los derechos argentinos sobre los recursos del Atlántico Sur.
El Gobierno de Javier Milei avanza hacia una nueva instancia de presión diplomática y jurídica contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Tras vencer el plazo de dos semanas que la Argentina otorgó a Londres para detener las actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, la Cancillería prepara una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania.
La iniciativa busca obtener medidas provisionales que impidan el avance del emprendimiento mientras se tramita un arbitraje internacional. Según fuentes oficiales citadas por Infobae, el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno, trabaja junto con la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Sebastián Amerio, para completar los fundamentos jurídicos del pedido, que podría formalizarse durante esta semana.
La decisión representa un nuevo capítulo de la estrategia impulsada por Milei para defender los intereses argentinos en el Atlántico Sur. El objetivo inmediato es evitar que la explotación de un recurso natural no renovable avance mientras continúa pendiente la controversia de soberanía entre ambos países.
Pablo Quirno en X:
La estrategia integral impulsada por el Presidente
@JMilei para defender nuestros recursos en la Plataforma Continental argentina está generando resultados concretos. En un hecho sin precedentes, la República Argentina solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que tome medidas provisonales para que el Reino Unido cese las acciones unilaterales en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas. Nuestro país solicitó al Tribunal que el Reino Unido:
- Impida el inicio o la continuación de la explotación de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de Malvinas por parte del denominado proyecto “Sea Lion”.
- Se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en perjuicio de los derechos de la República Argentina.
- Cese de impedir que la República Argentina cumpla con su obligación, en virtud de los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR, de proteger y preservar el medio marino de las áreas marítimas objeto de la controversia.
- Se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia, en particular, el otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa. Reiteramos una vez más nuestro compromiso con el diálogo, la diplomacia, el derecho internacional, e invitamos al Reino Unido a retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, tal como lo establecen las resoluciones de las Naciones Unidas.
Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas.
El ultimátum venció y la Argentina prepara su ofensiva judicial
El 28 de septiembre, la Oficina del Presidente comunicó la intimación al Reino Unido y advirtió que, si no frenaba las actividades petroleras, la Argentina recurriría a una instancia internacional. El propio Milei fue contundente en sus redes sociales: “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.
El plazo concluyó este lunes 12 de octubre sin que Londres modificara su posición. El Gobierno británico sostiene que las actividades desarrolladas en las islas se ajustan a su interpretación del derecho internacional y a las normas que aplica en el archipiélago.
Frente a esa respuesta, la administración argentina se prepara para avanzar con el procedimiento anunciado. La estrategia combina la vía diplomática con herramientas jurídicas internacionales, con el propósito de cuestionar las actividades hidrocarburíferas autorizadas unilateralmente por las autoridades isleñas.
En la preparación técnica interviene la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, encabezada por el embajador Mario Oyarzábal, con experiencia en litigios internacionales. Resta completar las instrucciones a los abogados que representarán al país y determinar si se incorporará asesoramiento jurídico externo.
Qué busca conseguir el Gobierno ante el Tribunal del Mar
La presentación no pretende que el tribunal de Hamburgo determine a quién pertenecen las Islas Malvinas. La cuestión central es otra: establecer si corresponde adoptar medidas urgentes para preservar los derechos invocados por la Argentina sobre los recursos marítimos mientras se desarrolla el procedimiento arbitral.
El Gobierno buscará respaldar su posición en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), en las resoluciones de Naciones Unidas sobre la controversia de soberanía y en la necesidad de evitar cambios unilaterales que puedan producir consecuencias difíciles de revertir.
La Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1965, reconoció la existencia de una disputa entre la Argentina y el Reino Unido e instó a ambos países a negociar una solución. A su vez, la Resolución 31/49, de 1976, llamó a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras continuaban las negociaciones.
En ese marco, la Argentina procurará argumentar que la extracción de petróleo y las perforaciones submarinas pueden generar efectos irreversibles sobre recursos que no se regeneran en escalas temporales humanas. También podría invocar el artículo 83.3 de la CONVEMAR, referido a las obligaciones de los Estados mientras está pendiente la delimitación de una plataforma continental.
La solicitud, sin embargo, no suspenderá automáticamente las actividades de Sea Lion. Los jueces deberán evaluar si se cumplen las condiciones procesales, si existe urgencia y si el tribunal tiene competencia preliminar para intervenir.
Un arbitraje que puede llevar años y una instancia de urgencia
El procedimiento de fondo se encuadra en el Anexo VII de la CONVEMAR, que prevé la constitución de un tribunal arbitral de cinco integrantes para resolver controversias relativas a la interpretación o aplicación de la Convención.
Como la Argentina y el Reino Unido no coinciden en el mecanismo jurisdiccional que prefieren, la controversia deberá tramitar por arbitraje. La constitución del tribunal, el intercambio de presentaciones y las audiencias pueden extenderse durante años.
Por eso, el Gobierno apunta a una vía provisional contemplada en el artículo 290.5 de la Convención, que permite recurrir al Tribunal del Mar antes de que
