Malvinas: terminó el alegato ante el Tribunal del Mar para frenar la explotación petrolera y la Argentina espera el fallo
Argentina reclama la suspensión del proyecto Sea Lion, que prevé comenzar las perforaciones en 2027. Se espera una resolución internacional en los próximos días.
El Gobierno de Javier Milei avanza con una ofensiva diplomática y judicial contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La Argentina presentó sus argumentos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, para reclamar la suspensión del proyecto petrolero Sea Lion, que contempla la extracción de recursos naturales en una zona cuya soberanía es reivindicada históricamente por nuestro país.
Las audiencias se desarrollan entre el 10 y el 11 de noviembre, con la participación de representantes de ambos gobiernos. La segunda jornada está dedicada a las exposiciones finales de las delegaciones, antes de que los magistrados comiencen a evaluar si corresponde adoptar medidas provisionales para impedir el avance del emprendimiento británico.
La estrategia argentina busca evitar que las compañías involucradas consoliden actividades de explotación petrolera mientras permanece abierta la controversia sobre los derechos de ambos países en el Atlántico Sur.
La solicitud fue presentada formalmente el 13 de octubre de 2026, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El Gobierno nacional considera que permitir la extracción unilateral de hidrocarburos podría comprometer derechos argentinos y provocar consecuencias irreversibles sobre recursos naturales no renovables.
El presidente Javier Milei siguió desde Buenos Aires el desarrollo de las audiencias y expresó su satisfacción por el trabajo de la delegación argentina. En un mensaje dirigido a integrantes de su gabinete, el mandatario destacó: “Laburamos sobre los temas de Malvinas como nadie en la historia”.
Argentina exige frenar el proyecto Sea Lion y proteger los recursos naturales
El centro de la controversia es Sea Lion, un proyecto petrolero ubicado aproximadamente a 198 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en un bloque de unos 541 kilómetros cuadrados de la cuenca norte del archipiélago.
El emprendimiento es impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, dos compañías que proyectan desarrollar una explotación de hidrocarburos durante aproximadamente 35 años, mediante la perforación de 23 pozos.
Según la planificación empresarial, las actividades de perforación comenzarían durante 2027, mientras que la producción comercial está prevista para 2028. Las autoridades argentinas consideran que el avance de estas operaciones podría generar daños difíciles de revertir, especialmente porque el petróleo constituye un recurso natural que no puede recuperarse una vez extraído.
Durante las audiencias, la representación nacional sostuvo que las actividades británicas deben analizarse a la luz de las obligaciones internacionales asumidas por ambos países. En particular, invocó la existencia de una controversia de soberanía reconocida por Naciones Unidas y la necesidad de evitar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras continúa el conflicto.
La presentación argentina también incluyó argumentos ambientales relacionados con los riesgos de posibles derrames y las dificultades operativas para responder ante eventuales accidentes en el Atlántico Sur.
En respuesta, el Reino Unido rechazó los argumentos de Buenos Aires y cuestionó la competencia del Tribunal del Mar para intervenir en el caso. Londres sostiene que la controversia está vinculada fundamentalmente con la soberanía territorial sobre las islas, cuestión que considera ajena a la jurisdicción del organismo en este procedimiento.
La delegación británica también aseguró que las perforaciones no comenzarían antes del 21 de marzo de 2027 y que la producción efectiva no se iniciaría hasta 2028, por lo que cuestionó la urgencia de las medidas solicitadas por Argentina.
Milei apuesta al derecho internacional para defender la soberanía argentina
La delegación nacional estuvo encabezada por Mario Oyarzábal, agente argentino ante el tribunal, junto con María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, y la embajadora argentina en Alemania, Bettina Pasquali de Fonseca.
También participaron funcionarios de la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación, además de especialistas internacionales en derecho del mar y soberanía sobre recursos naturales, entre ellos Nico Schrijver, Marcelo Kohen y Agustín Giustiniani.
La participación de estos profesionales permitió desarrollar una argumentación destinada a demostrar que el reclamo argentino se encuentra relacionado con obligaciones específicas de la Convemar y no requiere que el tribunal resuelva directamente la cuestión de soberanía sobre las islas.
El procedimiento tiene una particularidad jurídica. Mientras el Reino Unido eligió a la Corte Internacional de Justicia como mecanismo para determinadas controversias bajo la Convemar, la Argentina optó por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Al no coincidir los mecanismos elegidos, el conflicto de fondo deberá tramitarse mediante un arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención.
Por ese motivo, la intervención actual del tribunal de Hamburgo está limitada a determinar si corresponde conceder medidas provisionales mientras se constituye el órgano arbitral que deberá examinar la controversia.
El Gobierno argentino pretende que se dispongan restricciones sobre las actividades vinculadas con Sea Lion para impedir que la explotación avance antes de que se resuelvan las cuestiones jurídicas pendientes.
Una decisión favorable podría obligar al Reino Unido a suspender determinadas operaciones petroleras, mientras que una resolución parcial podría establecer condiciones o restricciones específicas. También existe la posibilidad de que los jueces rechacen el pedido argentino si consideran que no se cumplen los requisitos para ordenar medidas cautelares.
El pronunciamiento podría conocerse durante los próximos días, con el viernes 13 de noviembre como una de las fechas estimadas, aunque el tribunal todavía no confirmó oficialmente cuándo dará a conocer su decisión.
La controversia adquiere además una dimensión diplomática por la visita de la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, a las Islas Malvinas el 9 de noviembre, coincidiendo con el comienzo de las actividades judiciales en Hamburgo.
Con esta presentación, el Gobierno de Javier Milei busca defender los derechos argentinos sobre los recursos naturales del Atlántico Sur mediante los mecanismos jurídicos internacionales disponibles.
A la espera del pronunciamiento del Tribunal del Mar, la Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, mientras procura impedir que nuevas actividades económicas unilaterales comprometan sus derechos en la región.
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